La muletilla del valor agregado, con el infaltable complemento “en origen”, es el eje de la política agropecuaria oficial. La realidad subraya, con gruesos trazos de evidencias, que se trata de una falacia de marca mayor.

El mejor ejemplo es lo que está sucediendo con los biocombustibles.

Lo que fue, sin duda alguna, la mejor (la única) acción positiva de este gobierno para con el sector agropecuario, derivó en una poderosa corriente de inversiones en la saga del “valor agregado en origen”.

Hemos destacado una y otra vez la puesta en marcha, en tiempo y forma, de la ley 26.093, que estableció el corte obligatorio del gasoil con biodiesel y de la nafta con bioetanol. Recordemos que esta ley obtuvo la unanimidad en un Senado presidido por Daniel Scioli y con el voto de la actual presidenta.

Personalmente tuve el privilegio de participar de la promulgación de la ley, en el salón de Acuerdos de la Casa Rosada, con la presencia del entonces Presidente Néstor Kirchner, el ministro de Planificación Julio de Vido y el secretario legal Carlos Zannini.

El resultado de esta gestión política sería, con justicia, merecedora de una estampilla de la “década ganada”. En cortísimo tiempo, la Argentina se convirtió en el principal exportador mundial de biodiesel.

Hace menos de dos años se inició la historia del etanol de maíz. Entre ambos rubros, se canalizaron inversiones por 1.500 millones de valor agregado.

Estas inversiones fueron hechas por pequeños, medianos y grandes productores.

En unos casos, empresas familiares de gran fortaleza, como Vicentín y AGD, asociados con empresas globales como Glencore y Bunge. En otros, sociedades de productores que instalaron plantas en el interior, generando nueva demanda para productos que, como el maíz, se exportaban sin grado alguno de elaboración.

Sin embargo, la nueva conducción económica se ha empeñado en borrar con el codo lo que “el modelo” escribió con la mano. El ministro Kicillof inició el ataque contra los biocombustibles en 2012, cuando le duplicó los derechos de exportación y rebajó el precio para el mercado interno. Lo hizo en el peor momento, porque España (principal comprador) suspendió sus compras y luego la UE le dio el tiro de gracia.

Ahora le llegó el turno al etanol. Hay tres plantas en marcha y otras dos a punto de arrancar. Una de ellas está en San Luis (Diaser) y es de un grupo familiar (Suchet) sumamente emprendedor. La otra es la de ACAbio en Villa María, integrada por 63 cooperativas que agrupan nada menos que a 40.000 productores de toda la pampa húmeda.

Asociativismo, pequeños y medianos productores, valor agregado en origen, toda la música que el relato requiere. Pero todavía no produjeron el primer litro de etanol y el gobierno ya quiere cambiar las reglas de juego.

Según trascendió, la conducción oficial quiere establecer un precio para el etanol de maíz más bajo que para el de caña de azúcar, para lo cual ha solicitado a las fábricas un detallado informe de costos. Si el etanol de maíz es más eficiente que el de caña, la solución no es castigarlo sino, en todo caso, compensar a los cañeros por otra vía si de lo que se trata es de atender una cuestión social.

Convengamos que esta estrategia de Economía es coherente con el modelo de tipos de cambio múltiples tan caros para la mística Kicillof. Y tan caros para el país.

En la Argentina ya estuvimos ahí, generando una estructura industrial artificiosa, costosísima para los consumidores y carente de competitividad.

Pero lo realmente dramático es que esta insistencia está ahora abonada por un nuevo paradigma: el traslado de renta de los segmentos agroindustriales realmente competitivos a los que no lo son. Y que nunca lo serán porque lo que natura non da, SalamanK presta. O regala.

Por Hector A. Huergo

Fuente: Diario Clarín Suplemento Clarín Rural