Tal parece ser el camino adoptado por los mercados compradores de agroalimentos para persistir en el proteccionismo. El caso de los biocombustibles.Foto: arte tapa, Silvina Segu.

Las normas ambientales al comercio están avanzando a paso firme, con claras consecuencias para el comercio de bienes argentinos.

Según Gustavo Idígoras, ex agregado agrícola ante la Unión Europea, los requisitos ambientales se pueden diferenciar en dos grupos: los oficiales y gubernamentales, y los denominados standards privados.

«Los primeros nacen de una decisión de los países del mundo en trabajar para reducir los efectos del cambio climático. El protocolo de Kyoto es el ámbito multilateral donde todos los países discuten los distintos compromisos y obligaciones que tienen para reducir los gases de efecto invernadero (GEI), que afectan a todos los países», sintetizó Idígoras.

Se prevé que en las próximas reuniones multilaterales se incluya a la agricultura en las discusiones. «Esto significa que todos los sistemas de producción agropecuarios deberán cumplir con pautas ambientales para dar respuesta a obligaciones de reducción de GEI», dijo Idígoras.

Mientras tanto, y en forma paralela, algunos países desarrollados ponen en práctica requisitos ambientales en forma individual. Este es el caso de la Unión Europea, los Estados Unidos, Suiza, Japón, Australia y Nueva Zelanda. «Las políticas comerciales domésticas de carácter ambientalista se están transformando en las nuevas barreras paraarancelarias para las cuales debemos estar preparados», señaló Alonso Ferrando, director de proyectos del Instituto de Estrategia Internacional de la Cámara de Exportadores.

Los países desarrollados incorporaron exigencias de producción y etiquetado ecológico. Por ejemplo, la «Huella de Carbono», un indicador que cuantifica las emisiones de GEI en todo el ciclo de producción de un bien hasta la góndola, y que se incluye en la etiqueta.

A la vez, el ecoetiquetado ya se demanda en varias cadenas de supermercados en los países de la Unión Europea, mercado que impulsa un esquema unificado para sus 27 estados.

Por otra parte, Estados Unidos incorporaría castigos a los diferentes productos según su grado de emisión de GEI a través de impuestos a la importación.

Además, algunos supermercados del Reino Unido exigen el concepto de food miles para los limones argentinos, las peras y manzanas y la carne de cordero patagónico. O sea que, estos productos deben identificar los kilómetros de transporte recorridos hasta llegar a destino.

«Hoy hay un fuerte desarrollo de standards de sanidad, calidad y ambientales por parte de las grandes cadenas de supermercados de los Estados Unidos y particularmente de las europeas», comentó Idígoras.

Por lo tanto, si un producto cumple con los requisitos impuestos por un país, sólo tendrá asegurada la posibilidad de descargar su mercadería en destino, pero no su venta. Más aún si se tiene en cuenta que las cadenas de supermercados representan entre el 60 y el 70% del poder de compra de alimentos frescos en Europa y los Estados Unidos.

Los supermercados visualizan que su credibilidad y sus ganancias se basan en la posibilidad de reducir o eliminar el riesgo de contaminación por un producto adquirido en su cadena, y como la mayoría de ellos cotiza en bolsa, el riesgo de contaminación automáticamente afecta sus acciones.

Para evitarlo, transfieren la responsabilidad al productor a través de standards privados en los que los Estados no intervienen.

«De esta forma, se genera una relación contractual extremadamente débil para el productor, que no tiene capacidad de negociación, y hoy los standards privados son las principales barreras al comercio», dijo Idígoras.

Los expertos consideran que en los próximos años, esta tendencia se generalizará y cubrirá todos los productos que puedan poner en riesgo la salud. «Seguramente, hasta los vinos podrían incluirse en el universo de productos afectados, y de esta forma se cubriría en forma plena todo el universo de productos agropecuario», destacó Idígoras.

Sin embargo, quizás el tema más complejo sea el de la metodología utilizada para medir el ciclo de vida de un producto, y su emisión de GEI. La metodología determinará en un futuro si un producto es más o menos crítico y el etiquetado que le corresponda. Es decir, establecerá si un producto puede ingresar a un mercado o no.

El caso de los biocombustibles

Sólo como ejemplo, la Argentina tendría que realizar e implementar sistemas de certificación para mantener un mercado de exportación de US$ 1000 millones de biodiésel con destino a la Unión Europea antes del 1º de enero de 2011 de acuerdo con las nuevas exigencias en cuanto al nivel de reducción de gases efecto invernadero que estos biocombustibles producen.

En abril de 2009, el Parlamento y el Consejo Europeo sancionaron la directiva 28/2009, el marco para el fomento de la bioenergía en los países que integran la Unión Europea. Esta norma fija objetivos nacionales para el uso de energía proveniente de fuentes renovables para el transporte. Pero además, establece ciertos parámetros de sostenibilidad de los biocombustibles a utilizar. Uno de estos parámetros señala que la reducción de emisiones de gases que causan efecto invernadero derivada del uso de biocombustibles debe ser, como mínimo, del 35% en relación al uso de combustibles fósiles.

Sin embargo, según los cálculos realizados por la Unión Europea, el ahorro de los biocombustibles derivados de la soja es del 32%. Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de la directiva, este combustible proveniente de la Argentina deberá poder demostrar que los valores son superiores para continuar formando parte de la matriz energética europea, afectando la continuidad de las exportaciones argentinas de ese producto a la UE que en 2009 superaron el millón de toneladas, por un valor superior a los US$ 900 millones.

Con el fin de solucionar estas diferencias, una delegación argentina integrada por representantes del Ministerio de Agricultura, el INTA y la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) viajó a Ispra, Italia para mantener una reunión con el Centro Común de Investigaciones (CCI) y la Dirección General de Energía de la Comisión Europea a mediados de junio pasado.

El ingeniero Jorge Hilbert, coordinador del programa nacional de bioenergía del INTA, que participó de la misión a la Unión Europea, comentó que fueron presentados los estudios del INTA para diferentes regiones del país donde el ahorro de GEI como resultado del uso de biocombustibles derivados de soja producidos en la Argentina se sitúa entre el 75 y el 82% respecto de los combustibles fósiles.

«La Unión Europea está revisando los números. El problema es que los valores calculados por ese mercado se basan en biodiésel producido a partir de la exportación de poroto de soja proveniente del centro de Brasil que luego se procesa en la UE», explicó Hilbert y agregó: «El caso del biodiésel argentino es diferente, ya que sus plantas de producción se encuentran en un radio de 300 kilómetros de la mayor zona sojera, y el ciclo productivo es extremadamente eficiente si se tiene en cuenta la modernidad de las instalaciones y las prácticas conservacionistas como la siembra directa». Luego de la presentación del trabajo realizado por el INTA, los investigadores del CCI deberán presentar su informe a la Dirección General de Energía de la Comisión Europea para su consideración.

Los cálculos de la normativa europea se basan en los estudios del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés), el organismo dependiente de las Naciones Unidas encargado de analizar toda la información acerca del cambio climático y sus efectos, y en especial de medir el balance de GEI en cada país.

Desvío

«El problema es que el propio IPCC admite que sus fórmulas tienen un nivel de desviación de más/menos 50%, por lo tanto no sirven para caracterizar un producto», explicó Hilbert.

Martín Fraguío, director ejecutivo de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino, coincidió: «La metodología de cálculo aprobada por el IPCC para medir las emisiones de la agricultura mundial en 1996 debió modificarse en 2006 pues durante esos diez años nadie pudo demostrar que se ajustaba a la realidad. Tampoco está claro si el nuevo método de cálculo se ajustará a la tecnología aplicada a la agricultura hoy».

La Argentina está construyendo un sistema propio de monitoreo de los valores de emisiones de GEI para el sector agrícola, del que participan el INTA, y diferentes universidades.

Por otro lado, Fraguío señaló la existencia de una nueva teoría, la del Cambio Indirecto en el Uso del Suelo (ILUC según sus siglas en inglés), según la cual cuando un país desarrollado usa una materia prima agrícola para biocombustibles, promueve que un país en desarrollo produzca más del grano utilizado para su elaboración. Entonces, según la teoría, el aumento de la producción es algo negativo porque genera un desplazamiento de la frontera agrícola y/o ganadera. El efecto de este cambio debe medirse sobre el país en desarrollo que debe recibir un castigo al comercio de su producción. «En este caso, la Argentina y Brasil son siempre los perjudicados», opinó Idígoras y agregó: «Se trata de una teoría construida para desplazarnos como líderes en la producción de bienes agrícolas».

«Esta barrera comercial se implementó por primera vez en 2009 en Estados Unidos para demostrar que el etanol de maíz es más dañino para el medio ambiente que los combustibles fósiles, y la UE estaría debatiendo su implementación para fines de 2010», explicó Fraguío, que junto con otras 50 instituciones argentinas realizó una presentación ante la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para intentar frenar una normativa basada en la teoría ILUC.

La visión de Idígoras es contraria. «El cambio en el uso de la tierra es positivo porque genera mayor eficiencia en la producción agropecuaria, con un efecto ambiental positivo a través de prácticas conservacionistas», señaló Idígoras. «Entonces, se debería premiar a los países en desarrollo», añadió.

Por otra parte, explicó que el ILUC propone un análisis estático sin tomar en cuenta el avance tecnológico, y que la disputa entre alimentos y energía puede resolverse si se premia la mayor producción de alimentos.

CIFRAS

77%

Del total de emisiones de gases de efecto invernadero, hasta ahora, corresponde a países de la OCDE. Pero hoy, el 66% corresponde al mundo en desarrollo.

89,6%

Del comercio se mueve por mar, pero el marítimo representa el 11,8% de las emisiones del sector transporte, seguido por la aviación (11,2%). El tráfico marítimo es el más eficiente en términos de emisiones de carbono.

FUENTE: LA NACION