El desarrollo a gran escala de biocombustibles de segunda generación (bioenergía producida a partir de algas, celulosa y jatropha, entre otros), abre a la Argentina un camino para sortear la puja de uno de los sectores más dinámicos de la economía local en los últimos años con la industria alimentaria, que demanda los mismos insumos básicos, evalúa un informe elaborado por la Cancillería.

El estudio realizado por el Centro de Economía Internacional (CEI), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, destaca el caso de la jatropha, un arbusto con hojas no aptas para el consumo humano, al cual no se le asignaba valor comercial hasta el presente.

Por sus menores costos, constata el trabajo del CEI, se están explorando cultivos de esa planta en las tierras áridas de Catamarca, Chaco, Formosa y Misiones, con el propósito de ser destinadas a la producción de biocombustibles.

La opción se está desarrollando también en países de África Occidental por parte de empresas europeas, que esperan poder contabilizar la reducción de gases de efecto invernadero como propias, por vía del mercado de bonos de carbono previsto por el Protocolo de Kioto.

Si bien los biocombustibles de segunda generación aún se encuentran en una etapa preliminar de investigación y desarrollo, se plantean como «una clara alternativa a la producción a partir de insumos alimenticios», dice el CEI.

La búsqueda de nuevas opciones para producir biocombustibles se enmarca en la «inevitable puja» con la industria alimentaria por el uso alternativo de la tierra, y busca morigerar la demanda creciente de maíz, trigo, azúcar y soja, que eleva sus precios.

Como no siempre se puede expandir la frontera productiva, o los niveles de productividad, se termina restando a la oferta global el volúmen destinado a esta nueva industria, explica el estudio.

El cuadro podría complicarse aún más si prosperan en el Congreso de Estados Unidos algunas propuestas con sustento bipartidario para reducir los elevados niveles de ayuda estatal a la producción de bioetanol, señala el estudio.

Esos apoyos toman la forma de subsidios directos a la industria procesadora; amplia protección por medio de aranceles en frontera; y ayudas canalizadas a través de pagos directos a los productores, como aquellos contemplados en la Ley Agrícola de EE.UU.

En este contexto, advierte el CEI, una propuesta de los senadores Chuck Grassley (Republicano-Iowa) y Kent Conrad (Demócrata- Dakota del Norte) pretende recortar los créditos impositivos a la industria del biocombustible en los próximos dos años y establecer una mecánica de asociación con el precio del petróleo.

Otro proyecto, de los senadores Dianne Feinstein (Demócrata-California) y Tom Coburn (Republicano-Oklahoma), se orienta a eliminar completamente los créditos impositivos y los aranceles de importación, abriendo el mercado doméstico a la competencia internacional para fines de 2011.

Para evitar que la situación agrave las tensiones de precios en los mercados de ciertos alimentos, «se hace necesario explorar la producción a escala comercial de biocombustibles de segunda y tercera generaciónD», concluye el estudio del CEI.TERRA.