La regulación oficial y las restricciones europeas son fuente de incertidumbre. Aumenta el corte en el país. 

Desde su origen, la ley nacional de Regulación y Promoción de los Biocombustibles fue difícil de acotar por sus impactos potenciales y múltiples interrelaciones, muchas no controlables; desde su concepción fue una ley con un amplio margen de discrecionalidad para sortear ad hoc situaciones inciertas e inesperadas.

Al inicio de su aplicación, la ley se alejó de las metas del régimen de promoción: le dio prioridad a la regulación cuando era necesario consolidar una industria de gran escala para generar divisas por exportación y ahorro en importaciones de gasoil.

En 2012, a raíz del caso YPF (su expropiación por parte del Estado nacional), Argentina perdió a la Unión Europea (UE) como cliente aunque el comercio prosiguió vía algunas transacciones por triangulación.

Las medidas del Gobierno de marzo pasado han buscado equilibrar el mercado interno y volver al espíritu de la ley. Esto deja un mensaje positivo: la necesidad de prudencia en las regulaciones y consolidar las libertades individuales de los actores involucrados en la industria.

Grandes contra chicos

En los últimos tiempos, el Gobierno cambió reiteradamente el marco regulatorio. Primero, la Resolución 1339/12 elevó la retención de exportaciones de biodiésel del 14 al 24 por ciento. Con esto buscó promover los biocombustibles como política de reindustrialización y diversificación productiva del complejo oleaginoso y para consolidar la actividad, volviéndola más competitiva y rentable.

Además, procuró una distribución más equitativa del ingreso y solidez ante las cambiantes condiciones de los mercados internacionales.

Al mismo tiempo, se creó la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, fijando un precio inferior (15 por ciento) y obligatorio de referencia en el mercado de 4.405,30 pesos la tonelada en agosto pasado.

Así quiso, presuntamente, favorecer a la reciente nacionalización de YPF mediante una baja en los costos, al ser la petrolera la máxima compradora de biocombustible en el país, procurando liberar recursos para estimular las inversiones requeridas por la empresa.

La medida generó inmediatamente el rechazo de las Pyme productoras de biodiésel y una crisis del sector con el Gobierno que respondió elevando a 4.661 pesos la tonelada del biocombustible y fijando un sistema de retenciones móviles con actualización quincenal (Resolución 1719). De esta forma se pretendió mitigar los efectos adversos de la alta volatilidad de los precios internacionales sobre las decisiones de producción e inversión local.

Tras esa crisis, a partir de una carta enviada por las Pyme a la Presidenta en la que reclamaban precios diferenciados, el Gobierno decidió segmentar el mercado de empresas proveedoras de biocombustibles en grandes, medianas y pequeñas, favoreciendo a las últimas con un precio 17 por ciento superior al que recibían las grandes.

Sin embargo, quedan interrogantes: ¿cómo se distribuirá el cupo de las productoras?, ¿cómo compensarán los excesos de precios pagados por las petroleras a las más pequeñas? y ¿quién asumirá los mayores costos de los fletes?

Los “lobbies” europeos

Mirando al mercado externo, en agosto de 2012, los productores europeos de la European Biodiésel Board emitieron una queja formal alegando que millones de toneladas de biodiésel de Argentina e Indonesia ingresaban a la UE a precios relativamente bajos. Objetaban que esos productos no se basaban en una agricultura sustentable, algo bastante controversial.

El reclamo tuvo efecto y desde el pasado 30 de enero las importaciones de origen argentino comenzaron a registrarse en la Aduana de la UE. Además, a fines de 2013 podría habilitarse a la Comisión Europea a cobrar un arancel retroactivo de importación en caso de obtener un fallo favorable por la investigación de antidumping y antisubsidios.

Con esta medida, el poderoso lobby europeo deja al combustible argentino sin su principal mercado (95 por ciento del volumen total exportado, 1.700 millones de dólares en 2012), por lo menos hasta noviembre.

Esto trajo incertidumbre ya que los importadores se negaban a pagar un arancel retroactivo. Frente a esto, las grandes empresas multinacionales triangularían el comercio de biocombustible por medio de terceros países no pertenecientes a la UE para eludir las medidas desfavorables.

 Consecuencias y futuro

El freno de la UE más los vaivenes de la política argentina sobre esta industria impactarán en la producción. La corta edad de la ley 26.093 muestra incertidumbre para los sectores involucrados. Primero, fueron beneficiadas las grandes exportadoras y ahora ¿podrán despertar el interés de las Pyme siendo que antes no fueron tenidas en cuenta? Con todo, caería la producción de biodiésel y se desviarían recursos a la industria aceitera, en la que Argentina es formador de precios (tiene el 50 por ciento del volumen comercializado del mercado mundial).

Así, se estima que bajaría el valor del aceite de soja por la imposibilidad de transformarlo en biodiésel, lo que impactaría en el precio del grano. Ahora, como reacción, los industriales reclaman al Gobierno incrementar los cortes de gasoil al 10 por ciento en vehículos y al 20 por ciento en transporte de carga (anteriormente en siete por ciento), lo que elevaría el costo a petroleras y combustibles. Ese incremento se otorgó hace pocos días. Mediante la nota 1.723 se ordena que entre abril y junio se eleve progresivamente el corte en un uno por ciento mensual hasta llegar a la meta del 10 por ciento. Es muy pronto para evaluar sus resultados. Veremos en el futuro si esa medida fue acertada.

Informe elaborado por Fernando Sonnet, Silvana Sattler, Federico Monzani y Enrique Castro González, del Instituto de Economía y Finanzas de la UNC.

Fuente: La Voz del Interior