Por Cristian Mira | LA NACION/Una de las características más salientes del discurso público del Gobierno es que se contradice con las decisiones políticas y económicas que adopta. Cuando la presidenta Cristina Kirchner se refiere al campo, sostiene que pretende «agregar valor a las materias primas», y reclama que la Argentina no sea ya «el granero del mundo» sino un vendedor de alimentos procesados. Hubo quienes creyeron en sus palabras y defendieron arduamente esa idea. Hablaron del «agregado de valor en origen» y hasta llegaron a crear el término de «industrializar la ruralidad». A estas palabras, con cuyos propósitos es sencillo estar de acuerdo, se le añadía la necesidad de «articular» esfuerzos entre el sector privado y el público.

Bien, esos bellos discursos han quedado en eso: discursos. La decisión de aumentar los derechos de exportación del biodiésel y reducir en un 15% el precio del producto para el mercado interno afectan seriamente a un sector que venía experimentando un notable crecimiento de inversiones, producción y exportaciones

Fue justamente este Gobierno el que le concedió a la industria del biodiésel un incentivo mediante el diferencial arancelario entre el aceite y la harina para hacerlo competitivo frente a la protección y a las subvenciones que fijaron otros países.

Así fue como se amplió el cluster del biodiésel como una extensión de la industria oleaginosa. Pero no sólo eso: comenzaron a desarrollarse plantas productoras exclusivamente de biodiésel y radicadas en zonas alejadas del complejo portuario del Paraná. Es decir, a aportar «valor agregado en origen». Las pymes ahora afirman que están por debajo de los costos de producción y algunas ya anunciaron cierres.

Aquel desarrollo se transformó en virtuoso porque comenzaron a aparecer subproductos del biodiésel, como la glicerina refinada que, entre otras cosas, se usa para artículos de higiene y cosméticos. En 2011 la Argentina exportó glicerina refinada por US$95 millones cuyo principal cliente es una fábrica de dentífricos. «El biodiésel también sirve para lavarse los dientes», apuntó un ejecutivo de la industria.

Ese y otros desarrollos están ahora amenazados con la decisión del Gobierno de reducir el apoyo que se le daba a la actividad. Lo hizo en el mismo año en el que se cerró el principal mercado de biodiésel en la Unión Europea, España, como represalia por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF. Y también cuando la UE amenazaba con aplicar sanciones comerciales con el argumento de que la Argentina distorsionaba el mercado de los biocombustibles. Fue la propia Presidenta que, cuando España anunció una represalia, dijo que lamentaba que en Madrid hubieran decidido pagar más caro el biodiésel. Y fue la misma Cristina Kirchner la que prometió que ese hipotético castigo iba a ser compensado con mayores ventas en el mercado interno. Pasaron apenas cuatro meses de aquella promesa y ahora decide exactamente lo contrario.

A estos cambios bruscos el Gobierno le agrega una dosis de maldad. Explicó públicamente que era mejor aumentar las retenciones al biodiésel en vez de subírselas a la soja. Ante la mala noticia, los funcionarios del equipo económico, se mostraron como si fueran magnánimos. Y fueron más allá. En los considerandos del decreto que estableció el aumento de los derechos de exportación se dice que la industria oleaginosa pidió una suba de las retenciones, pero que no era conveniente hacerlo. Históricamente, la industria aceitera estuvo en contra del incremento de los derechos de exportación. En cambio, sí defendió la fijación de un diferencial arancelario entre el poroto y los subproductos para procesar el producto en el país. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) aclaró que nunca pidió una suba de las retenciones al biodiésel.

Este aumento puede provocar una sobreoferta de aceite en momentos en que el principal competidor, el aceite de palma, está en baja. Si el escenario no se modifica, la industria tendrá una menor capacidad de pago que afectará los precios que recibe el productor.

A la industria ni siquiera le serviría la restitución del régimen de admisión temporaria para importar soja de Paraguay y Bolivia. Asunción, como respuesta a su expulsión del Mercosur, podría no autorizar la venta del grano. Nuevamente, el mundo del revés.

FUENTE: DIARIO LA NACION