El Ministerio de Energía y Minas analiza desdoblar los cortes de los combustibles de origen fósil, según las diferentes características que presentan los potenciales usuarios domésticos.

Actualmente, la nafta para los autos debe llevar obligatoriamente 10% de biodiésel (soja) y el gasoil para vehículos con motor diésel de particulares, de carga y pasajeros, el 12% de bioetanol (maíz, azúcar).

En un reciente congreso especializado se habló de diferenciar los cortes según para que sea: llevar al 20% de biodiésel los 3,3 millones de metros cúbicos al año de gasoil que consume la maquinaria agrícola, el mismo porcentaje para otros 2 millones de metros cúbicos que se utilizan para generación eléctrica y otro tanto para el transporte público, que es el que más gasta.

Las pymes que abastecen a los surtidores regionales y a las usinas termoeléctricas serían las principales beneficiarias En San Pablo, Brasil, los autobuses funcionan con 20% de etanol mezclado con los combustibles fósiles.

Para sostener el crecimiento de la industria, es necesario aumentar el corte obligatorio (hoy en 10%) y buscar nuevos nichos de mercado.

Quizás haya sido la conclusión del simposio que acaba de organizar la firma Evonik, la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno y la consultora PwC de que la industria argentina del biodiesel depende más que nunca del mercado interno lo que determinó al Ministerio de Energía a meter mano en los precios internos del biodiésel y el bioetanol, tal como venían reclamando hace varios meses, sobre todo, las pymes que abastecen a las refinerías para hacer los cortes con las naftas que marca la ley y el propio titular de la cartera, Juan José Aranguren, había desestimado al principio.

Más de 150 asistentes al cónclave, entre funcionarios públicos empresarios, cámaras empresariales y asociaciones diversas, profesionales interdisciplinarios especialistas en bioenergía, que abordaron la agenda de la cadena de valor del biodiesel aseguraron estar en condiciones de aumentar la participación del biodiesel en el transporte, agro y generación eléctrica, estableciendo a mediano plazo un contenido de este biocombustible del 20% (B20) en el gasoil mineral, partiendo a corto plazo de un nivel del 12 % de biodiesel –B12-, y siguiendo en la transición hasta llegar al objetivo final, con un contenido del 15% (B15), según publica www.javierpreciadopatiño.com/

Dejarse estar con las decisiones por tribulaciones en torno de intereses tan contradictorios en materia energética como los que enfrenta a petroleros y cerealeros y, dentro de estos últimos, a grandes corporaciones internacionales versus pymes regionales, congeló una problemática social que mantenía inactivas las plantas y 2.500 trabajadores en la calle, según fuentes sindicales.

Claro que le quedó pendiente, todavía, dar respuesta a las demandas de los consorcios cerealeros que exportan el insumo verde desde sus polos industriales con la proa puesta hacia los puertos del río Paraná, para que, ya eliminado el cepo cambiario, el gobierno les baje las retenciones.

Tampoco se trata de un tema menor para las economías regionales, porque aproximadamente el 43% del total producido de soja, colza y girasol recala en las compañías petroleras con el fin de cumplir con el corte obligatorio con gasoil (“b7”).

Una pequeña parte (6% aproximadamente) se destina a la producción de energía eléctrica, mientras que el saldo (51%) se exporta, ya sea a través de terminales portuarias propias de las empresas o bien vía terminales de terceros.

La política tiene sus bemoles

La primera campaña institucional que estrenó el gobierno debería haber inspirado un retiro espiritual para los propios gerentes avenidos a funcionarios, para mostrarles el mensaje presidencial de que “todo es posible juntos”, en el que se muestra la cantidad de actores que intervienen en la cadena productiva para elaborar algo tan simple como una empanada.

Es que les cuesta a los ministros que vienen de altos cargos ejecutivos en la actividad privada entender que la política es el arte de manejar la frazada corta, con pacientes tomas y dacas con los que no están acostumbrados a alternar en las rutinas de las grandes empresas privadas.

Quien más está pagando el precio de una adaptación interplanetaria como ésta, inclusive con amagues de renuncia dando vueltas por la Casa Rosada, es el ex Ceo de Shell, Aranguren.

Su dificultad mayor de comprensión no se refiere a las implicaciones de que la energía brote de los fósiles enquistados en las piedras, o de los deshechos vegetales, como la soja, el maíz y la caña de azúcar, sino acerca de la composición socioeconómica de los productores.

Al asumir, él se encontró con una treintena de grandes cerealeras y aceiteras asentadas sobre el río Paraná y en Córdoba, orientadas a la exportación de los biocombustibles, y en la otra vereda, otra treintena de pequeñas y medianas refinerías, diseminadas por recónditos lugares del interior, apuntando hacia las economías regionales. Unas, porque Europa les había bajado la barrera hacía rato, y encima esperaban una devaluación del peso, y las otras porque los costos internos las tornaban antieconómicas, lo cierto es que vinieron dejando un tendal de despidos en el centro y sur del país.

Sin haber visto el spot de su actual jefe, Aranguren se habrá sentido una suerte de Tupac Amaru,
con sus ex colegas de la industria petrolera susurrándole que no subiera el precio interno y a sabiendas de que muchos, incluida la propia YPF, no respetaban el corte obligatorio con el bioetanol del 10% que regía hasta hace poco para las naftas, con los poderosos cerealeros reclamando que se baje la retención del 40% a las exportaciones y con las pymes pidiendo mejora en el precio que les pagan las refinadoras por el combustible verde que entregan como condición para reabrir las plantas.

Una foto actualizada de la industria de los biocombustibles en la Argentina muestra una capacidad de producción de 4,6 millones de toneladas, divididas en 3,5 millones emanadas de los grandes establecimientos (orientados a la exportación y concentrados sobre el Paraná) y 1,1 millón de pequeñas y medianas plantas dispersas por todo el país.

Pero la realidad es que el corte obligatorio de las naftas creado por la Ley N°26.093 absorbe unas 900.000 toneladas contra, por primera vez en 2015, un volumen de la exportación que rondó las 800.000 toneladas.

De este modo, el ministro salió del intríngulis y aumentó 2,9 % el biodiesel (de soja), 8,2% el bioetanol (de maíz) y 11,25% (el de caña de azúcar).

En consecuencia, el primero se fue a $12.020 la tonelada para la mediana empresa y para la pequeña, $12.163. En el bioetanol, el precio del litro del biocombustible a base de maíz creció de $10,37 a $11,29 y el de caña de azúcar saltó de los $11a $12,45 por litro.

La medida conformó, en parte, a los abastecedores del mercado interno y disgustó al polo sojero exportador de biodiesel, ya que este mes las alícuotas de derechos de exportación subieron del 3,65% al 3,96% cuando, dado el cuadro internacional de precios bajos del barril de crudo y el cierre del mercado europeo, no sólo exigían una reducción de las retenciones al 0% fija, tal como sucede en otras esferas de la producción, sino que continúan solicitando que el ritmo de publicación de las alícuotas deje de ser mensual y pase a variar en un plazo mínimo de 3 meses, de acuerdo con el cierre de los contratos de embarcaciones del biocombustible.

No hay que olvidar que, pese a que el mercado internacional no está pasando por el mejor momento, al ser Argentina el productor mundial N°1 de aceites vegetales con coeficiente exportador, los biocombustibles se tornaron estratégicamente necesarios para producir más alimentos en Argentina: proteína vegetal para su transformación en proteína animal y/o consumo humano (a más biocombustible, más alimento).

De esta forma, durante la última década, Argentina desarrolló un polo agroindustrial en la zona de Santa Fe y Córdoba con una inversión privada estimada en US$ 4.000 millones. El país llegó a ser el principal productor mundial de biocombustible. Hoy está en el 3er. lugar detrás de USA y Brasil.

La mala noticia es que, según la Cámara de Biocombustibles, las exportaciones caerán este año un 39%.

Afuera es noche y llueve tanto…

Lejos está la euforia que sobrevinieron a aquellas primeras exportaciones de biodiesel que se llevaron a cabo a partir de 2007, y con la entrada en vigencia de la Ley N°26.093 –que acaba de cumplir una década desde su sanción en 2006, al tiempo que ahora transcurrió una década desde su promulgación-, se logró construir una importante oferta de este producto para abastecer al mundo y a la Argentina, con inversiones de más de US$ 1.200 millones.

Luis Ferreira Alvarez, de la consultora Strata, explicó en el reciente congreso que “la Unión Europea ha cambiado el foco en su política sobre biocombustibles y ahora aparece más concentrada en los de segunda generación, aplicando sobre los de primera generación que importaba, trabas arancelarias y paraancelarias”.

Subrayó que “primero fue el biodiesel de los EE.UU. y luego el de la Argentina e Indonesia. Aún tras haber ganado el panel ante la OMC, la Argentina ha perdido el abastecimiento de ese mercado por al menos 3 años (2014, 15 y 16). Por otra parte, la nueva normativa exige que los biocombustibles reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero en al menos un 35% hasta el 31 de diciembre de este año y de ahí en más, el 50%”.

Aclaró que, en este sentido, la Argentina demostró que el biodiesel de soja reduce la emisión de GEI en por lo menos 56%, versus el 31% que por defecto le aplicó la UE, hace ya varios años.
A lo que Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), acotó que la UE no se ha dado ni por enterada de estos hallazgos de base científica.

Al desinterés europeo se le suma la caída del precio del petróleo que le restó al biodiesel argentino la posibilidad de llegar a mercados de conveniencia (para sustituir gasoil) como los de África.

Asia, en cambio, es el mercado que pinta como más dinámico. Sin embargo ahí tallan fuerte como proveedores Indonesia y Malasia, con el biodiesel obtenido de aceite de palma.

Así las cosas, en 2015 quedaron como únicos mercados EE.UU. y Perú, aunque este último -a imagen y semejanza de Europa– lleva un proceso antidumping contra el producto argentino.

En este contexto, la mirada de la industria se posa sobre el mercado interno, que como bien señaló Juan Facciano, miembro fundador de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), y director del Establecimiento El Albardón S.A., surge de la decisión política a través del corte obligatorio.

Se trata de una treintena de plantas que están proveyendo el 60% del corte obligatorio, y que son empresas de capitales nacionales.

“En muchos casos son la única industria de magnitud que hay en los pueblos donde están asentadas”, destacó el expositor.

Facciano destacó que el gobierno del presidente Macri haya continuado las políticas precedentes, como mantener exento al biodiesel de algunos impuestos que le restaban competitividad frente al gasoil importado. Pero, para sostener el crecimiento de la industria, señaló, es necesario aumentar el corte obligatorio (hoy en 10%) y buscar nuevos nichos de mercado.

La actualidad y perspectivas de las políticas públicas en materia de energías renovables en Argentina, con foco en el desarrollo de los biocombustibles en general, y del biodiesel en particular, fueron examinadas por funcionarios nacionales provinciales, como Carlos Gentile, subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Mariano Lechardoy, subsecretario de Bioindustria, Secretaria de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación; Pablo Popik, subsecretario de Comercialización y Refinación, Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación; y Leonardo Sarquis, ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. La moderación estuvo a cargo de Mariano Tomatis, socio a cargo de Agronegocios de PwC Argentina.

Fuente: Urgente 24