Falta de claridad.Una cámara reclama que haya una regla para fijar los precios internos del biodiesel.

La política del Gobierno respecto del biodiésel quedó nuevamente envuelta en la polémica por la supuesta falta de claridad sobre cómo se establecen los precios internos, por las demoras en la determinación de las alícuotas para las retenciones a las exportaciones y por el rol del viceministro de Economía, Axel Kicillof.

El funcionario es también director de YPF, un gran comprador de biodiésel, pero a la vez integra una unidad oficial que se encarga de fijar las condiciones del mercado.

Para Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, la fijación de los precios internos se hace a «discreción». Esa tarea la hace la unidad ejecutiva interministerial donde tienen un fuerte peso justamente Kicillof y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

«El precio del biodiésel en el mercado interno se determina sin una regla pública, de conocimiento de los productores y de las petroleras. Por el comportamiento que viene presentando, a la luz de la evolución del mercado, no quedan dudas de que la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo la digita de acuerdo a su discreción», señaló Molina a LA NACION.

El manejo de los biocombustibles siempre fue competencia del ministro de Planificación, Julio De Vido. Sin embargo, desde que Kicillof comenzó a intervenir en su área, De Vido fue perdiendo influencia. Según Molina, la «regla» para el precio antes sí existía en Planificación.

«Dicha regla existía hasta julio de 2012, mientras el Programa Nacional de Biocombustibles era administrado por el Ministerio de Planificación Federal, a través de la Secretaría de Energía», dijo.

Doble rol

Molina cuestionó el doble rol de Kicillof como integrante de la unidad ejecutiva y director de YPF, empresa que, por ley, e igual que las demás petroleras, debe cortar gasoil con biodiésel en un porcentaje que hoy es del 8 por ciento.

«Uno de los máximos responsables de la referida Unidad Ejecutiva, Axel Kicillof, es a la vez director de YPF, lo que representa en la práctica algo así como estar de los dos lados del mostrador. Entre otras cuestiones, llama la atención la forma en que YPF opera para fijar precio y volúmenes en el mercado interno de biodiésel, para maximizar sus utilidades», expresó el empresario.

En el área de Kicillof una fuente oficial defendió al funcionario. Dijo que la Oficina Anticorrupción ya había señalado en una resolución que no hay incompatibilidad en las funciones de Kicillof.

Además, respondió que la fórmula para el precio interno sale «al considerarse el costo de producción y el precio de venta» del producto.

En agosto de 2012, Kicillof aumentó las retenciones a la exportación y bajó los precios internos que se les paga a las pymes que producen biodiésel, que pasaron así a trabajar por debajo de sus costos de producción.

Luego el funcionario buscó revertir la situación y, junto con Moreno, impulsaron precios segmentados según se tratara de industrias chicas, medianas o grandes. Además, establecieron retenciones móviles que se deberían modificar periódicamente.

Las retenciones hoy rondan el 20,5 por ciento sobre el valor de exportación. Pero Molina advirtió que las modificaciones se hacen «tarde».

«Se estableció un régimen de retenciones móviles mediante el decreto 1719/12, que debe ser modificado cada quince días. Sin embargo, se modifica tarde, llegando a transcurrir más de tres meses de demora», advirtió.

Sobre la queja de Molina, en el área de Kicillof contestaron que «si no sale cada quince días la modificación, es porque no cambia la alícuota de las retenciones. Es automático».

Según pudo averiguar LA NACION, las empresas que exportan biodiésel están realizando planteos a funcionarios sobre las demoras en la actualización de las retenciones.

No obstante, su principal preocupación es la caída del 60 por ciento en las ventas a Europa por el cierre de ese mercado, debido a las investigaciones de dumping y subsidios que está haciendo el bloque europeo contra la Argentina.

Mientras tanto, las pymes productoras de biodiésel, que abastecen el 50 por ciento del biocombustible que usan las petroleras y se manejan con los precios que fijan Kicillof y Moreno, entre otros funcionarios, indicaron que tampoco conocen el criterio que se usa para fijar los precios, aunque son precios que, según su evaluación, hoy les permiten trabajar.

«Desconocemos cuál es el criterio que se utiliza para fijar el precio; estamos solicitando desde hace un tiempo el establecimiento de una fórmula de fijación», indicó una fuente de la Cámara De Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).Por Fernando Bertello  | LA NACION

Fuente: La Nación