La sección de biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) asegura que el Ministerio de Industria retiene la aprobación de la orden de asignación de cuotas al biodiésel comunitario por orden del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien no quiere desairar al Ejecutivo argentino.

«La orden está en la mesa del ministro (de Industria, Miguel Sebastián) desde hace un mes, pero según informaciones del propio Ministerio, está siendo bloqueada por el presidente del Gobierno», afirmó el presidente de Appa Biocarburantes, Alfonso Aurín, durante una rueda de prensa.

Aurín aseguró que, ante las elecciones de otoño, el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner ha intensificado la presión contra la orden que impide las importaciones «desleales» de biocarburante argentino. La campaña de las autoridades argentinas incluye contactos con varios ministerios españoles, incluido el de Exteriores, y «amenazas con represalias a empresas españolas en Argentina», asegura.

Esta orden asigna unas cuotas de producción de hasta 5 millones de toneladas al año a las plantas españolas y europeas, lo que dejaría fuera de juego a las importaciones argentinas y supondría la salvación para un sector que, en palabras de Aurín, se encuentra en «situación terminal» y recurre a la prensa «para que escriba la crónica de una muerte anunciada».

El presidente de Appa Biocarburantes asegura que el sector ha perdido 3.000 de sus 4.000 empleos cualificados, que en la actualidad solo funcionan 15 de las 49 plantas españolas y que, si se aprueba la orden ministerial, se creará «tres veces más puestos de trabajo de los que se lograrán en (la planta valenciana de Ford de) Almussafes». «Hemos agotado todas las fases, incluidas las de los ERE», añadió.

Durante la rueda de prensa, Aurín también reconoció que el sector padece un exceso de capacidad. La capacidad instalada en España podría producir 4,2 millones de toneladas anuales, si bien las cuotas de biodiésel apenas exigen menos de 2 millones de toneladas.

Para el director de la sección de biocarburantes de APPA, Manuel Bustos, «el sector va a desaparecer de manera irremisible en las próximas semanas». «Resulta vergonzoso que las presiones del Gobierno argentino provoquen la paralización de la orden. El Gobierno debería aprobarla y defender a las empresas españolas», señaló.

1.400 MILLONES «A LA BASURA»

Los directivos de la asociación aseguran que la desaparición del sector supondría «tirar a la basura» cerca de 1.400 millones de euros en inversiones en las 49 plantas del país. En la actualidad, señalan, está parada el 85% de la actividad.

El mercado español tiene un valor de unos 7.000 millones de euros en cuatro años. Argentina e Indonesia han logrado hacerse con una couta cercana al 60% porque gravan en menor medida la venta del biodiésel final que la materia prima, lo que permite a estos países procesar sus propios recursos naturales.

APPA Biocarburantes sostiene que esta práctica es «ilegal», al tiempo que defiende la legalidad de la orden de asignación de cuotas a plantas españolas y europeas. La Comisión Europera, asegura, avala esta medida, al tiempo que Francia, Portugal, Bélgica, Italia o Grecia la aplican.EUROPAPRESS.