El diputado provincial Antonio Riestra (ARI) ingresó un proyecto de ley que dispone la suspensión, por el término de un año, de los beneficios previstos en la ley 12.692, específicamente en el área de biocombustibles. El fundamento es determinar, en dicho lapso, el impacto que el régimen de promoción tiene en el presupuesto provincial sobre la base del informe anual que debe enviar a ambas cámaras legislativas el Ministerio de la Producción como autoridad de aplicación de la norma.

La provincia de Santa Fe dispuso, a través de la ley 12.692, reglamentada por el decreto 0158, del 1º de febrero de 2007, un régimen de promoción para la investigación, el desarrollo, la generación, producción y el uso de productos relacionados con las energías renovables no convencionales, entre las cuales tipificó a los biocombustibles.

El proyecto de Riestra propone «una suspensión de dicha ley, respecto específicamente de los biocombustibles, a los efectos de analizar y debatir en profundidad el impacto presupuestario de tales beneficios impositivos y, en particular, para tomar conocimiento del informe anual que debe brindar a ambas cámaras el Ministerio de la Producción respecto del ejercicio del cumplimiento de la ley 12.692».

Recordó el legislador que «el propio ordenamiento, en su artículo 14, prevé que, como mínimo, dicho informe deberá contener los proyectos aprobados, los beneficios otorgados a cada proyecto y la localidad en la que se encuentran radicados, y todo aquello que considere necesario para un efectivo control del desarrollo de sus funciones».

La propuesta legislativa «se enlaza con una coyuntura donde todavía no está cerrado el debate sobre las implicancias de los biocombustibles a nivel mundial, particularmente con el aumento de precios de los alimentos, y en una perspectiva más próxima, se vincula con la discusión que distintos actores sociales de la provincia y el propio gobierno proponen sobre la situación presupuestaria. En este sentido, la matriz impositiva vigente, como también los regímenes de promoción en materia de exenciones, reducciones y diferimientos de tributos, tienen un efecto concreto con los niveles de recaudación, y deben ser correctamente monitoreados, con criterios redistributivos y de equidad social», dijo Riestra.

Sobre Iapos

Por otra parte, Riestra ingresó un proyecto solicitando a la dirección del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) precisiones sobre la respuesta recibida oportunamente por la Cámara, a raíz de un pedido de informes con respecto a la designación de personal en ese organismo.

Mediante el decreto N´ 2111 del 18 de agosto de 2006, se designaron en la planta de personal permanente del Instituto 33 nuevos agentes. A los pocos días, Riestra presentó un pedido de informes a la anterior administración sobre las designaciones, el que fue respondido el pasado 24 de junio.

Allí, el entonces director de Iapos, Rubén Lozano, escribió que, «atento a que las actuaciones a que se hace referencia fueron propiciadas por la gestión anterior, esta dirección no tiene más información al respecto».

El legislador ahora considera «indispensable conocer las razones de esta deficiencia en la información, particularmente en un caso tan sensible como lo es el de ingreso de personal en planta permanente. Consideramos que es necesario saber qué medidas se adoptaron frente a esta falta de documentación».

Fuente: El Litoral