Gobiernos y organismos multilaterales discuten cómo aprovechar la riqueza de la tierra. Se intenta evitar conflictos socioambientales y fomentar el desarrollo social e industrial. 

Restos de un bosque en el amazonas, deforestado en el Estado de Pará, en Brasil, para construir una carretera para el transporte ilegal de madera. / REUTERS  

Puede que las materias primas ya no valgan tanto como en los 10 años anteriores, pero seguirán siendo clave para Latinoamérica tanto a corto como a mediano y largo plazo. No es que los productos básicos pasen a valer nada, ni que la región vaya a dejar de explotarlos y exportarlos, sino que recibirá menos retribución por ellos y menos inversión para su desarrollo. Pero seguirán tan vigentes como antes las preocupaciones por los impactos de su extracción en el medio ambiente y su gestión como recurso estratégico, muchas veces no renovable.  

Por eso, el pasado enero se juntaron en Santiago de Chile ministros, subsecretarios y altos representantes de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela en una jornada que un país petrolero y altamente desarrollado como Noruega y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) organizaron como paso previo a un pacto regional sobre la gobernanza de los recursos naturales.

En concreto, CEPAL viene proponiendo a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) cuatro estrategias: la creación de una política de Estado de largo plazo para asegurar que los sectores extractivos contribuyan a la diversificación productiva y la inclusión social; la actualización de los marcos tributarios de los países para que el Estado participe en las rentas de manera progresiva; la institucionalización de mecanismos de ahorro e inversión de largo plazo de estos beneficios y, por último, el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones públicas para gestionar los conflictos socio-ambientales y laborales asociados al desarrollo de estos sectores.

Latinoamérica cuenta con la quinta parte de los bosques del mundo pese a que su extensión equivale al 13% de la superficie emergida de todo el planeta. Dispone del 15% de la tierra cultivable y de un tercio de las reservas de agua dulce. Tiene la cuarta parte de las reservas de biocombustibles y una quinta de las de petróleo. En minería cuenta con el 44% de las reservas de cobre, casi la mitad de las de plata, el 65% de las de litio, el 33% de las de estaño y el 22% de las de hierro. Sus campos producen el 52% de la soja, el 16% de la carne y el maíz y el 11% de la leche.

Latinoamérica cuenta con la quinta parte de los bosques del mundo, el 15% de la tierra cultivable y un tercio de las reservas de agua   «Es imprescindible tener un sistema inclusivo y democrático, instituciones públicas sólidas y competentes y que la sociedad ejerza efectivamente el control sobre sus recursos energéticos», opinó la embajadora de Noruega en Chile, Hege Araldsen, en el seminario organizado en ese país sudamericano. También participaron expertos del Foro Económico Mundial, el Banco Mundial y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, según sus siglas en alemán).

Un informe de CEPAL indica que la renta minera en 2010/2012 supuso el 16,7% del PIB de Chile, el 9% del de Perú y el 4,9% del de Bolivia. Para esos países, los ingresos fiscales por minería son clave: representan el 19,4% del total de los de Chile, el 8,3% de los de Perú y el 4,2% de los de Bolivia. Pero si se compara la renta minera con lo que tributa, el 36% que recauda Canadá suena a mucho frente al 17,2% de Perú, el 15,7% de Colombia, el 15,3% de México o el 9,3% de Brasil. Argentina ingresa el 25,8%, Bolivia el 24,5% y Chile el 25,9%. Los Estados no solo recolectan fondos mediante gravámenes y regalías, sino también gracias a las empresas mineras estatales.

Los hidrocarburos, a su vez, suponen el 12,6% del PIB ecuatoriano, el 11,2% del venezolano, el 7,7% del mexicano, el 7,6% del colombiano y el 6% del boliviano. Los ingresos fiscales provenientes del sector representan el 42,7% de los del Gobierno de Ecuador, el 41,5% de Venezuela, el 35,1% de México y el 31,8% de Bolivia. Dentro de los países evaluados en el estudio de CEPAL, el Estado mexicano era el que más porcentaje de la renta hidrocarburífera captaba (78,4%) en 2010/2012, aunque la apertura del sector al capital privado y extranjero cambiará la ecuación. En Bolivia esa proporción llegaba entonces al 62,6%, en Ecuador al 61,9%, en Perú al 51,6%, en Colombia al 41,6%, en Venezuela al 39,2%, en Brasil al 36,8% y en Argentina al 33,6%, aunque la nacionalización del 51% de la petrolera YPF que pertenecía a Repsol puede modificar la situación.

El modelo exportador latinoamericano está agotado en lo económico   En una conferencia magistral de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la secretaria ejecutiva de CEPAL, la mexicana Alicia Bárcena, advirtió que en el contexto actual de caída de las exportaciones y baja en los precios internacionales de las materias primas, América Latina y el Caribe se encuentra en una encrucijada: «el modelo exportador está agotado en lo económico, así como el modelo asistencialista en lo social», aseguró. Por eso, Bárcena planteó que los países de la región «necesitan enfrentar a corto y mediano plazo el reto de captar e invertir eficientemente las últimas rentas extraordinarias con criterios de sustentabilidad social y ambiental». Sus objetivos son, por un lado, la superación del «paradigma extractivista» y el avance hacia una diversificación productiva y, por otro, la transformación del capital derivado de los recursos no renovables de la región en educación y capacitación, infraestructura física y social, innovación y desarrollo tecnológico.

Pero así como hay quienes rechazan la visión de Bárcena y prefieren una de libre mercado que arbitre los recursos naturales sin intervención del Estado, otros intelectuales ecologistas critican lo que han dado en llamar el consenso de las materias primas, aquel que une a gobiernos de derecha, centro e izquierda en Latinoamérica en la explotación de los productos básicos. Una de sus portavoces es la socióloga argentina Maristella Svampa, que rechaza «la visión productivista» imperante «que ve el crecimiento como un fin en sí mismo, como si los recursos naturales fueran infinitos». Advierte contra «la idea de una Latinoamérica con una naturaleza pródiga que puede salvarla de la crisis y proporcionarle la vía al desarrollo, una visión ‘eldoradista’ que acompaña la tradición latinoamericana». Es de las que se oponen a la explotación de la minería a cielo abierto, el fracking petrolero y la agricultura transgénica entre otros métodos de producción masiva.

Fuente: EL PAIS ESPAÑA