Claudio Molina: El presidente de la Asociación Argentina de Biocombustibles señala la importancia de la norma que regula la producción de combustibles de origen vegetal y comenta la necesidad de mayores precisiones que le den más previsibilidad a la actividad.

El director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles señala las virtudes y destaca los baches del reciente decreto que reglamenta la producción de este tipo de combustibles.

–¿Cuál es su análisis del decreto?

–En primer lugar creo que fue muy importante que el tema se instale en la agenda del Gobierno. Por otro lado, considero que la ley debe ser perfeccionada y que hay varias cuestiones que deben ser resueltas.  

–Se puede decir que el decreto puso un marcha un nuevo mercado.

–Sí. Para cubrir 5% de corte obligatorio en los combustibles se necesitarán, en el 2010, 640.000 toneladas de biodiésel y 160.000 de bioetanol. En cuanto a las exportaciones, con las inversiones previstas, se podrían producir 2 millones de toneladas de biodiésel y 1,2 de bioetanol. La ley limita la producción para consumo interno pero no para exportación.

–¿Qué aspectos habría que mejorar de la normativa?

–El decreto le da, al Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido, un papel preponderante ya que lo convierte en la autoridad de aplicación, salvo en cuestiones impositivas donde interviene el Ministerio de Economía. Entre las cuestiones clave está la determinación del precio de venta cuyo valor lo va a determinar la autoridad de aplicación y esto condiciona el flujo de dinero de cualquier emprendimiento.

–¿Cómo se determinaría ese valor? 

–El mecanismo se dará a conocer en una futura norma. En principio, entiendo que se va a realizar un modelo de simulación, teniendo en cuenta la estructura de costos, la ubicación de la empresa y la rentabilidad. En función de estas variables se fijará el precio de venta. Pero esto es riesgoso, recordemos el Plan

Alconafta de los años ’70 y ’80 que no prosperó, en parte, porque el Estado no actualizaba los precios.

–¿Qué otras cuestiones faltan definir? 

–Otro tema es que el Estado va a otorgar subsidios, en un futuro, a las petroleras que hacen el corte para evitar aumentos de precios en el surtidor. Pero el decreto no habla sobre esto. Esperemos que no se cambien las reglas de juego. Otra cuestión es la definición de economía regional que yo entiendo que es la extra pampeana. Quienes estén radicados en esta zona tendrán prioridad en el otorgamiento del cupo para producir biocombustibles, pero el decreto no especifica qué se considera economía regional. El último punto es que la licencia para producir y el cupo se mantendrán por quince años, según la ley, desde la entrada en vigencia del corte obligatorio pero el decreto tampoco dijo nada sobre esto, con lo cual  son quince años desde su publicación en el Boletín Oficial, pero como el corte será obligatorio desde el 2010, las licencias tendrán una vigencia de doce años.

–¿Las retenciones a las exportaciones de biocombustibles se mantendrán en 5 por ciento?

–Sí. El régimen impositivo afecta más que nada al mercado interno y exime a las exportaciones de una serie de tributos. El biodiésel tiene además un reintegro de 2,5% y el bioetanol, de 4,5 por ciento. El Gobierno tiene la clara intención de favorecer el agregado de valor.

–¿Cómo está el mercado internacional?

–Hay una clara distorsión porque los Estados Unidos pagan un subsidio de u$s300 por tonelada con lo cual los exportadores venden a precios más bajos que otros países.

Biodiésel con perfil exportador

Hasta el presente, los anuncios de emprendimientos de producción de biocombustibles más importantes están vinculados a las grandes empresas aceiteras, al biodiésel y a la exportación. Se estima que hay en marcha proyectos para producir 1 millón de toneladas de biodiésel, situados geográficamente en el polo aceitero de Rosario. Tanto AGD, como Bunge,

Cargill, Dreyfus, Molinos y Vicentín están llevando adelante emprendimientos en esta línea de biocombustibles. 

Nicolás Razzetti

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