En circunstancias en que la crisis financiera mundial ha provocado una fuerte caída de los precios de exportación de nuestros principales productos y recrudecen las señales de proteccionismo en todo el mundo, se vuelven a escuchar en el país voces que cuestionan el valor agregado por la industria procesadora de soja.

Dichos argumentos incurren en una serie de contradicciones, errores conceptuales y de información, que concluyen en una recomendación de política económica que, de ser aplicada, significaría un gran triunfo para las industrias aceiteras de nuestros competidores externos.

En efecto, en primer término, se menciona erróneamente que los pellets y harinas proteicas derivadas de la molienda de soja reciben un reintegro del 4,1 por ciento.

En realidad el reintegro que mencionan corresponde al grano triturado sin procesar -cap. 12 del N.C.M-. Los pellets y harinas proteicas derivados de la molienda de soja, en cambio, no tienen ningún tipo de reintegro -cap. 23 del N.C.M-.

Nuestras exportaciones comprendidas en la posición 23.04. totalizaron en el año anterior 8,1 millones de toneladas por un valor de 2 mil millones de dólares, mientras que la de granos triturados solo alcanzó a 64 toneladas por un valor de 37 mil dólares. Evidentemente la confusión es grande.

También es importante aclarar que el reintegro para el aceite de soja del 1,4%, es bastante inferior al 6% de impuestos indirectos contenidos por tonelada de grano procesado.

En segundo término, se argumenta que si bien se han realizado cuantiosas inversiones, se trata de una industria capital intensiva, que emplea poca mano de obra, lo cual abona, a juicio de los autores, la necesidad de revisar la estructura de apoyos del sector.

Finalmente, luego de admitirse que tanto EE.UU. como la Unión Europea y Japón, imponen aranceles a la importación de harinas proteicas y aceites, mientras que aceptan la introducción del grano sin gravámenes, se concluye cuestionando la vigencia del derecho de exportación del 3,5% que grava la exportación del poroto de soja sin procesar.

Dicha eliminación, se argumenta, estimularía una mayor producción de soja, con el consiguiente aumento adicional de materia prima para la industria procesadora.

Sin embargo, sus autores omiten tomar en consideración otros aspectos, que de haberlo hecho, los hubieran llevado a conclusiones totalmente opuestas a las que expresaran.

En efecto, es válido recordar que fue justamente la apropiación del mayor valor agregado por el procesamiento de oleaginosos, el eje principal de las discusiones en materia agrícola durante la Rueda Uruguay del GATT.

En dicho ámbito, mediante la discusión de la validez de los instrumentos de ayuda, la cuestión por dirimir era si el grano se industrializaba en los países productores, eficientes y con claras ventajas comparativas para ello, o en los países consumidores, ineficientes y con mecanismos de protección y subsidios de todo tipo.

En otras palabras, algo debe redituarle a un país el procesamiento de oleaginosas en su territorio, para que las discusiones agrícolas estuvieran empantanadas entre 1986 y 1992, en que se firmó el Acuerdo de Blair House, entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Adicionalmente, hay una contradicción no resuelta en el artículo: si es indiferente dónde se procesa el grano, ¿por qué, como se admite, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón gravan la importación de aceites y harinas proteicas, y permiten la libre importación del poroto de soja?

Los riesgos

Al promover la eliminación del derecho de exportación sobre el poroto de soja, se sostiene que ello estimularía una mayor producción y una oferta de materia prima adicional para la industria aceitera.

Lo que no se señala en este tema, es que ése ha sido el reclamo permanente de la Unión Europea y de los EE.UU. para disponer sus industrias aceiteras de materia prima barata.

Cabe preguntarse entonces qué obstaría, principalmente a la Unión Europea, a convertirse en un comprador monopsónico, teniendo además, una consecuencia adicional: la concentración de los embarques en un período limitado, provocaría un derrumbe de los precios, que en última instancia repercutiría en menores ingresos para los productores locales y en mayores márgenes para los procesadores europeos.

Hoy, es la industria aceitera argentina la que permite garantizarle al productor una demanda a lo largo de todo el año y exportar aceites y harinas proteicas a más de 100 países. Para ello, se han invertido más de US$ 500 millones en los últimos años tanto en ampliar la capacidad de molienda como en mayor capacidad de almacenajes, sin pedir subsidios y a pesar de afrontar rigideces financieras derivadas de la cuestión no resuelta del actual régimen de IVA para exportación y las demoras en la devolución de los créditos del mismo.

¿Cuál de ambas es una más adecuada política sectorial? También se omite señalar que desde 1986 nuestro país ha reducido significativamente el derecho de exportación sobre el poroto de soja, hasta el 3,5% actual, en forma unilateral y sin contrapartida alguna por parte de nuestros competidores.

Tampoco se alude en el artículo al permanente reclamo de la industria aceitera argentina y de nuestro gobierno, de implementar el llamado «cero x cero», o sea la eliminación gradual, armónica y progresiva de mecanismos de apoyo y subsidios en los países productores y consumidores, iniciativa consistentemente obstaculizada por la industria aceitera europea y japonesa.

Por último, cuando se alude al poco valor agregado de la molienda de soja, se omite tomar en cuenta que si bien la industria aceitera es capital-intensiva, emplea en forma directa a más de 5000 personas, es la primera industria por producto bruto dentro de la industria alimentaria y la segunda en el país, luego de la industria petrolera, con un significativo impacto multiplicador en el ámbito rural y para los ingresos fiscales, tanto nacionales como provinciales.

Convertirse en la primera actividad exportadora de la Argentina con más de US$ 4500 millones en 1997, y poseer instalaciones con tecnología de punta a nivel mundial no ha sido fruto de ineficiencias; es el resultado de inversiones y de defender el acceso a los mercados externos con firmeza y energía y compitiendo frente a ingentes recursos fiscales de otras tesorerías.

Estamos seguros de que nuestro país dispone de suficientes ventajas competitivas en el complejo oleaginoso como para satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos y aprovechar plenamente las ventajas de un libre funcionamiento de los mercados.

Sin embargo, mientras nuestros principales competidores antepongan el bienestar de sus productores ineficientes al bienestar de sus consumidores y no acepten reducir sus mecanismos de apoyo a niveles tales que permitan a los más eficientes atender su demanda, planteos como los que reflejan estos artículos sólo promueven los mayores ingresos de nuestros competidores, pero no de los productores rurales argentinos.

POR RAUL PADILLA

El autor es presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina.

FUENTE: DIARIO LA NACION