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Lo acusa de actuar con injusticia, arbitrariedad e ilegalidad, de avasallar la propiedad privada y de violar garantías constitucionales. Clara señal…

Quienes quieran saber qué resultado dejó «el diálogo» del jueves en Olivos entre el presidente de la Nación y el CEO de Vicentín, puede encontrar respuestas leyendo este domingo 14 de junio de 2020 el comunicado que emitieron en nombre de la familia y los accionistas de Vicentín saic., donde acusan al gobierno de Alberto Fernández de actuar con injusticia, arbitrariedad e ilegalidad, de avasallar la propiedad privada y de violar garantías constitucionales. Incluso lo hacen responsable de un futuro desgraciado, como es cuando -como sostiene Vicentín- se pone en jaque la confiabilidad en las instituciones, lo que requiere toda República democrática.

Terminan con un deseo, «que las autoridades competentes recapaciten o intervengan para reestablecer el estado de derecho», pero quien dice todo lo anterior en forma pública, parece tener en claro que el diálogo iniciado ya orienta sobre cuál sería el resultado.
El comunicado:

Vicentín SAIC es una empresa argentina, familiar, del interior del país, nacida hace 90 años, a más de 800 kms de la Capital Federal en el norte de Santa Fe, en la localidad de Avellaneda. Sus más de 100 accionistas son miembros de la familia, en muchos casos tercera generación, descendientes de los fundadores Pedro, Roberto, Máximo y Ceferino Vicentín que comenzaron con un almacén de ramos generales en el año 1929.

Hemos crecido junto a nuestra comunidad y hemos sido desde nuestros inicios, a lo largo de nuestra historia, generadores de crecimiento económico y oportunidades de trabajo. Hemos desarrollado industrias, construido plantas productivas y hasta puertos. Hemos sido un actor relevante a la hora de impulsar la economía argentina. Hemos reinvertido históricamente nuestras utilidades en el país apostando al crecimiento de nuestras operaciones y a la generación de valor agregado en todas las etapas productivas y en toda la cadena de valor.

Luego de 90 años de una trayectoria intachable, construida en la confianza que Vicentín siempre ha generado en sus clientes, proveedores, socios y colaboradores, hemos tenido que enfrentar recientemente una situación financiera crítica que derivó en la necesidad de presentarnos en el mes de febrero, en un Concurso de Acreedores.

La empresa ha actuado en ese marco ajustada a derecho y cumplimentando cada una de las etapas contempladas dentro de dicho procedimiento, llevando adelante el máximo esfuerzo para alcanzar una pronta solución que nos permitiera honrar los compromisos asumidos.
En ese contexto nos encontrábamos gestionando y evaluando diferentes alternativas y ofrecimientos de distintos grupos empresarios tendientes a alcanzar una solución virtuosa que garantice la continuidad de las operaciones y las fuentes de trabajo. Vale destacar en ese sentido que más allá de las manifiestas dificultades financieras, la compañía no dejó jamás de abonar los salarios correspondientes a todos sus trabajadores y con mucho esfuerzo hemos mantenido activa parte de nuestra matriz productiva.

El pasado lunes 8 de junio hemos sido sorprendidos por una decisión del gobierno argentino que entendemos injusta, arbitraria e ilegal. Una decisión, que avasalla y atenta contra los derechos de la propiedad privada y le niega a una empresa argentina de larga y destacada trayectoria, el derecho a resolver su situación financiera en el marco que la ley prevé para dicho fin que es en el ámbito concursal.

Esta decisión del poder ejecutivo inhabilita todas las negociaciones que la compañía venía llevando adelante para alcanzar una solución en el ámbito privado y deja como única opción, la estatización de la empresa, manifestando el propio presidente que esa es la única posibilidad…

La intervención y el proyecto de expropiación que sostiene el actual gobierno en cabeza del presidente Alberto Fernández, viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una Nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda República democrática.

Confiamos en que las autoridades competentes recapaciten o intervengan oportunamente para reestablecer el estado de derecho y garantizar a quienes hemos invertido por décadas en nuestro país, que estamos amparados por sus leyes y no expuestos a decisiones arbitrarias carentes de fundamentos y de legalidad.

Familia y accionistas de Vicentín SAIC.

FUENTE: RECONQUISTA HOY