Un grupo de personas toma un aperitivo en los veladores de un bar en la plaza del Salvador. ESTHER LOBATO

LA RUTINA ES la industria más lucrativa que existe. En especial si se trata de una costumbre compartida. Con frecuencia los negocios más rentables se nutren de actos banales, de esas cosas sin importancia que hacemos a diario. No somos conscientes de la inmensa rentabilidad que, si uno sabe tocar determinados resortes, palpita en lo doméstico. ¿Quién iba a decir que la basura sería una fuente de beneficios para las grandes empresas? Nadie. Y sin embargo es así: no hay más que ver cómo el procesamiento de los residuos ha ido pasando en las ciudades a manos de consorcios de constructoras reconvertidas en sociedades de servicios.

Zoido ha aprobado una norma que obliga a entregar el aceite usado a una única empresa.

En Sevilla todavía tenemos una empresa municipal -Lipasam- para estas cuestiones. Padece apuros financieros y es foco de recurrentes conflictos. En ella todavía rige la ley de la tribu por encima de la normativa europea. Lipasam no es privada porque su capital es de todos, pero con el actual gobierno local funciona igual que un predio. Ahora tiene en pie de guerra a la hostelería sevillana, un gremio que no se caracteriza por pensar en el interés general. Aún así tiene sus derechos; entre ellos, la libertad. Es un conflicto que no sale en los periódicos, aunque es polémica en los bares. Su causa es bastante vulgar: el aceite que se usa en las cocinas. Miles de litros al día que los hosteleros entregaban hasta ahora a cambio de una contraprestación menor a empresas autorizadas para su reciclaje. El Ayuntamiento ha decidido que esta cadena de eliminación de residuos no es un círculo virtuoso porque no le deja beneficios y ha aprobado una ordenanza que obliga a los industriales, y también a los ciudadanos, a entregar el aceite usado a una única empresa que se encargará de su gestión. Se presenta como un servicio sin coste alguno para la ciudad. Pero estamos ante otra cosa distinta: un monopolio particular apoyado por el Consistorio, que instaura, bajo pena de multa, un privilegio que va contra el libre mercado: justo uno de los conceptos cuya defensa debería hacer un gobierno como el de Zoido, que se reclama liberal sin serlo, igual que los liberales de Puerta Tierra camuflan bajo el doceañismo sus singulares intereses particulares.

Lipasam está ordenando a restaurantes y bares que entreguen gratis y sin discusión sus reservas de aceite a esta adjudicataria. Sobre esto el presidente del gremio, Pedro Sánchez Cuerda, cuyo restaurante es uno de los grandes contratistas municipales, no se ha mostrado hasta ahora excesivamente beligerante. Su asociación ha emitido un comunicado sin firma a petición de algunos asociados. Nada más. Es una contención tan admirable como extraña. Preguntaremos en el Laredo. ¿De quién es esta empresa que ha logrado que el Ayuntamiento trabaje a su favor? Se llama Biouniversal SL. Se fundó en julio de 2010 con el capital social mínimo, pero su carrera ha sido meteórica: nada más nacer conseguía el servicio de recogida del aceite usado en Cádiz, actividad que también gestiona en Puerto Real y San Fernando. En Sevilla se llevó el contrato en 2013 logrando una patente de corso: el Ayuntamiento, al que pagará por cada contenedor que instale y cada bar que se sume -manu militari- a su sistema, le otorga la propiedad de algo que no es suyo, sino de los empresarios de restauración. ¿Quién querría conservar sus residuos? Todos si supiéramos que con la grasa vegetal se fabrica biocombustible, uno de los mercados energéticos con mayores expectativas económicas.
Biouniversal se arroga la propiedad de un bien que no es suyo y con el que se fabrica biocombustible

El negocio es redondo. Los hosteleros pagan el aceite, lo usan y después lo ceden a esta empresa que gracias al respaldo institucional se arroga unilateralmente su titularidad para venderlo a las plantas de biodiésel. Son muy generosos: van a destinar parte de su producción a una ONG para hacer jabón. Pueden permitírselo: según su plan de negocio facturarán 15 millones de euros en dos años. ¿De quién es esta máquina de ganar dinero? En el registro mercantil consta que está administrada por María Alonso de Caso y el compositor cofrade Manuel Marvizón, director musical del locutor Carlos Herrera y miembro del consejo de la SGAE en Andalucía. La primera es la apoderada de José Antonio Sáenz, hombre clave en casi todas las recalificaciones urbanísticas de los años 90 gracias a la financiación de la cúpula de la caja de ahorros El Monte; ex administrador de Giralda TV, antiguo socio de Puerto Triana y dueño de Agua de Sevilla y de la Hacienda La Boticaria. Sáenz ha estado un tiempo ausente. Ahora renace como inventor: según el registro de patentes es él quien ha diseñado el depósito de aceite que es la base de un negocio que tendría algún riesgo empresarial si dependiera de la libre concurrencia. Gracias a la desinteresada ayuda del gobierno liberal de Zoido se convertirá, si los tribunales no lo impiden, en una expropiación perfecta. Lo escribió Gustave de Molinari, un economista decimonónico: «La libertad contribuye a la paz lo mismo que la guerra es la consecuencia natural de cualquier monopolio».

Aguafuertes

Batalla judicial

La guerra del aceite nos va a salir muy cara si prosperan las denuncias que va a presentar la Asociación de Gestores de Residuos de Aceite (Geregrás) contra el Ayuntamiento de Sevilla. Esta patronal estatal recurrirá la medida de Lipasam en los juzgados administrativos, mercantiles y de defensa de la competencia para reclamar indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.

Mejor que expropiar

La clave del negocio de Biouniversal, además del aval municipal, es la entrega gratuita del aceite usado y su conversión en un bien susceptible de tráfico mercantil. Comparado con el mecanismo legal que rige en las expropiaciones de cualquier otro bien tiene coste cero. En las expropiaciones quien expropia al menos paga un justiprecio. Aquí todo sale gratis.

Un problema terminológico

El Ayuntamiento defiende su capacidad legal para obligar a los hosteleros a entregarles el aceite usado amparándose en su encomienda de gestionar «los residuos municipales». El problema es que, según los hosteleros sevillanos, la grasa vegetal no es un residuo, sino «un subproducto alimentario», lo que implica que su reciclaje está reglado pero abierto a la libre concurrencia.

CARLOS MÁRMOL

Fuente: EL MUNDO/ESPAÑA