MADRID.- Ya no lo presenta como una represalia o un boicot por la expropiación de YPF , pero los efectos son los mismos: el gobierno de España excluyó formalmente a las productoras argentinas de biodiésel de la lista de proveedores autorizados a vender el combustible que, por ley, se usa aquí para mezclar con los carburantes fósiles.

La resolución del Ministerio de Industria, publicada el miércoles pasado en el Boletín Oficial del Estado, significa otro mazazo para la industria de los combustibles elaborados a base de soja, después de que la Unión Europea (UE) resolviera el mes pasado aumentar los aranceles para el biodiésel argentino.

España es desde hace años el principal destino de las exportaciones de las plantas argentinas (consideradas las más desarrolladas del mundo), pero el negocio se complicó en abril de 2012, cuando Cristina Kirchner anunció la estatización compulsiva del 51% de las acciones de la petrolera Repsol en YPF.

La primera reacción del gobierno de Mariano Rajoy fue decretar un sistema de cuotas para la compra de biodiésel y excluir de ese beneficio a todas las empresas de fuera de la UE. Lo presentó sin ruborizarse como una represalia comercial.

La Casa Rosada reaccionó con una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y al final La Moncloa revió la decisión, después de que se lo recomendara Bruselas. Pero no derogó el decreto, sólo lo dejó temporalmente sin efecto y eliminó la restricción a las empresas extracomunitarias.

En medio de una fuerte presión de los productores españoles, que denuncian «competencia desleal» por parte de los argentinos, España definió ahora qué plantas estarán en condiciones de vender biocombustible en el país en 2014 y 2015 y en qué cantidades.

En la lista de empresas que habían presentado su solicitud había ocho argentinas: Cargill Argentina, Molinos Río de la Plata, Vicentín, T6 Industrial, Patagonia Bioenergía y Explora fueron descartadas pese a haber entregado toda la documentación a tiempo, mientras que Noble Argentina y LDC Argentina quedaron afuera por «fallas administrativas». En la resolución 1614, firmada por el ministro José Manuel Soria, se hace hincapié en negar cualquier tipo de discriminación en el proceso de elección. «Al contrario, el procedimiento de asignación se ha desarrollado respetando los principios de objetividad, transparencia y no discriminación», indica el texto.

La industria del biodiésel argentino sufrió este año un golpe dramático con las restricciones impuestas por la UE, destino del 90% de sus ventas. En los primeros ocho meses del año, la producción cayó casi 40% y las exportaciones se redujeron 58% (sumaron US$ 602 millones). Aun así, España también fue este año el principal comprador (casi el 40% del total).

Mientras el Gobierno insiste en sus gestiones ante la OMC, la resolución española abre un nuevo frente político y diplomático. La relación bilateral sigue herida por el conflicto irresuelto con Repsol, aunque los dos gobiernos acordaron bajar la tensión pública y tratar sus diferencias de manera reservada.

Tal vez por eso el ministro Soria se cuidó de restarle tinte político a la resolución sobre el biocombustible, en una actitud tan contrastante con aquella de abril de 2012, cuando se anunció por primera vez la decisión de asignar cuotas para la compra de ese producto.

España estableció por ley en 2007 que los combustibles fósiles deben mezclarse con un 10% de biodiésel con el objetivo de aumentar la protección del medio ambiente. Desde entonces, la Argentina fue siempre el principal proveedor (con cerca del 50% del mercado). Los productores españoles se quejaron por la supuesta ventaja irregular que tenían sus competidores argentinos: por el diferencial impositivo, argumentaban, resulta más barato comprar una tonelada de biodiésel que la misma cantidad de la principal materia prima para elaborarlo, el aceite de soja.

La orden consigna la adjudicación de cuotas a 42 empresas, de las cuales 27 son españolas, cinco alemanas, cinco italianas, dos británicas, una portuguesa, una letona y una holandesa, que en total venderán un máximo de 5,5 millones de toneladas.

Por Martín Rodríguez Yebra | LA NACION

Fuente: Diario La Nación