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(Foto: El primo segundo de Marcos Peña, Alejandro Jaime, demanda a la secretaria de Energía por el precio “arbitrario e ilegal” del biodiésel). Latin Bio SA es una de las tantas empresas fabricantes de biodiésel beneficiadas con la asignación de un cupo de 50.000 toneladas/año para proveer el corte interno.

Con su planta en Arroyo Seco, Santa Fe, la compañía es liderada por Alejandro Jaime Braun Peña y Luz Braun Peña, apellidos vinculados al jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña Braun (son primos segundo) y al secretario de Comercio Miguel Braun. Incluso el actual secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas fue presidente de la compañía en 2013.

Ahora bien, la errática política del Gobierno del Presidente Macri en materia de biocombustibles, ahora encarnada por el secretario de Energía Gustavo Lopetegui, ha derivado en que Latin Bio SA haya presentado un amparo ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nro. 4 a raíz de la determinación del precio del biodiésel en el mes de marzo.

En el escrito presentado por la apoderada Luz Peña Braun, se menciona que el precio del biodiesel para ese mes fue exactamente el mismo que para el mes de febrero de 2019, es decir $27.660 por tonelada. “Esto es fácticamente imposible si se aplica el procedimiento reglado para la determinación del precio del biodiesel”, sostiene la abogada.

En el detallado escrito, se señala que las actuaciones del subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles, Carlos María Cásares habían llegado a la determinación de un valor de $30.035 por tonelada, es decir un 8,6% más que lo finalmente dictaminado por Lopetegui. Asumiendo una entrega de 4.166 toneladas por parte de Latin Bio SA en el mes de marzo, el quebranto ascendería a casi $10 millones.

La doctora Peña Braun consigna que el proyecto de resolución siguió todos los pasos hasta quedar listo para la firma del Secretario Lopetegui el 27 de febrero, cosa que el funcionario nunca hizo. “Nos encontramos ante una doble ilegalidad y arbitrariedad manifiesta: por un lado se publicó una decisión administrativa sin contar con el acto administrativo que la funde (…) y por el otro se publicó un precio sustancialmente menor al que correspondía (…) violando todo el proceso reglado para la fijación del precio del biodiesel”, manifiesta la letrada, solicitando a la Justicia que anule el precio “arbitrario” fijado por el Gobierno Nacional.

En el escrito, además de acentuar lo “ilegal y arbitrario” del precio fijado, se hace hincapié en la inseguridad jurídica que la decisión implica.“El accionar del ministerio de Hacienda por medio de la Secretaría de Gobierno de Energía violó estos principios de certeza y seguridad jurídica por cuanto en forma ilegal y arbitraria publicó un precio de comercialización del biodiesel que nada tiene que ver con las conclusiones a las que arribaron sus dependencias técnicas”.

Política anti biocombustibles

Al margen de la presentación de Latin Bio, otra de igual tenor pero en forma conjunta lleva adelante la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB). Es que no solamente la cartera de Energía publica tarde las resoluciones sobre el precio de los biocombustibles (lo que obliga a emitir notas de débito a posteriori) sino que manifiestamente se ha expresado, a través de su titular Gustavo Lopetegui en contra de la política establecida por la Ley 26.093.

Lopetegui ha manifestado su posición a favor de la libre competencia entre los biocombustibles y los combustibles fósiles, al mismo tiempo que su desagrado con el sistema de cupos, exención de impuestos y precios administrados por el Estado para el biodiesel y el bioetanol.

Por otra parte el gobierno se ha mostrado permeable al argumento de las petroleras respecto de que los incrementos en el precio de los biocombustibles las obligan a subir el precio del gasoil y las naftas. Por si fuera poco, el argumento que con la producción de Vaca Muerta se hace “innecesario” la política de biocombustibles parece haber calado hondo en la Administración Macri.

Por lo pronto tampoco habrá aumento en el porcentaje de corte como se pide desde los sectores de la energía renovable, al tiempo que la decisión del gobierno de Santa Fe de incrementar el uso del biodiésel en el transporte público (decisión que sería imitada por Tucumán y Córdoba) pone en pie de guerra a las petroleras que ven caer la demanda.

FUENTE: RIA CONSULTORES