El sector se declara al borde del colapso por la competencia desleal del biocarburante argentino.S. Acosta – Madrid.

Han pasado dos semanas y no tenemos ninguna confirmación de que la orden ministerial se haya aprobado. Sigue paralizada». La queja es del director del área de biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), Manuel Bustos. La patronal reclama desde hace dos años la intervención del Gobierno para frenar la importación de biodiésel argentino, a la que achaca la crisis en la que llevan este tiempo sumidas las empresas productoras españolas.

El problema es la entrada de biocarburante argentino por debajo del coste de su materia prima, el aceite de soja, debido a la aplicación del mecanismo de tasas diferenciales a la exportación, por el que el Estado de este país suramericano grava la producción de aceite de soja con una tasa del 32%, mientras el biodiésel producido en Argentina con esta materia prima soporta solo una tarifa bruta del 20%. De Argentina procedieron 400.000 toneladas de biodiésel en 2010.

El resultado ha sido el fuerte incremento de la importación de producto argentino en detrimento de la comercialización de biodiésel nacional. Los datos de Aduanas arrojan hasta 825.000 toneladas procedentes de Argentina en 2010, el 53% de las importaciones de biocarburante. Indonesia, el otro gran productor mundial de este combustible a partir de aceite de palma, aglutinó el 24% de la entrada de biodiésel en España.

La creciente tensión y las fuertes acusaciones entre empresas de ambos países empujaron a Industria a intervenir a finales del mes pasado. El ministro del ramo, Miguel Sebastián, forzó una reunión a tres bandas entre la Asociación de Productores de Energías Renovables y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, con fuertes intereses en Argentina. En aquella cita se abordó la aprobación de una orden ministerial que lleva más de un año y medio metida en un cajón de Industria, y que ha sido pensada para «evitar las importaciones desleales de biocarburantes, apoyar la sostenibilidad económica del sector e impulsar la producción de las plantas españolas», según recoge la nota emitida por el propio ministerio. Dicha orden sigue paralizada a día de hoy.

Para la patronal, «la inmediata entrada en vigor de esta orden es absolutamente imprescindible para evitar el cierre definitivo de un sector que tiene ya completamente paralizado el 85% de su capacidad total instalada», explican desde Appa, lo que asciende a 4,3 millones de toneladas y 34 plantas paradas de las 49. La industria del biodiésel lleva invertidos 1.400 millones de euros y creados 6.000 puestos de trabajo. El parón de la actividad habría destruido, al menos de forma temporal, la mitad de esos puestos de trabajo.

El peso de las importaciones de Argentina e Indonesia siguió incrementándose en el primer trimestre de 2011, hasta superar entre ambos el 93%, lo que ha llevado a estos dos países a hacerse con el 60% del mercado español, según cifras de Appa, frente al 47% que representaba en 2010. La nueva normativa prevista en España establece que para el cumplimiento de la obligación de biocarburantes en España solo podrá utilizarse biodiésel fabricado en plantas comunitarias previamente designadas por el Estado.

Cambio en la fiscalidad en defensa de los productores

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió la semana pasada, durante el pleno del Congreso, a defender los intereses de los productores europeos de biodiésel. En su respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Mixto Francisco Jorquera, Zapatero aseguró que tanto el Gobierno como la Unión Europea están impulsando el establecimiento de una fiscalidad singular, al tiempo que anunció una reforma jurídica que protegerá a los productores europeos.

Jorquera recordó que Argentina e Indonesia practican «la competencia desleal» y que de esta forma se han hecho con el 60% del mercado español de biodiésel, que está paralizado por la orden de asignación de cantidades de producción, «cuando ya se han superado todos los trámites para su entrada en vigor», remachó.

Desde la patronal del sector se defiende la perfecta legalidad de este sistema de asignación de cantidades y su compatibilidad con la legislación comunitaria. La nueva normativa prevista en España establece que para el cumplimiento de la obligación de biocarburantes en este país solo podrá utilizarse biodiésel fabricado en plantas comunitarias previamente designadas por el Estado. Para Appa, «la legalidad de este mecanismo ha sido repetidamente confirmada por la Comisión Europea en relación a sistemas similares de asignación de cantidades aplicados en Francia, Portugal, Bélgica, Italia o Grecia.CINCO DIAS.