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El lunes 8 de junio las agendas política y de los medios de nuestro país, dieron un súbito giro de página, y sumaron un nuevo título a sus debates: la expropiación del grupo Vicentin.

Desde entonces, la gigante insignia argentina dedicada a la agroexportación, con participaciones en el sector textil, alimenticio y biodiesel logró opacar las discusiones sobre el desarrollo del coronavirus; ocupando incluso los titulares de medios informativos mundiales.

Las 72 horas posteriores al anuncio que el Presidente efectuó, en compañía de la senadora Anabel Fernández Sagasti, y que denominó “operación rescate”, vieron diluir los tímidos acuerdos políticos que con gran esfuerzo gestamos desde marzo para atender con fuerza y unidad la pandemia en nuestro país.

Preocupación empresarial, reparos legales y constitucionales a cargo de destacados juristas y empresarios de todo el país, publicas expresiones de rechazo social, y hasta un vallado perimetral de trabajadores y vecinos de la localidad de Avellaneda, en Santa Fe, alimentaron un frente común de oposición ante una medida marcada por su desproporcionalidad, inoportunidad y falta de consenso.

La palabra expropiación nos trae -en medio de una crisis-, amargos recuerdos de fallidas decisiones que han costado elevados montos económicos y una pesada herencia que hoy sufrimos ante el mundo a través de acusaciones de imprevisión, inseguridad jurídica y desincentivo a inversiones.

La expropiación defendida por Fernández fue fundamentada en 3 extremos que muestran rispideces y fricciones entre sí: la soberanía alimentaria, la emergencia causada por la pandemia y el aseguramiento de las acreencias del Estado Nacional y las fuentes de trabajo que hoy peligran frente a un concurso de acreedores. Estos, lejos de fortalecer el convencimiento o necesidad de la expropiación, la debilitan.

Junto a esto, al criticado mecanismo expropiatorio se le adiciona una cuestión más, la mal llamada “intervención”, dispuesta como medida de aseguramiento y cuya denominación correcta es en realidad la de “ocupación transitoria o temporánea” prevista en la Ley de Expropiación, y que los propios vecinos supieron repeler.

A la sorpresa primero, y luego al rechazo, le siguieron luego un sinnúmero de voces representativas del interior del país, el motor de Vicentin, que hoy presentan alternativas a la expropiación.

Entidades cooperativas, productores agrupados y referentes de formas asociativas coinciden en la necesidad de amparar a los trabajadores que dependen del grupo Vicentin, pero no encuentran en la expropiación una respuesta satisfactoria, o por lo menos convincente.

El discurso con el que Alberto Fernández inauguró el debate sobre el futuro de Vicentin fue poco a poco debilitado por la ausencia de apoyo, por su nula discusión pública y por la falta de coherencia entre medios y fines propuestos: la expropiación no es la única ni la mejor forma posible.

Escuchar implica involucrar nuevos actores, trabajar desde el disenso y enfrentarse a quienes piensan diferente. Es correcto que el Estado es el principal acreedor, pero también lo son las más de 80 cooperativas que trabajan en distintas provincias que buscan ingresar al debate que definirá la suerte de este grupo económico con sedes en Paraguay, Uruguay y Brasil.

La disparidad de acreedores, trabajadores y realidades del interior del país que se encuentran atravesados por Vicentin reclaman no sólo ampliar el universo de actores convocados al debate, sino prestar atención a formas alternativas a la expropiación forzosa y coactiva que el Presidente parece ver como única forma posible.

Mientras trabajamos enérgicamente en la atención de los efectos que la pandemia está dejando, los ojos de los principales acreedores argentinos se asientan sobre nosotros: a la irresuelta negociación de la deuda sumamos hoy una pretensión expropiatoria.

En instancias de crisis, la relación público privado es una alianza estrategia de fundamental valor para la recuperación de la industria pero también de la confianza local e internacional.

Precisamente este momento es oportuno para fortalecer cualidades de gestión responsable, coordinada, alimentando consensos ante que disgregación. Esa es la imagen que globalmente se reclama para solucionar problemas públicos y privados.

Frente a una monolítica visión expropiatoria reclamamos nuevas alternativas, entre las cuales la creación de foros de especialistas que involucren a trabajadores, proveedores, cooperativas y las consultas internacionales se asoman como un buen camino.

Tener soberanía es confiar en manos argentinas la producción. Por ello, es necesario repensar en proyectos asociativos orientados al bien colectivo y la solidaridad, antes que a intereses individuales y la lógica expropiatoria que quita en vez de dar, y que pocas veces en nuestra historia ha resultado una buena respuesta.

Por María Soledad Carrizo Diputada Nacional por Córdoba-UCR

FUENTE: EL ECONOMISTA