La «miopía» de Sebastián condena al biodiésel español.

La patronal, el Senado y hasta el grupo socialista le leen a Industria la cartilla del ‘dumping’.

Quiere hacer del sector de las renovables su aliado forzoso; pero no son las eléctricas, las eólicas y las nucleares las únicas que levantan picas y le recuerdan al ministro que a su ecuación energética le sobra más de una incógnita. Sebastián saca pecho en los halagos de Obama, pero la ‘marcha verde’ de los biocombustibles se le destiñe en las barreras del Ministerio y la CNE, las demoras regulatorias y los problemas de financiación que han impedido la ejecución de la Directiva Europea y sus barreras arancelarias.

 La patronal mira a Industria para explicar el peor ejercicio de su historia y la ‘excepción española’, ésa que condena al sector a la orfandad de la producción, a pesar del auge del consumo español. Hasta octubre, como pronto, no habrá muros impenetrables para España. Es el regulador el primero en reconocerlo. El reino verde se está convirtiendo en un coladero y el ministro en un cancerbero cegado por el biodiésel americano: se cuela en la UE por las grietas españolas con la catapulta de un crédito fiscal de 300 euros por tonelada, lo suficiente para hacerse con el 71% del mercado y arrinconar a los productores nacionales. Ponen en cuestión el futuro de 55 plantas nuevas ya previstas en España y le enseñan el camino que prometen seguir, con sus propias subvenciones, los de Argentina, Malasia e Indonesia.

A Miguel Sebastián le saca los colores del biodiésel hasta el Senado, con el apoyo unánime de todos los grupos, incluyendo -para dolor del ministro- todos los escaños socialistas. La moción aprobada por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio no sólo insta al Gobierno a definir de una vez por todas las cotas de obligatoriedad del uso de biocombustibles hasta 2020, sino a afinar  el control de las importaciones de EE UU, si quiere garantizar la supervivencia del sector al menos a seis meses vista. Con una mano, el Ministerio alienta la obligación de la mezcla -un 3,4% durante el presente ejercicio y del 5,83% en el siguiente- gracias a la reforma de la Ley de Hidrocarburos y el desarrollo posterior de la orden desde el 1 de enero, pero se resiste a definir el horizonte de 2011 que le exige el sector. Y, con la otra, hace la vista gorda a las lanzas ajenas.

El ‘dumping’ y la erosión de las importaciones subvencionadas a bajo precio desde los EE UU han copado dos tercios del consumo; han lastrado hasta ahora a un 10% de su capacidad el despegue del biodiésel en España -carente de mecanismos legales internos de protección- y nutren las distancias entre la capacidad instalada que en 2008 fue de más de dos millones de toneladas, y la demanda del mercado local, que no llegó a 600.000 toneladas.

Creyeron en el boom que apadrinó el propio ministro y que incubó Cristina Garmendia. Ahora, de espaldas a las acusaciones de daños al sector alimentario y de ser más contaminantes que la gasolina o el diésel, los productores de biodiésel se suben a la catapulta de la Comisión Europea, que ha mantenido su apoyo en la Directiva de Energías Renovables, con la obligatoriedad de que estos nuevos carburantes supongan un 10% del consumo total en el transporte en 2020. Industria les sirvió en bandeja, en marzo, la aprobación por parte de la UE de aranceles contra el biodiésel procedente de Estados Unidos- de entre 213 a 400 euros por tonelada,  que las industrias del sector esperaban desde hace dos años- pero desde entonces, ha dejado que se pudran al sol del ‘dumping’. La miopía de la CNE y las lagunas de Industria han del mercado «un caldo de prácticas irregulares», en palabras de la APPA. Un impasse en el que han enraizado, a contracorriente, Abengoa como primer productor en Europa y quinto del mundo, con tres centros productivos en España y Acciona, pionera en proyectos con microalgas y biodiésel de segunda generación.

FUTURO EN RIESGO

El furor inicial ha desembocado en una sobrecapacidad de producción. El consumo aumenta- aunque sigue siendo del 1,1% del combustible total, la mitad que la media europea- pero los productores se enfrentan a las importaciones, que han dejado el 75% del mercado en manos estadounidenses. Las posibilidades de exportación son muy bajas a un vecindario europeo que sí ha levantado las murallas de la protección a la producción local, o los muros de la experiencia y la competitividad, como Alemania.  Un paisaje que aleja hasta los predios de lo improbable el horizonte que para 2011 descontaba 55 plantas nuevas ya previstas en España, con 6 millones adicionales de biodiésel y una inversión de 1.800 millones.

No es la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) la única que alerta de que, en un período en el que el consumo subió un 100%  hasta alcanzar las 580.000 toneladas,  la mitad de las 36 plantas de biodiésel puestas en marcha en los últimos años en España (con una capacidad de producción de dos millones de toneladas anuales) están paralizadas y unos 500 trabajadores -el 50% del total- afectados por regulaciones de empleo. En 2008, entraron en funcionamiento una docena de instalaciones que multiplicaron por 2,5 la capacidad productiva hasta cerca de los tres millones de toneladas, el volumen que se consumiría si se mezclara un 10%. Pero, a pesar de eso, las ventas solo alcanzaron las 190.000 toneladas, lo que supuso emplear apenas el 9% de la capacidad instalada en el país.

El mercado  amura el despegue del biodiésel español, los lastra la sobrecapacidad de producción, no han conseguido subirse al auge de la demanda en un terreno aún acotado por las líneas de fuerza de los hidrocarburos. La diferencia de costes con el producto foráneo (hasta 2.000 euros en cada cisterna) nutres las dificultades para vender el biodiésel y, a falta de un acuerdo con las grandes petroleras que les permita distribuir el producto en la mayor parte de las estaciones de servicio, delimita la geografía de muchas productoras a empresas de transporte y a algunas gasolineras libres.  Por ejemplo, la Comunidad de Madrid apenas cuenta con cinco gasolineras que surten biodiésel para sus más de seis millones de habitantes. Al sector español le duele el repudio del sector petrolero,  pero no son ni los escollos de la distribución y venta – el 80% de las estaciones de servicio pertenece a grupos petroleros- ni las estrecheces de uno de los mercados menores de la Unión Europea los que anclan las líneas rojas del biodiésel español.

LA CEGUERA DE INDUSTRIA

La explicación pasa, una vez más, por Miguel Sebastián. Bruselas obliga a que cualquier litro de biodiésel que entre por las fronteras de la UE tenga que pagar un recargo añadido durante al menos cuatro meses y que las empresas estadounidenses paguen entre 208 y 237 euros por tonelada exportada en los aranceles más elevados. El sector se seca en el Triángulo de las Bermudas de Miguel Sebastián, que ni Elena Salgado ni Pepe Blanco han querido conjurar aún: el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no sólo dilató en exceso la tramitación de la orden de obligación de biocarburantes, aprobándola sólo dos meses y medio antes del inicio de su aplicación pese a haberla presentado más de un año antes.

La APPA recuerda que la CNE, que no fue previsora, no tiene los medios para este control y los ministerios de Economía y Administraciones Públicas congelaron las partidas específicas y la autorización de la contratación y el control no sea completamente efectivo al sur de los Pirineos hasta dentro de varios meses, al menos octubre, si los cálculos más optimistas del propio regulador no fallan. Los productores españoles piden que, como otros países -Francia, Portugal, Italia-, los productos importados con precios ventajosos no se tengan en cuenta para las exenciones fiscales con las que se fomenta el cumplimiento de los objetivos de uso de estos combustibles verdes y ponen los ojos en Moncloa para que obligue a las gasolineras a poner a disposición de los consumidores mezclas de combustibles fósiles con un alto porcentaje de biocarburantes, como ha hecho Suecia.

Galicia, entre las comunidades más perjudicadas, se ha convertido en paradigma del callejón sin salida: ya que la apuesta por los biocarburantes incluyó la inversiónde muchos millones de euros. De las 542 estaciones de servicio que funcionan en Galicia, apenas 23 de ellas venden al público biodiésel, pese a sus precios competitivos. Las tres plantas de biodiésel ya existentes en la región afrontan 2009 como, en el mejor de los casos, ‘un año de transición’, a la espera de que la imposición de los aranceles al producto norteamericano permita competir en igualdad de condiciones. Incluso el buque insignia del biodiésel gallego, la factoría de Entabán en el puerto exterior de Ferrol, una de las mayores de España con una capacidad de 200.000 toneladas- ha estado este año al 30%.

La cuarta factoría, que debería empezar a funcionar antes de verano en Ferrol, mira con un ojo al mercado y con otro a las intenciones de Miguel Sebastián. Y otros dos proyectos pendientes -el de Acciona en Acciona en Arteixo, con una capacidad de 200.000 toneladas y el de Augas Mansas en As Pontes, que produciría hasta 34.000 toneladas anuales de biodiésel- duermen en el limbo: Ahora el tiempo corre en contra de Acciona: en dos meses terminará el plazo para acceder a una subvención del Ministerio de Industria vinculada al Plan Ferrol, que sufragaría el 30% del coste del proyecto.

Ana Zarzuela

Fuente: Capital News