Mientras que la economía en general enfrenta una presión tributaria récord, la Presidenta anunció que impulsará una ley para eximir de impuestos a este derivado de la soja. Despegue, auge y decadencia de un negocio que ahora depende del auxilio oficial.

Si hubiese que destacar un sector que haya aflorado y crecido a verdaderas tasas chinas durante la era K, habría varios «candidatos»: uno de ellos sería la industria electrónica que, bajo el amparo de la ley de promoción de Tierra del Fuego, posibilitó que en la Argentina volvieran a ensamblarse desde celulares hasta televisores.

También forma parte de la «terna» la actividad automotriz: en 2013 se produjeron en el país unos 791.000 vehículos, casi 10 veces más que en plena crisis de 2002.

Sin embargo, una industria que fácilmente rankearía muy alto sería la del biodiesel, un derivado del aceite de soja que -luego de ser procesado con metanol-, permite obtener un combustible que puede utilizarse puro o cortado con gasoil y cuyo uso actualmente abarca desde autos hasta maquinaria agrícola.

El negocio del biodiesel, de ser una actividad completamente marginal, despegó en unos pocos años, a punto tal que la Argentina logró posicionarse como el primer productor y exportador a nivel global.

La «época dorada» de este sector tuvo lugar en 2011, cuando desde el país se enviaron al exterior 1,7 millón de toneladas de este derivado de la soja, una cifra diez veces superior a la registrada en 2007.

Es decir que las exportaciones experimentaron una inédita tasa de crecimiento anual de casi 265% promedio durante ese período.

En su pico de esplendor, llegó a generarle al país un ingreso de divisas del orden de los u$s2.150 millones. Para ponerlo en perspectiva, esto llegó a equivaler a casi el doble de lo que el país exportaba en concepto de naftas o gas de petróleo o el triple de los envíos al mundo de carne vacuna.

El negocio en franco despliegue, apalancado por una fuerte demanda por parte de la Unión Europea, generó un verdadero rally de inversiones: de unas pocas empresas, en su mayoría pequeñas, en pocos años la Argentina pasó a tener más de 30 plantas procesadoras de biodiesel, la mayoría de las cuales proliferaron en Santa Fe, aprovechando la cercanía de la materia prima (la soja) y las ventajas logísticas que ofrecía la Hidrovía para salir al mundo.

Cabe destacar que sólo en 2011, el llamado «año dorado», la actividad llegó a captar inversiones por u$s600 millones.

Pero después de este auge, sobrevino la decadencia. El punto de inflexión comenzó en 2012, luego de que el Gobierno nacional expropiara las acciones de Repsol en YPF, lo que desató una ola de represalias por parte de España -el principal cliente del bio argentino, con más de un 50% de market share-, país que excluyó a las fábricas locales del listado de plantas autorizadas a venderle.

Pero el golpe letal al negocio de la exportación lo terminó dando la propia Unión Europea, cuando a fines de 2013, y por un plazo de cinco años, aplicó una dura medida antidumping al producto argentino, penalizándolo con un arancel de hasta u$s250 la tonelada, lo que dejó fuera de carrera a las fábricas nacionales.

Así las cosas, del récord de exportaciones de 1,7 millón de toneladas, se pasó a 1,1 millón en 2013, lo que implicó un desplome del 32%. Sin embargo, desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), entidad que nuclea a las principales empresas del sector, alertaron días atrás que «se prevé un derrumbe aun mayor en el 2014».

La cámara pronosticó que las ventas al mundo podrían descender este año hasta las 700.000 toneladas, lo que representaría un descenso de casi 40% respecto a 2013, tal como se observa en el siguiente cuadro:

El Gobierno, obligado a tirarle un «salvavidas» a la industria

En plena crisis con España, durante un acto, la presidenta Cristina Kirchner minimizó la decisión de ese país de frenar las importaciones de biodiesel albiceleste y hasta ironizó con el hecho de que esa nación europea iba a terminar pagando el combustible «más caro».

Acto seguido, la mandataria pidió tranquilidad a los empresarios asegurándoles que la Argentina estaba «en condiciones de absorber» todo ese excedente de producción en el mercado interno, básicamente mediante el incremento del corte obligatorio del gasoil con este derivado de la soja.

Sin embargo, la foto al día de hoy parece contradecir las promesas oficiales: en 2013, la producción orilló las 2 millones de toneladas, frente a una capacidad instalada del orden de las 4,5 millones de toneladas, lo que implicó una ociosidad de más del 50%.

En la actualidad, de las 33 plantas que operan, unas siete están completamente frenadas, en tanto que el resto está trabajando al 40% o 50% de su verdadera capacidad.

Al analizar cuáles son los principales jugadores en el negocio del biodiesel se destacan Renova, un joint venture entre las empresas Vicentin y Glencore, que justamente quedó oficialmente inaugurada el día de ayer por la propia Presidenta. Se trata del megacomplejo sojero más grande del mundo y que demandó una inversión de u$s480 millones.

En el ranking sigue T6 Industrial -propiedad de Aceitera General Deheza y de Bunge Argentina-, que ostenta una capacidad de producción de 480.000 toneladas.

Luego se encolumnan Louis Dreyfous y Patagonia Bioenergía, con un potencial de 305.000 y 250.000 toneladas, respectivamente, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

En este contexto, la Presidenta anunció que impulsará un proyecto de ley para eximir del pago del impuesto interno a los combustibles al biodiesel.

Durante el acto, Cristina destacó que la iniciativa, que desafectará a este derivado de la soja de dicha carga tributaria, tendrá carácter de «temporal» y se extenderá «mientras duren las restricciones que impuso la Unión Europea» a las exportaciones argentinas.

«Si no bajamos los impuestos al biodiesel, aumentaría este producto y lo hacemos para que el costo no lo pague el consumidor, porque estamos frente a una guerra comercial», aseguró la Presidenta.

Sin embargo, expertos en el sector vienen alertando que el colapso de esta industria, si bien en gran medida obedece a las medidas restrictivas del bloque europeo, paradójicamente también es consecuencia del alto grado de intervencionismo oficial con el que avanzó la administración K, que ahora intenta mejorar su competitividad mediante la quita de impuestos.

En buen romance: no sólo la «guerra comercial» con la UE llevó a esta industria a una fase de «terapia intensiva», sino también las propias políticas internas, que regularon fuertemente la actividad.

En primer lugar, desde CARBIO alertaron días atrás sobre el nocivo efecto de las retenciones, que desde hace más de un año pasaron a ser móviles, lo cual le resta competitividad al sector.

«Adicionalmente al problema principal que es el alto nivel de la alícuota de derechos de exportación, se suma la imprevisibilidad en su cálculo, ya que dichas alícuotas se están fijando al momento del embarque y no al de la concertación del negocio. Eso provoca diferencias en el porcentaje de la alícuota por establecer, generando incertidumbre en la previsión del resultado del negocio», advirtieron a través de un comunicado.

Así fue como durante marzo, por ejemplo, los contratos cerrados con una alícuota nominal de 22,7% en realidad pasaron a tributar el 27,6%, una tasa demasiado elevada en un contexto de restricciones externas.

Así las cosas, no sólo la política comercial de la UE está golpeando al sector: las retenciones móviles también terminaron agregando una fuerte dosis de incertidumbre.

En este sentido, un alto directivo de una de las principales cámaras del sector, alertó a iProfesional que, por este «golpe doble», en este 2014 «la Argentina va camino a perder el liderazgo mundial en materia de exportaciones de biodiesel en manos de Indonesia».

Precios desactualizados

El otro punto crítico está vinculado con la política de precios que viene instrumentando el Gobierno para el mercado interno. Es decir, el valor de cada tonelada de biodiesel que se le paga al productor y que tiene como destino el corte del gasoil.

En este sentido, desde el inicio de 2014 el corte obligatorio de ese combustible con bio pasó del 8% al 10%. En buen romance: cada litro de diesel que se comercializa en el país debe contener 100 cm3 de este derivado del «yuyito».

Según cálculos oficiales, esta suba permitiría aumentar en unas 450 mil toneladas el uso interno del biocombustible, lo que además permitiría ahorrar unos u$s50 millones en importaciones de gasoil.

Sin embargo, el directivo consultado por este medio aseguró que «esto está muy lejos de cumplirse. Muchos fabricantes de biodiesel no están entregando producto».

«Si bien la ley exige que el corte sea del 10%, esto no se está cumpliendo. Gracias si apenas se cubre el 8%», disparó la fuente consultada.

¿A qué se debe este incumplimiento, justo en momentos en que las empresas del sector tienen tantos inconvenientes para colocar su producción en el exterior? La respuesta está en el desfasaje de precios.

Según la fuente consultada, «las plantas están obligadas a vender con márgenes de rentabilidad bajísimos o incluso por debajo de sus costos y por eso muchas directamente prefieren salir del mercado».

Un argumento similar esgrimieron desde CARBIO: «La operatoria en el mercado interno se ve también seriamente afectada, ya que los valores actuales de los precios publicados para las empresas integradas no cubren los costos variables de producción, generando pérdidas en el ejercicio comercial».

Las quejas de las empresas del sector, sobre este punto en particular, son dos: por un lado, el precio que hoy considera la Secretaría de Energía fue fijado en febrero, es decir que no refleja, entre otras cosas, el alza que experimentó el aceite de soja, principal materia prima del biodiesel. En buen romance: las plantas están obligadas a entregar este combustible alternativo a cotizaciones desactualizadas y sin saber si la próxima actualización cubrirá sus costos.

En este sentido, la fuente consultada destacó que el último valor publicado por el Gobierno fácilmente está retrasado unos $1.000 por tonelada respecto a los niveles considerados «viables» para la actividad.

En segundo lugar, según confiaron a iProfesional, el «ruido» en el sector está dado por el hecho de que en la industria aseguran desconocer el criterio por el cual se fijan los precios que recibirán los productores.

«Hasta agosto de 2012 había un esquema totalmente predecible. La Secretaría de Energía publicaba una cotización que estaba vinculada con una fórmula que contemplaba costos de comercialización, de elaboración, el precio de materias primas como el metanol y hasta los valores de los fletes. Sin embargo, cuando Guillermo Moreno todavía era secretario de Comercio Interior, se puso fin a esa modalidad y ahora no sabemos cómo lo estiman, lo que nos quita toda previsibilidad», concluyó el directivo.

Así las cosas, para los empresarios del sector, el proteccionismo europeo no alcanza por sí sólo para justificar la crisis sectorial: la suma del combo conformado por altas retenciones y bajos precios internos explican en gran medida el duro escenario que atraviesan hoy las empresas y las razones que llevaron al Gobierno a tirarle un «salvavidas», como es la baja de impuestos internos.

Por Juan Diego Wasilevsky

Fuente: Infobae Profesional