Así como en las arcas fiscales de la #Nación cada #moneda cuenta, para la necesidad del presidente Mauricio #Macri de ampliar la base electoral en #2017 cada voto es crucial. Y ambos objetivos convergen en un escenario clave, que concentra el 38% del padrón: Provincia de #BuenosAires, donde pilotea acuciantes demandas presupuestarias María Eugenia Vidal, el comodín del PRO. El ministro de #Agroindustria, Leonardo Sarquís; y el titular de Bapro, Juan Curuchet, salieron a caminar el territorio pero sin llevar panes bajo sus brazos. Sí portan 2 onerosas facturas para que digieran sus aliados del campo: la postergación, por fuerza mayor, de la baja de 5 puntos a las retenciones de la soja prometida por Macri y el revalúo de las tierras rurales y urbanas.

Para alinear todos los astros, María Eugenia Vidal necesitará hacer maravillas en la mesa de billar.
Urgencias fiscales vs. urgencias electorales: gran pulseada en Provincia de Buenos Aires (casi el 38% del padrón comicial del país) impulsado por una 3ra. urgencia: la de Mauricio Macri de afianzar su poder en las legislativas d2017 ante los ojos de los inversores extranjeros que “lo miran por tevé”.

Otra vez María Eugenia Vidal es la señalada para acudir al rescate, luego que la imagen presidencial se desplomara en el territorio bonaerense, entre el 26/08 y el 06/09, para el 48,1% de los encuestados por la consultora de Raúl Aragón, frente a una valoración positiva del 43,5%. La gobernadora cuenta con amplio respaldo: 60,8% a favor de su gestión contra 28,8% que la juzga negativa.

Con semejante capital, Cambiemos enfrentará al Frente Renovador de Sergio Massa, motivo de sucesivos intentos de seducción a los intendentes de extracción peronista, quienes a su vez miran hacia el indefinido PJ a nivel nacional y a la intransigencia opositora del Frente para la Victoria, abroquelado en la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por los embates judiciales.

El mapeo de la provincia que hace la página El Estadista desglosa el voto bonaerense: 35% para los 24 municipios de la 1ra. Sección (1ro. y 2do. cordón), 42% para los 19 municipios de la 3ra. Sección y 30% el interior de la provincia.

Por una cuestión coyuntural, este último tercio se convirtió en un objetivo preelectoral temprano, ya que se activaron 2 frentes que afectan directamente los intereses rurales y de las poblaciones que viven en derredor:

** la víspera de la pre-siembra de primavera para la campaña sojera 2016/2017, enmarcada en la virtual suspensión de la baja del 5% en las retenciones prometida por Macri para este año, no confirmada oficialmente (en danza unos $ 16.000 millones, al menos US$ 1.000 millones de la renta agrícola, según el estudio efectuado por Julio Calzada, jefe del Departamento Económico de la Bolsa de Comercio de Rosario, y la especialista Emilce Terré; y
** la implementación de la postergada valuación fiscal de los terrenos rurales y urbanos, vigente por ley desde 2005 y que debe renovarse cada 10 años, que elevará la base sobre la cual se definen los impuestos que gravan a la actividad agropecuaria. La iniciativa incluye a clubes de campo, barrios cerrados, clubes de chacra y emprendimientos similares.

Ideas para Cambiemos 2017

Intendentes, legisladores y entidades ligadas al 30% del electorado bonaerense que depende del campo entraron en estado de alerta ante el recálculo que está haciendo el gobierno de María Eugenia Vidal del valor de todas las tierras urbanas y rurales de la provincia.

Ya piden frenar el revalúo y advierten que impactará en alzas extraordinarias -de entre 1.000% y 2.000%- en el impuesto inmobiliario del año próximo.

Por ejemplo, Mario Secco, intendente de Ensenada, advirtió que la medida recargará entre un 700% y un 1.900% el bolsillo de los contribuyentes, ya que golpeará no sólo en el impuesto inmobiliario, sino también en sellos, trasmisión de bienes personales y tasas. El alcalde dijo en un documento oficial que el incremento para los comerciantes de ese distrito estará en el orden del 1.200%.

A lo que, como voz oficial, el titular de ARBA (la autoridad recaudatoria provincial), Gastón Fossati, respondió que el revalúo no implica necesariamente un aumento en el impuesto inmobiliario. “Este trabajo sirve como base de cálculo, si bien lo concreto es que el valor del impuesto depende de la política tributaria que defina el Ejecutivo y que luego sea puesta a consideración de la Legislatura mediante la ley impositiva” aún no cerrada, intentó bajar ansiedades.

Que la puerta de la graduación del impacto impositivo del revalúo en la política fiscal haya quedado abierta implica que existe un espacio de negociación que Cambiemos intentará hacer valer.

Caminando el territorio

María Eugenia Vidal encomendó a su ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, comenzar a ejercer un férreo trabajo territorial y afianzar el voto rural en el interior bonaerense, lo mismo que al presidente del Bapro, Juan Curuchet.

En el campo reconocen que el ministro logró trazar buenos vínculos con los directivos de las entidades rurales y también con otros sectores productivos no tradicionales, a quienes busca seducir para que los acompañen en las legislativas de 2017. Le jugaba a favor el crédito de la política oficial con que Macri inició la gestión, con la eliminación de retenciones y la liberación de las exportaciones a los productos agropecuarios.

Al asumir, Vidal había enviado a la Legislatura algunos cambios en el Impuesto Inmobiliario Urbano, con aumentos del 26%. En su carta de presentación apenas pudo proyectar una recaudación de $ 5.693 millones por el Impuesto Inmobiliario urbano, mientras presupuestó el Inmobiliario Rural en $2.881 millones. La inflación licuó lo que consideraban una modesta propuesta fiscal.

El equipo económico del gobierno bonaerense definirá primero los números del revalúo y, una vez puestos sobre la mesa, avanzará sobre la ley impositiva de 2017.

Convergen en este punto la búsqueda de consensuar el horizonte fiscal con la comunidad del interior de la provincia y la necesidad de sentar bases para la construcción electoral.

El otro tema crucial que en estos momentos desvela a la Buenos Aires rural es la derivación que tendría una suspensión prometida por Macri para aplicar este año de la baja de 5 puntos porcentuales en las retenciones a la soja, después de haberlas reducido en igual porcentaje (del 35 a 30%) en diciembre pasado.
En cuentas en las que no cabe ni un alfiler, aducen en el Palacio de Hacienda que no pueden meter ni con forcep el costo fiscal de los 5 puntos, que representa el 0,7% del total de la recaudación esperada por el gobierno nacional para el 2016.

El ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay, dio una señal fuerte en ese sentido al enviar para su tratamiento en la comisión pertinente de la Cámara de Diputados de la Nación el Presupuesto 2017. Según el sitio Valor Soja, prácticamente licuó en términos reales la asignación para el Ministerio de Agroindustria en $ 16.784 millones, un 2,8% superior al de 2016.

En este contexto limitativo, los derechos de exportaciones del complejo sojero rebajados ya devengan una recaudación por retenciones de $ 104.380 millones, 36,8% más que la prevista para el ejercicio en curso.
E inclusive el documento presentado por Prat Gay al Congreso habla de la lechería, de los tambos que cierran y de la necesidad de revitalizar la ganadería, que fue una de las principales agroindustrias de la Argentina y que ha perdido mercados externos importantes.

Como la frazada es corta, el presupuesto expresa así la disyuntiva entre cumplir la promesa electoral de seguir beneficiando al complejo sojero con sendas quitas este año y en 2017 o, en cambio, ayudar con esas divisas a las economías regionales, como la leche y la ganadería.

El debate se abrió, en consecuencia, en el propio seno de la dirigencia agropecuaria.

Entre las entidades, por su parte, no hay mayoría de definiciones en torno de la posible postergación de la baja de retenciones, por lo menos así lo declararon los presidentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Sociedad Rural Argentina (SRA), Dardo Chiesa y Luis Miguel Etchevehere, respectivamente, según las publicaciones sectoriales.

Aunque Chiesa avanzó algo al mencionar, tras calificar como “una de las peores noticias que podría recibir el productor” el eventual incumplimiento con la rebaja del 5% en la soja, que tiene afiliados que «se caen», los ubicados a más de 600 kilómetros de los puertos no son rentables, por más que entienda «los reclamos del Gobierno».
Y disparó: «El país está en una situación financiera complicada, eso es reconocible y comprensible, pero no es comprensible que siempre se tenga que recurrir al campo, hay otros sectores como la minería o el juego, que no tienen la carga impositiva que tiene el sector agropecuario».

Sin embargo, se avizora un interesante debate interno en la entidad que conduce Chiesa, ya que la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), que integra CRA, sentaron su posición de “esperar la quita de retenciones a la soja, ya que reconocemos que hay otras prioridades y somos solidarios». Impulsan una suerte de renunciamiento o «aporte patriótico» de la cadena sojera, para que el dinero sea redirigido hacia otros frentes, en especial las economías regionales, y así se lo transmitió el titular de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Picat, al ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.

También el presidente de Coninagro, Egidio Mailland, señaló que no pondrían trabas a una postergación de la rebaja de las retenciones, si eso «sirve para los problemas que tiene la Argentina, como en las economías regionales».
Pero en la vereda de enfrente, productores autoconvocados de la Argentina (algunas localidades de Buenos Aires, Chaco, Salta, Tucumán, el NOA en general y de Santa Fe) expusieron en un comunicado su respaldo a la decisión del Presidente de eliminar las retenciones gradualmente hasta su erradicación, pero advirtieron que las promesas deben ser cumplidas y que las retenciones son un impuesto distorsivo, confiscatorio, anticonstitucional y discriminatorio.

El maíz como caso testigo

Chemes enfoca la problemática desde una óptica más conceptual, al considera a las retenciones como “el peor impuesto porque desactiva la inversión, desmotiva al productor, pega directamente en las economías regionales, en los pueblos del interior».

Esgrime que así como la quita de retenciones ayudó mucho a otros cultivos, como puede ser el maíz, en soja no se tienen las mejores respuestas esperadas. “Con maíz el productor avanzará mucho, sobre todo porque es una manera de seguir en la rotación de cultivos», diferenció.

Asimismo, le da la derecha en cuanto a que fue correcta la decisión del gobierno nacional de eliminar las retenciones al maíz un ejercicio de simulación realizado por el jefe del Departamento Económico de la Bolsa de Rosario, Julio Calzada, junto con los especialistas Sofía Corina, Federico Di Yenno y Emilce Terré, que demuestra que «no se produce ninguna pérdida de recursos fiscales. Todo lo contrario. Aumenta la recaudación en $ 31.500 millones, en tanto sigue la percepción de los $16.800 millones de los derechos de exportación, que eran del 20 %, a través de otros impuestos”.

En diálogo con Infocampo en el marco del Congreso CREA 2016 «La Re Evolución de la Empresa, el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, se refirió a la crisis de la lechería, e instó «a seguir con el diálogo, que tiene que ser profundo, contundente, fuerte. Algunos funcionarios se sienten ofendidos, y no creo que tenga que ser así. El sector tambero requiere una solución política que no quieren tomar.

El productor está descapitalizado, desfinanciado y fundiéndose. Hay que transparentar la cadena, sentar a todos los eslabones a una mesa y tomar el toro por las astas. Semejante crisis merece que se pague el costo político».
En definitiva, redondeó que todo el campo está ante «una carga tributaria demasiado gruesa” ante la que, por parte del Gobierno, «hay un desequilibrio en las decisiones».

Fuente: URGENTE 24