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Viajará Horacio Reyser. Para el Ejecutivo, se trata de un conflicto «entre privados».

¿Mal timing o mala suerte? Primer acto: el 15 de agosto, Mauricio Macri recibió al vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence en la Casa Rosada. “Va aumentar el comercio y el flujo de inversiones», dijo el Presidente. A los diez días tuvo que enviarle una carta a Pence pidiéndole explicaciones por la aplicación de una tarifa aduanera del 57% contra el biodiésel argentino. Segundo acto. Macri habla por teléfono con Donald Trump el 19 de octubre. Los aranceles al biodiésel fueron parte de la conversación, pero un día después, se supo que los aranceles llegarían al 70%.

“Ya lo sabíamos, estaba previsto que se incrementara el arancel. No es una decisión contra la Argentina”, sostuvo un funcionario con rango de secretario de Estado que sigue de cerca las negociaciones y buscó restarle importancia al segundo aumento.

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos hizo lugar a la investigación de la International Trade Commission por dos denuncias contra el biodiésel argentino: dumping -venta por debajo del costo- y subsidios.

El pesimismo fue ganando terreno en el ministerio de Producción que conduce Francisco Cabrera y en la Cancillería, a cargo de las negociaciones. Nada auguraba una contramarcha de la administración republicana antes de 2018. Sin embargo, en los últimos días el optimismo regresó entre en la Casa Rosada y en el Palacio San Martín.

El tercer acto tendrá lugar el martes.El vicecanciller Horacio Reyser viajará Washington para participar de la reunión que -aseguran- podría destrabar el conflicto. También será de la partida Shunko Rokas, subsecretario de Comercio Exterior del ministerio de Producción. Miguel Braun, su jefe directo, también podría ser de la partida. Participarán, además, de la cumbre para destrabar el conflicto por el biocombustible, enviados de las empresas exportadoras argentinas y de la National Biodiesel Board, que nuclea a las firmas estadounidenses del sector. El encuentro cuenta con el respaldo del Departamento de Comercio de Washington. “La solución la tienen los privados, pero son los gobiernos los que llevan adelante el proceso”, precisaron en el entorno del ministro de Producción. En el Gobierno añaden que algunas de las empresas exportadoras en la Argentina son además de origen estadounidense como Dreyfus y Cargill.

Ahora, los funcionarios y empresarios argentinos llevarán “una nueva fórmula” para ajustar precio y volumen -que no quisieron anticipar- y que reduciría drásticamente el arancel de importación, aunque -advirtieron- no regresará a los valores previos a agosto. “Ellos tienen incentivos para arreglar con nosotros”, explicaron en el Gobierno. Los incentivos -en criollo- son urgencias energéticas. En 2016, la Argentina había vendido a los Estados Unidos biodiésel por un volumen equivalente a US$ 1200 millones, el 90 del total de biocombustible exportado. En el Gobierno destacan que no hay dumping, sino costos -decididamente menores- por la enorme producción de soja y aceite de soja que hay en el país. «No se vende por debajo del costo pero la estructura del costo es muy barata», reconocen en el viejo edificio del ministerio de Economía. La pregunta a futuro es cómo incidirá en el precio del biocombustible la voluntad oficial de eliminar las retenciones a la soja en 2018.

Además, de los representantes nacionales de Cargill y Dreyfus viajarán los de Vincentin y Bunge, entre otras firmas. En el Ejecutivo aseguran que el nombramiento de un nuevo embajador en Washington -la designación es inminente- no es determinante, pero facilitaría las gestiones. El Gobierno -añadieron fuentes oficiales- presentará una solución independiente a la de su par de Indonesia, el otro país que sufrió una suba de aranceles exponencial por las misma denuncias.

Días atrás, fuentes de Cancillería dejaron trascender que si la petición argentina no prosperara, el país podría recurrir al sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, el mismo tribunal que este año falló a favor de la Argentina ante una denuncia similar impulsada por la Unión Europea. El Presidente preferiría evitar el camino del litigio, en momentos en los que negocia con Trump la reapertura del mercado de la carne y un aumento del flujo de comercio.

Durante los mismos días y en paralelo a la gira del Presidente, el ministro de Finanzas Luis Caputo y Juan Pablo Tripodi, a cargo de la Agencia Nacional de Inversiones y Comercio Internacional, tendrán rondas con prestamistas internacionales en la que buscarán convencerlos de que el plan para reducir el déficit y dejar de emitir deuda es sólido y viable. Además, mantendrán reuniones con inversionistas financieros y de la economía real, como los de gigante Amazon al que empiezan a allanarle el camino para su desembarco en el país.

Por Guido Carelli Lynch

Fuente: Diario Clarín/Argentina