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El debate por el nuevo sistema enfrenta no sólo al gobierno de Perotti con los K sino que generó una interna entre los propios legisladores K.

El gobierno de Santa Fe insiste con la necesidad de mantener el sistema vigente para el biodiesel.

 

En un reunión que mantuvo la semana pasada con el Foro de Empresarios de la Región Centro, el secretario de Industria de Santa Fe, Claudio Mossuz, volvió a dejar sentada la posición del gobierno provincial que es prorrogar hasta el 2024 el sistema actual, que vence el 12 de mayo, para poder analizar con tiempo un esquema superador. “Diputados debe avanzar en la sanción definitiva de la prórroga del actual régimen que ya tiene la media sanción del Senado”, dijo a la prensa tras el encuentro.

Al gobierno provincial le preocupa que si no se extiende el régimen vigente o si se lo cambia por uno que desregule y libere el mercado (como presionan las petroleras encontrando bastante eco en el gobierno nacional) el tejido de industrias pymes del biodiesel de Santa Fe quede fuera de juego porque no podría competir con los precios más baratos que le pueden acercar los grandes traders aceiteros. Al gobierno nacional no le desagrada que baje el costo del biodiesel a las petroleras porque quiere contener la suba de las naftas en los surtidores.

De esa reunión con empresarios participó también el senador nacional Roberto Mirabella, hombre de extrema confianza del gobernador Omar Perotti, quien también reclamó que Diputados apruebe la prórroga que, por unanimidad aprobó el Senado. Quien, precisamente, no fue de la partida de ese encuentro fue la senadora que presentó el proyecto de prórroga: María de los Ángeles Sacnun, del círculo de confianza de Cristina en el Senado.

Ocurre que mientras que el sector más k del Senado aprobó la prórroga, los diputados más k –a pedir del gobierno- no le dan curso a la aprobación en la Cámara baja. Y la situación se pone más curiosa cuándo son los propios diputados K por Santa Fe, con Marcos Cleri, a la cabeza los que están proponiendo una salida intermedia pero que si bien es un guiño para la pymes, complicaría a las finanzas de la provincia.

En efecto, Cleri fogonea un proyecto que le tome la posta al actual tratando de buscar una zona de acuerdos entre los distintos intereses en pugna. En principio, garantizaría el cupo y el precio para las pymes que le venden a las petroleras pero bajaría un 50% el corte para reducirle costos a las petroleras. Los grandes perdedores serían, según se pensó, los traders que quedarían fuera de un negocio al que quieren ingresar desde siempre y, de aprobarse esa iniciativa lo tendrían vedados hasta el 2030, que sería la fecha de caducidad del régimen que está proponiendo el diputado Cleri.

Hay que aclarar que el proyecto de Cleri todavía ni fue presentado y sólo circulan borradores, que por su redacción se nota que está elaborado a las apuradas. Nada que ver con el proyecto de ley que tenían listo la Liga de provincias bio (con avala de empresas grandes y chicas) y que presentaba un esquema superador, pero del que el gobierno nacional no quiso saber nada porque observa con ceño fruncido a los biodiesel. “Así como hoy no está bien visto que alguien prenda un cigarrillo en una ambiente cerrado, en 20 años no estará bien visto que alguien encienda un motor a combustible”, dijo el secretario de Energía, Darío Martínez, en su reciente paso por Diputados.

Volviendo al proyecto de Cleri, al que todos sindican viene con ok de Máximo Kirchner, suponiendo que avanza en Diputados luego deberá ser aprobado en el Senado. Allí Sacnun había avanzando por el camino de la prórroga, y por eso ahora, ante el giro de los acontecimientos, permanece sin tomar posiciones públicas sobre el tema. Y en los contactos que tuvo con empresarios del sector esquivó definiciones terminantes.

Mossuz, por su parte, al ser consultados por la prensa también esquivó definiciones sobre el (casi) proyecto de Cleri. “No opino”, dijo. Claro está que no quiere verse involucrado en una disputa entre Provincia y Diputados y mucho menos en una que ni los propios K juegan en línea. Pero Mossuz maneja números del impacto que tendría en las cuentas públicas de Santa Fe que se baje al 50% el corte obligatorio del biodiesel en el gasoil.

Cada punto que se baje el corte obligatorio del biodiesel, Santa Fe perderá 45 millones de dólares en recaudación de Ingresos Brutos y Drei (de las ciudades en la que hay plantas). Ocurre que si el aceite producido se exporta no paga Ingresos Brutos. Pero si se vende a un fabricante de biodiesel y este lo vende a las petroleras, allí sí está alcanzado por el tributo. Y el proyecto de Cleri lo que busca bajar del 10% a 5% el corte obligatorio del bio con el gasoil. A grandes rasgos, del millón de toneladas que se vende de aceite para fabricar biodiesel, el 85% de ese aciete sale de aceiteras santafesinas tributando Ingresos Brutos.

Pero toda esa falta de definición también está abriendo una interna entre empresarios. Así como había consenso en el proyecto de la “Liga de Provincias Bio” y también entorno a la prórroga del régimen actual por dos años que impulsó Sacnun, ahora el proyecto de Cleri los divide. Los que están más en contra son los traders, que quedarían afuera hasta 2030 del aprovisionamiento de las petroleras. Pero entre las pymes también están los que buscan sostener a cara de perro la prórroga y los que prefieren no ir tan de punta contra el proyecto de Cleri para no cerrar ninguna puerta habida cuenta de que no está claro qué puede pasar.

Y, precisamente, son las empresas santafesinas las más pragmáticas. En efecto, desde la Cámara Santafesina de Energías Renovable (Casfer) salieron algunas definiciones que buscan tender puentes con la iniciativa del diputado K. Por ejemplo, haciendo nota que si bien se baja a la mitad el corte se amplía sus usos para otros sectores más allá del automotor.

Pero a decir verdad todo eso es teoría. A esos mercados hay que desarrollarlos y con mano fuerte. Si las petroleras hacen lo imposible para esquivar cumplir un corte obligatorio, el resto de las empresas potencialmente consumidoras también lo harán salvo que el precio de abastecimiento sea realmente más barato.

Es que, en rigor, están los empresarios pymes que prefieren sacrificar volumen (tener menos corte) a costa de salvar la regulación (el Estado obliga a petrolera a comprarle a pymes a precios fijados oficialmente) porque saben que en un mano a mano con los grandes traders quedan afuera del negocio. El tema es cuánto volumen pueden resignar. Por caso, para que las 8 plantas de Santa Fe no se paren necesitan ubicar al mes unas 85 mil toneladas de biodiesel.

Al final: ¿Qué pasará? Esa respuesta nadie la tiene. Pero la opinión mayoritaria, al menos hoy, entre los empresarios, es que habrá una prórroga corta (no hasta el 2024 como el proyecto de Sacnun) para debatir una nueva ley sin estar corriendo contra reloj.

Por MARIANO GALÍNDEZ

FUENTE: ROSARIO 3