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Los datos obtenidos de la Aduana de Chile muestran que la Argentina continúa vendiendo aceite de soja a ese país. Mejor dicho: no vende aceite de soja puro, sino que vende aceite de soja casi puro, al 99%.

Un puñado de exportadores le agregan a ese producto 1% de palmiste, que es como se conoce al aceite de palma, que no se produce aquí. ¿Para qué? Solo para poder pagar menos retenciones, en una clara maniobra que claramente perjudica al Estado pero sobrevive a los diferentes gobiernos.

Pasó Macri y vino Alberto. Esta modalidad para la exportación de aceite de soja a Chile perdura y beneficia a unos pocos exportadores que le han birlado al Fisco unos 400 mil dólares en retenciones solo en el primer bimestre del año. No es poco dinero en tiempo de emergencia.

Cuando cargan un barco con aceite de soja para el exterior, los que participan de ese negocio tributan el 33% como derecho de exportación (hasta marzo era 30%). El descuento del impuesto se realiza respecto del valor FOB fijado por el Ministerio de Agricultura para el momento del embarque. Digamos, como ejemplo, que ese valor oficial era de 700 dólares por tonelada de aceite: la retención ahora sería del 33% de ese valor, o sea de 231 dólares por tonelada.

Pero para cruzar la cordillera y responder a la demanda de Chile, que no produce aceite de soja, algunos de esos mismos exportadores envían el producto en camión. Pero no envían el mismo aceite que cargan en los barcos sino que lo mezclan con 1% de aceite de palma, o “palmiste”. Este producto es de similar calidad al de la soja, pero no se produce en la Argentina sino en países como Tailandia. Es decir, se importa para hacer esta mezcla. ¿Cuál es el sentido de hacerlo? Técnicamente ninguno. Incluso, en días muy fríos ambos aceites se separan naturalmente.

La razón es que ante la Aduana -que conoce el problema desde hace tiempo, con todos los gobiernos, pero nunca hace nada- ese producto ya no se declara como “aceite de soja” sino como “Mezcla de aceites vegetales 99% soja 1% palmiste”. Esta pequeñísima diferencia le permite al exportador evitar el descuento directo del 33% por retenciones. Ya no pagará los 231 dólares por tonelada que corresponderían sino unos 50 dólares menos.

Sucede que al no ser “aceite de soja” sino una “mezcla”, a ese producto ya no lo alcanzan los postulados del Decreto-Ley 21.453, firmado en noviembre de 1976 durante la feroz dictadura de Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz. Esa “ley” es la que establece una lista de granos y sus derivados, a los que se le aplican retenciones sobre un valor FOB oficial, es decir definido por el propio gobierno. Fuera de esa lista, con este tipo de mezclas se aplica otro criterio, que es el establecido por el Código Aduanero, en el que las retenciones se calculan sobre una base menor: Primero se descuentan esos derechos del valor FOB declarado por cada exportador y recién a partir de esa base imponible se cobra el tributo aduanero.

Volviendo al ejemplo anterior, estas cargas de aceite de soja que normalmente ahora deberían tributar 33% del valor oficial FOB de 700 dólares (es decir 231 dólares), terminan pagando gracias a la mezcla insignificante con palmiste un 33% sobre una base menor, que sería de 526 dólares. O sea terminan pagando 173 dólares por tonelada en vez de los 231 que hubiesen correspondido. Se ahorran estos exportadores unos nada despreciables 50 dólares por tonelada vendida a Chile.

En otros tiempos el negocio era mayor, porque había diferentes alícuotas para los subproductos derivados de la soja (por ejemplo, se mezclaba un poco de harina de soja con algo de maíz, para hacerlo pasar como un balanceado que tributaba mucho menos retenciones). Pero ahora casi todos los subproductos de la soja tributan 33% como el poroto. Por eso, ahora el agregado de palmiste al aceite de soja se justifica solo a los efectos de escapar del alcance del Decreto-Ley 21.453.

Entre enero y febrero la Argentina exportó a Chile unas 7.880 toneladas de esta mezcla milagrosa (de las cuales solo 78 toneladas eran aceite de palma, el 1%). Por eso, suponiendo un ahorro para los exportadores de unos 50 dólares por tonelada, el daño fiscal trepa a unos 400 mil dólares. El grueso de esos negocios se concentró en dos compañías muy grandes, Bunge y AGD (Aceitera General Deheza), pero hubo también algunos negocios de otras aceiteras pequeñas.

No son operaciones ilegales. Aprovechan un resquicio legal que perdura a lo largo de los diferentes gobiernos desde los tiempos de la dictadura militar. Ya volveremos a los impacto de ese decreto-Ley 21.453 sobre otros cultivos y negocios. Será otro capítulo.

Por ahora, palmiste. Perdiste.

POR MATIAS LONGONI

FUENTE: BICHOS DE CAMPO