Un productor mediano invertiría hasta $ 10.000 anuales para validar el sistema.
Para ingresar al club de la agricultura certificada –la nueva ola que se agita desde la siembra directa y la agricultura de conservación– un productor mediano que cuente con una superficie de entre 500 y mil hectáreas bien manejadas ya puede ir tirando números. 

Debería previsionar una inversión de ocho mil a 10 mil pesos anuales, entre tres y seis dólares por hectárea, valores que, no obstante, varían según escalas y planteos; el costo de emisión de un establecimiento “certificado” por su gestión en agricultura de conservación oscilará entre uno y dos dólares por hectárea, para un período de tres años, que es el que se toma como vigencia de validación.

En la suma entran algunos ítems que ya se contabilizan de manera habitual como el análisis de suelos (en el orden de los 250 pesos anuales).

Como ocurre cada año, la agenda del 16º congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa –este año bajo el lema “Quo vadis, agro”– fue muy amplia y abarcó temas tecnológicos, productivos y de prospectiva económica global para los agronegocios. Por cierto, no se esquivó el abordaje de los temas de coyuntura, con miradas críticas en particular sobre la orientación de la política agropecuaria nacional. Aunque la presión de los costos levanta preocupación al punto de condicionar las inversiones corrientes de la actual campaña, Aapresid se permitió levantar los faros: como ya lo había anoticiado en Expoagro hace cinco meses, puso en la agenda con más grado de detalle el proyecto de mejora continua tranqueras adentro, con una perspectiva de nuevos beneficios sociales y económicos.

“En un mundo con barreras arancelarias, presiones ambientales y del consumo, no hay ningún proveedor ni mercado que quiera suicidarse; tenemos que estar preparados”, advirtió el titular de Aapresid, Gastón Fernández Palma, flanqueado por el staff técnico del proyecto “agricultura certificada”, una marca que tiene a Santiago Lorenzatti como autor intelectual. También están en ese comando Andrés Sylvestre Begnis y Agustín Bianchini.

Como ejemplo, Fernández Palma citó que la Unión Europea, principal destino del biodiésel local, está exigiendo niveles de trazabilidad en los sectores de la producción básica y de transformación.

En la presentación en el auditorio también participó Gustavo Montero, de SGS Argentina, la empresa certificadora con la cual Aapresid rubricó una alianza estratégica y será la auditora con exclusividad hasta el 2012. Después de esa fecha, otras calificadoras podrán sumarse y competir en el sistema.

Entre más de 1.500 productores y empresas socias, por ahora la avanzada está en no más de 30 lotes en producción. En ellos se están midiendo y validando indicadores relacionados con la gestión agronómica y buenas prácticas agrícolas, que van desde el esquema de rotaciones, manejo de insumos y nutrientes o la dinámica del carbono y del fósforo.

El próximo año algunos de estos establecimientos estarán en condiciones de ser auditados y certificados, como ocurre con las ISO que califican calidad de procesos y productos en la actividad industrial.

La hoja de ruta, al estilo de un manual de procedimientos ya está en la web (http://www.aapresid.org.ar/) bajo la denominación de “Protocolo de agricultura certificada; sistema de gestión de calidad productiva y ambiental en agricultura de conservación”.

Los primeros intentos a favor de capturar las “externalidades positivas” de la agricultura de conservación (mitigación del calentamiento global, menor uso de combustibles fósiles, entre otras) encontraron sus tropiezos. “Buscamos entrar al mercado de bonos de carbono, pero luego vimos que en el protocolo de Kyoto no estaba reconocida la siembra directa como actividad secuestrante”, recordó Lorenzatti.

Se optó entonces por un esquema proactivo, apuntando a diferenciarse y a diseñar un protocolo para llegar a una certificación de las buenas prácticas contenidas en un sistema que la Argentina ha logrado exportar a otros países. Al cabo de 30 años de siembra directa, se comienzan a ver los frutos.

“Somos conscientes que adoptamos un sistema superador y sustentable. Hay que contabilizar que no más del nueve por ciento de la superficie mundial está bajo siembra directa; tenemos la oportunidad de posicionarnos para retener y capturar ese valor”, explicó Lorenzatti.

La iniciativa es considerada innovadora por cuanto, en lugar de enfocar la validación de calidad sobre un producto específico, lo hace sobre un proceso productivo, que alcanzará esa certificación. Es la evolución de la siembra directa hacia un escalón mayor, dicen en Aapresid.

Luego de haber obtenido aportes de diferentes organismos y expertos, los promotores miran el largo plazo: en los próximos 50 años, la población mundial crecerá un 50 por ciento y al mismo tiempo se incrementará el consumo per cápita de alimentos. Si hasta aquí la oferta de productos del agro respondió a una demanda en permanente ascenso, esto no fue gratis. Dejó una “huella ecológica” y se están deteriorando los recursos ambientales. Claro que esa huella tiene componentes no agrícolas, como la emisión de dióxido de carbono que proviene de otras fuentes contaminantes.

La siembra directa minimiza las externalidades negativas de la agricultura tradicional, y también de otras fuentes (industriales). La idea es que la agricultura certificada obtenga compensaciones por su aporte dirigido a mitigar esos impactos.

Costos al detalle

Los técnicos de Aapresid desagregaron algunos costos concreto (“se trata en rigor de inversiones en gestión de calidad de procesos”, aclararon) para acceder a la certificación por parte de los productores.

Una cláusula mínima es la inscripción como socio, a razón de 1.200 pesos por año. Luego hay que adicional el costo de laboratorio para obtener indicadores edáficos (análisis de suelos) que suman 250-300 pesos por sitio. Según las características del campo, el productor decidirá luego si toma un mayor número de muestras.

El costo de la certificación propiamente dicha dependerá de la escala y la complejidad del establecimiento que deberá ser auditado por la certificadora, a través de un programa acordado con el productor. “No podemos dar un valor fijo por hectárea; un campo chico puede asumir un costo de aproximadamente dos dólares por hectárea, con un 50 por ciento al inicio y 50 por ciento a la emisión del certificado”, explicó Andrés Sylvestre Begnis, coordinador general de Aapresid.

Carlos Petroli
Enviado especial a Rosario
cpetroli@lavozdelinterior.com.ar
Fuente: La Voz del Interior