Una medida de la Unión Europea, sin aparente basamento legal, deja sin sustento económico a recientes inversiones argentinas para la producción de energía. 

Una decisión de la Unión Europea respecto del biodiésel, aduciendo dumping, es decir, ventas argentinas a menor precio que en sede nacional, tendrá como consecuencia menores ingresos anuales de divisas del orden de los 1500 millones de dólares, paralización de nuevas inversiones, pérdida de empleos y de ingresos fiscales, además de daños en toda la cadena que tiene a la soja como su principal insumo.

La producción de biodiésel es relativamente novedosa, de notable crecimiento en el último quinquenio y de gran dinamismo con vistas al futuro, nacida a partir de la experiencia de otras naciones, como Brasil, con la producción de etanol a partir de la caña de azúcar, y de los Estados Unidos, sobre la base del maíz. Se reconocen al biodiésel ventajas motivadas en la sustitución de los combustibles de origen fósil y de orden ambiental. La capacidad instalada de producción se estima en 4,2 millones de toneladas en su gran mayoría, a cargo de 11 grandes industrias radicadas, con sólo una excepción, en la provincia de Santa Fe . Como subproducto principal de su producción, surge la glicerina, que dio lugar también a la sustitución de su importación y su reemplazo por exportaciones del orden de los 90 millones de dólares anuales, con el añadido de plásticos biodegradables y otros productos generadores de una cadena de valor.

La decisión europea de sancionar a las exportaciones argentinas con una acción por dumping dio comienzo el año pasado con una investigación que, en mayo pasado, dio lugar a la sanción de un antidumping provisional que en esta última semana se hizo definitivo, por aplicarse en diciembre próximo con una tarifa de 340 dólares por tonelada, que se estima representará un arancel de importación equivalente al 22 o 25 por ciento, según el valor actual del producto. El impacto de la decisión provocará importantes consecuencias no sólo por la magnitud de la medida, sino también por la participación europea en estas exportaciones argentinas, que ha sido del orden del 90 por ciento.

En la industria local se considera una medida sin el respaldo legal correspondiente, según las normas de la Organización Mundial del Comercio, que podrá ser impugnada en un proceso que lleva mucho tiempo. Una tan alta proporción de la participación europea en las ventas argentinas no es de fácil resolución y también representa un largo y costoso camino por recorrer. Un camino que ofrece perspectivas es el aumento de la proporción del biodiésel que lleva la venta local de gasoil, que ahora es del 8 por ciento y que poco tiempo atrás estuvo cerca de ser incrementado en un 10 por ciento, medida que finalmente no fue sancionada.

Su adopción sustentada por la industria local tendría el mérito, en este caso legítimo, de sustituir importaciones de energía en el contexto de la crisis energética que vive el país, y en circunstancias en las que el gasoil importado puesto en refinería ha estado más caro que el biodiésel nacional, sin contar los impuestos específicos. Al mismo tiempo se ahorrarían las tan necesarias divisas.

En suma, se trata de un tema para debatir en el que tendrán necesaria participación no sólo los intereses involucrados, sino las experiencias de las naciones mencionadas y otras más, productoras de bienes bioenergético.LA NACION.