El ministro de Industria de España, José Manuel Soria; el director general de Pemex Emilio Lozoya Austin; el ministro de Economía Axel Kicillof y el Secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini se reunieron en Buenos Aires. En dos días, la respuesta de Repsol.

El 17 de abril de 2012 se anunció la expropiación de la mayoría de las acciones. Ahora el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; el presidente de la Caixabank, Isidro Fainé, y un equipo de directivos de Repsol se reunieron con Kicillof y Zannini en Buenos Aires.

También estuvieron presentes en el encuentro, el presidente de YPF Miguel Galuccio, el director general de negocios de Repsol Nemesio Fernández Cuesta, y el Embajador argentino en España, Don Carlos Bettini.Foto crédito: Adrián Escandar.

Según informaron desde el Palacio de Hacienda en un comunicado, tal principio de acuerdo implicará fijar el monto de la compensación y su pago con activos líquidos y que ambas partes desistirán de las acciones legales en curso.

Desistirán de las acciones legales en curso en el CIADI

Las partes gubernamentales coincidieron en que «el presente principio de acuerdo contribuye a normalizar y fortalecer los históricos vínculos entre los tres países y sus empresas».

Según la valoración realizada por YPF, la oferta consistiría en un precio total de u$s5.000 millones (3.823 millones de euros), que se saldaría con un pago en efectivo de u$s1.500 millones por la tenencia de bonos y u$s3.500 millones por la participación en la sociedad. No afectaría la posición de reservas del Banco Central porque la parte en efectivo tendría que invertirse obligatoriamente en la sociedad conjunta para financiar los proyectos de explotación en en el mega yacimiento de Vaca Muerta.

Respuesta de la empresa

«Conocido el comunicado de prensa emitido conjuntamente por representantes de los Gobiernos de Argentina, México y España, Repsol indicó que «someterá el principio de acuerdo propuesto a la consideración de su Consejo de Administración, que deberá pronunciarse sobre sus términos y condiciones. A tal efecto, el Consejo de Administración de Repsol analizará y acordará lo que estime conveniente en exclusivo interés de la Compañía y de sus accionistas en su reunión del próximo miércoles 27 de noviembre».

Habrían ofertado u$s5.000 millones y la empresa pretendía u$s10.000 millones. 

«Repsol ha buscado el apoyo institucional para poner fin al conflicto que vive con YPF, la que era su filial antes de ser expropiada por el Gobierno argentino, y sus diferencias con Pemex, su socia mexicana, que ha criticado su gestión del conflicto», publicó el diario El País, de España.

El acuerdo que comenzó a discutirse en Buenos Aires, «contemplaría una compensación por esa expropiación que, a su vez, se dividría en una cantidad en líquido y otra en activos del yacimiento Vaca Muerta, objeto inicial del conflicto que derivó en la medida expropiatoria», observa el diario.

Agrega el matutino que «La pasada primavera, Lozoya presentó al consejo de Repsol una solución que fue rechazada y que consistía en el pago de u$s5.000 millones, de los que 1.500 eran en efectivo y el resto en activos de Vaca Muerta, cuya exploración no se había realizado y, por tanto, no existía evidencia de que eran productivos. Además, el valor que se les había dado (17.100 dólares la héctárea) era, a juicio del consejo de Repsol, desproporcionado.

La versión online del diario Expansión agrega que «fuentes del sector de hidrocarburos indican que Antonio Brufau, presidente de Repsol, no ha acudido a Buenos Aires, entre otras razones, por ser contrario al encuentro. El máximo directivo se aferra a la idea de mantener, por encima de todo, la batalla judicial contra la Argentina y, eventualmente, iniciar otro frente contra Pemex, con la que la relación ya es nula.

Por eso, del lado de la petrolera española la delegación estuvo representada por por el director general de Exploración y Producción, Luis Cabra, el director general de Operaciones, Nemesio Fernández  Cuesta y el vicesecretario general coordinador de actuaciones YPF Miguel Klingenberg.

Es que la empresa española había evaluado sus perjuicios en u$s10.000 millones,  con ese objetivo interpuso una demanda de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.INFOBAE.