Córdoba se ha instalado como el primer jugador del “cinturón maicero” nacional y uno de los eslabones de esta cadena se hizo notar: se concretaron inversiones en biocombustibles, con las que la provincia se encaramó como la mayor productora de etanol de maíz (están las plantas de ACA, Bio4, AGD-Bunge).

Las biomasas agrícolas y efluentes de emprendimientos ganaderos son la punta del ovillo en varios proyectos de inversión para generar bioenergía en Córdoba. En función de esta nueva matriz, inversores y referentes del poder provincial apuntan a lograr masa crítica para que esos proyectos prosperen en el engranaje nacional. Están en juego beneficios fiscales, financiamiento de largo plazo y la admisión al sistema de distribución que, sin mediar estos soportes, quedarían relegados o con menores chances de ser competitivos.

Córdoba se ha instalado como el primer jugador del “cinturón maicero” nacional y uno de los eslabones de esta cadena se hizo notar: se concretaron inversiones en biocombustibles, con las que la provincia se encaramó como la mayor productora de etanol de maíz (están las plantas de ACA, Bio4, AGD–Bunge).

Ahora ingresa al tablero otro escalón: la generación de energía eléctrica. La nueva ley de energías renovables (27.191 y su decreto reglamentario 531/16) amplía la gama de fuentes para la generación, entre ellas las biomasas y gases de plantas de depuración, que tienen como impulsores a diferentes materias primas de origen agropecuario.

Desde la vereda provincial, el problema radica en que en el primer corte de licitaciones para proveer a los grandes consumidores y al MEM (mercado eléctrico mayorista) no son admitidos los proyectos por debajo de un megavatio de potencia instalada. Es el caso de la planta de biogás de Huinca Renancó, en la que se asociaron la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y la cooperativa eléctrica local.

De aquí al 2018, según la normativa nacional, el ocho por ciento de la generación deberá provenir de energías renovables, para llegar al 20 por ciento en el 2025. Según los técnicos, para cumplir esas metas, habría que llegar a los tres gigavatios de potencia instalada dentro de tres años, y a 10 gigas a mediados de la próxima década. Esta semana, el Gobierno provincial reunió al gabinete productivo y a legisladores con referentes de los inversores privados. Allí se suscribió un documento en el que se advierte sobre la “incertidumbre regulatoria”, y se acuerdan gestiones ante el Gobierno nacional para ubicar a Córdoba en estos planes estratégicos.

Juan Manuel Rossi, de Fecofe, detalló: “Buscamos incidir en la reglamentación de la ley 27.191 y, más que eso, que en los pliegos del programa RenovAr se tenga en cuenta a las plantas de biogás de pequeña o mediana escala. Es decir, que las que produzcan menos de un megavatio por hora puedan ingresar en la licitación, conseguir el contrato de provisión con Camesa y, a partir de allí, continuar la expansión”.

La planta de Huinca Renancó lleva invertidos dos millones de dólares; para llegar a la potencia proyectada de 1,6 megavatios requiere otros tres millones (una inversión que contaría con oferentes del exterior). La apuesta es lograr ingresar al Foder (el fondo fiduciario para el desarrollo de energías renovables), que financia parte de los proyectos y también las tarifas. Estar en este circuito es lo que moviliza a los productores cordobeses.Carlos Petroli/LA VOZ.