Aseguran que para recuperar el nivel de rentabilidad que existía al surgimiento de la actividad, en 2006, las petroleras tendrían que pagar aproximadamente 7.300 pesos por tonelada, contemplando la caída de los ingresos generada en los últimos meses por efecto de la devaluación de la moneda. Advierten que peligran 2.500 puestos de trabajo. 

El Secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, empezó su relación con el sector de los biocombustibles con el pie izquierdo: prometió una nueva formula de precios que brinde previsibilidad al negocio a representantes de las pequeñas y medianas empresas, pero luego otorgó (para los meses atrasados) un aumento del 7 por ciento, llevando de 5336 pesos la tonelada en septiembre, a 5.404,87 en octubre y 5.725,64 en noviembre, cifras muy por debajo de las esperadas por los empresarios.

No sólo en lo que respecta a precios, la actividad también enfrenta inconvenientes financieros. La desvalorización del peso nacional aumentó drásticamente los costos de producción debido a que gran parte de los insumos están atados al dólar: el aceite de soja, que es el principal, y el metilato de sodio. Los dos componentes sufrieron importantes ajustes días atrás y es por eso que la actualización del 7 por ciento que otorgó el Gobierno no alcanza para cubrir los gastos generales del negocio. Es en este contexto que se empieza a hablar de cierre de plantas, bajas en la producción, reducción de personal y medidas de fuerza.

“El grave problema del sector es que paga sus insumos en dólares al contado pero se cobra en pesos y a 45 días. Es imposible trabajar así, no hay manera de aguantar”, criticó un empresario del sector que prefirió no ser citado. En su opinión como mínimo hoy la tonelada se tendría que pagar 7.300 pesos, teniendo en cuenta que la divisa norteamericana cotiza por encima de los 8 pesos, un 40 por ciento más que en los comienzos del negocio, cuando se proyectaron inversiones de largo plazo que permitieron llevar la capacidad de producción del país a 4.300.000 toneladas al año.

En la misma línea, desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales elaboradoras de biocombustibles (Cepreb) señalaron que «esta decisión del gobierno nacional pone en serio riesgo la existencia de las más de 2.500 fuentes de trabajo, directas e indirectas, generadas a partir de este sector productivo». Las fábricas de baja escala están operando al máximo de la capacidad pero sin poder cubrir los gastos totales y ya están advirtiendo con adelantar vacaciones al personal.      

Los reclamos apuntan ahora en todas las direcciones: la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo (UEIM), que conduce el Ministro de Economía, Axel Kicillof, la Secretaría de Comercio Interior, al frente de Costa, el Ministerio de Planificación Federal, con Julio de Vido a la cabeza, y por último a la Secretaría de Energía de Daniel Cameron. Con las publicaciones de octubre y noviembre quedó en claro que Kicillof sigue guiando el mercado, siendo De Vido un funcionario que opina sin demasiado peso en las decisiones finales, a pesar de que fuera quien anunció el aumento del corte al 10 por ciento tiempo atrás.

Gastón Fenés // surtidores.com.ar

Fuente: Surtidores