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NACIÓN ANALIZA SACAR UN DNU Y GANAR TIEMPO PARA CONSENSUAR UNA NUEVA LEY DE BIOCOMBUSTIBLES

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Sería para prorrogar la vigencia de la ley actual por 60 días. El proyecto del bloque K puso en alerta a industriales de Córdoba que pedirán a los legisladores no votarlo.

EN RIESGO. Con nuevo proyecto de ley y un debate que no avanza, las inversiones de bioetanol de maíz corren peligro. | CEDOC

Cuando parecía que el oficialismo nacional encontraba una salida al conflicto de los biocombustibles, el análisis del nuevo proyecto puso en alterna a los industriales etanoleros y volvió a agrietar las relaciones entre los bloques de diputados.

Sucede que ante la inminencia de la caída de Ley de biocombustibles el próximo 12 de mayo los productores de biodiesel y bioetanol acudieron a sus legisladores nacionales para que se elabore y sancione una nueva ley y que incluso plantee la necesidad de subir los cortes actuales de biodiesel y bioetanol con que hoy se cortan el diésel y gasoil (5%) y las naftas (12%). La falta de respuestas fue aprovechada por el oficialismo nacional que hizo circular un boceto de nueva ley que no sólo no incrementaba los cortes, sino que los reducía (al 10% en el caso de las naftas). La lectura fue lineal: el lobby de la industria petrolera y de los intereses de las provincias del sur estaba rindiendo sus frutos. Finalmente, esa iniciativa perdió terreno y hacia mediados de esta semana vio la luz un nuevo proyecto, esta vez rubricado por 15 diputados, entre ellos los tres que componen el Frente de Todos de Córdoba y que, aseguraban, contaba con el consenso de la industria de los biocombustibles.

Pero la tregua duró poco. Para los industriales de Córdoba, donde la producción de biodiesel en base a soja, pero fundamentalmente de bioetanol en base a maíz a concentrado fuertes inversiones en los últimos años, el nuevo proyecto sigue “asustando”. Básicamente, porque leen que se le da un cheque en blanco a la Secretaría de Energía para fijar los precios y para subir o bajar los cortes. El artículo 8 del nuevo proyecto define que el gasoil o diésel oil deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel de 5%, “con la facultad otorgada a la autoridad de aplicación para reducirlo al 3% bajo determinados contextos específicos”. El artículo 12 especifica que para las naftas se e corte mínimo obligatorio con bioetanol será de 12%, con 6% con etanol de caña de azúcar y 6% con etanol de maíz. Pero Energía tendrá la potestad de reducir al 3% el corte de bioetanol de maíz. Así, el golpe para los productores cordobeses y para las inversiones en marcha es directo.

“Pasamos de los petroleros a estar en manos de un Estado que ya nos bajó medio punto y a una discrecionalidad absoluta en cuanto al precio, subirlo y bajarlo a su gusto y por fuera de la fórmula. Realmente no beneficia en nada a la industria y no pone plazos de crecimiento del corte. La verdad es que sería un golazo de las petroleras, parece hecho por las petroleras la ley esta”, dijo un industrial cordobés que pidió reserva para la opinión.

Para Manuel Ron, director de la planta de bioetanol Bio4, “es muy anti Córdoba el proyecto, es muy anti maíz y eso nos pone en alerta. Es muy discrecional, le deja a la autoridad de aplicación todo el arbitrio para poder subir y bajar el precio y bajar el corte. Eso es muy peligroso para poder hacer inversiones. Con este proyecto, somos la variable de ajuste. Si hay que bajar algo se baja el maíz. Es una amenaza enorme para cualquier sector tener eso. Estamos seguros que si se pone en vigencia esto al otro día te bajan el corte”. Y aseguró que “los industriales de la caña de azúcar estuvieron sentados en la mesa de negociación y nosotros no. Vamos a pedir a los legisladores de Córdoba que no apoyen, es una amenaza muy grande para Córdoba”.

Analizan DNU. En las últimas horas cobró fuerza la versión de que el ejecutivo nacional se enfrascaría de ello para intentar dar una solución al tema, al menos provisoriamente. Para ello se sancionaría un DNU planteando una prórroga a la actual ley que vence el próximo 12 de mayo. Esa prórroga sería por 60 días en los que se buscará avanzar con un proyecto de ley que sea consensuado y que a la vez no exponga al oficialismo a una derrota, llevando al recinto un proyecto donde tiene minoría.

Para el ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Eduardo Accastello, acudir a un DNU de prórroga es una mala opción: “Ahí queda demostrado la improvisación absoluta sobre el tema, el desconocimiento que hay de lo que es el desarrollo productivo de la Argentina. No conocen el valor agregado, quieren volver a un modelo de exportar granos y no de industrializar la ruralidad”.

-¿Hay un desconocimiento por parte de quién?

-De los disputados que hicieron el proyecto. No tienen ni la actitud de escucha activa ni de preguntar. Estábamos ante la oportunidad de darle una continuidad a una política de Estado del 2006 y esto cuatro o cinco diputados están cambiándole la cabeza a una estructura de país que se había preparado muy bien. A nosotros no nos llamaron, hemos querido hablar con el secretario de Energía, en ningún momento nos atendieron. Yo hablé 30 segundos en un momento, le mandé una carta, nunca más nos atendió. El proyecto no está consensuado y no compartimos en nada el proyecto. Hay varios artículos que dejan que desear, es la involución de una manera de pensar el país. Hay que sacar lo mejor de la Vaca Muerta y de la Vaca Viva, y no que los petroleros nos marquen la línea. Es muy preocupante.

Números del sector

En los fundamentos del nuevo proyecto de ley se dan a conocer algunos números de la industria de los biocombustibles. Se menciona que en la actualidad existen unas 54 plantas productoras de biocombustibles en 10 provincias. Y que desde 2006 el bioetanol ha sustituido importaciones de naftas por US$ 520 millones, el biodiesel ha exportado por un valor de US$ 900 millones y se calcula que entre 2010 y 2020 los biocombustibles en general sustituyeron importaciones por US$ $27 mil millones de dólares. A su vez, en materia de empleo, las plantas productoras de biocombustible en estas 10 provincias representan unos 65 mil puestos de trabajo.

Por José Busaniche

FUENTE: PERFIL

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