Los elaboradores del biocombustible aseguraron que el gobierno argentino está ejerciendo una «presión intolerable» sobre el Ejecutivo español para demorar una orden ministerial que los beneficia. Los petroleros locales también están en contra de la medida.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El conflicto entre los productores españoles de biodiesel y sus pares argentinos sigue escalando. La rama Biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa) acusó al gobierno argentino de ejercer «presiones intolerables» sobre el Ejecutivo español para impedir o demorar la aplicación de una Orden Ministerial que le garantizará mayor participación al biocombustible de origen local restringiendo el ingreso del extranjero.

Como ya informó Urgente24 , la industria del biodiesel español se vio paralizada por un aumento de las importaciones de Indonesia y, principalmente, de la Argentina. Esto se debe básicamente a que el producto importado ofrece mejores precios que el local.

El mercado español es destinatario del 23% de las exportaciones argentinas del biocombustible. Un negocio que en 2010 trepó a más de US$500 millones, según datos de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).

Hoy, cerca del 60% de la demanda española del combustible vegetal se cubre con el de origen argentino.

En este contexto, los productores españoles reforzaron su presión sobre el gobierno español, luego de que la Argentina iniciara una mesa de diálogo para llegar a un punto en común respecto a la Orden Ministerial.

Para los productores españoles, que denuncian que el «85% de su capacidad instalada está parada», el ingreso del biocombustible extranjero representa la presencia de «importaciones desleales». En un comunicado emitido este martes (14/6), Appa advirtió que las plantas españolas podrían verse «abocadas al cierre de no aprobarse esta normativa de forma inmediata».

La asociación indica que el proyecto de orden sólo requiere ya la firma del ministro de Industria, Miguel Sebastián, para entrar en vigor, tras haber superado satisfactoriamente todos los trámites administrativos previos.

«Estas medidas son equivalentes a las adoptadas por todos los países de nuestro entorno ante la competencia desleal del biodiesel argentino», asegura el presidente de la sección de biocarburantes de Appa, Alfonso Ausín, según el comunicado reproducido por la prensa española.

«Sería increíble que el Gobierno español se plegara ante las presiones y el chantaje del país precisamente causante de esta crisis, sacrificando a la industria española de biodiesel. El Ministerio debe aprobar la orden sin dilación alguna», reclama Ausín.

No obstante, las «presiones» argentinas no son las únicas que aparecen en el panorama. También las hay internamente. Del mismo modo,  los petroleros independientes españoles consideran la Orden Ministerial como un obstáculo.

Por ser el biodiesel producido en España mucho más caro que el importado, se produciría una disparada de los precios de los combustibles que incluyen, como en la Argentina, de un corte obligatorio con biocombustible.

En un documento dado a conocer en marzo, la española Unión de Petroleros Independiente (UPI) considera que la orden ministerial supone una «amenaza para la competencia» y encarecerá el gasoil en 24,5 céntimos por litro, casi un 20%.

La UPI consideró además que la medida gubernamental «privará» a las petroleras y a los consumidores de las «ventajas» de importar este producto y de «la competencia exterior no desleal». Además, señala que, «incluso existiendo competencia, es previsible que solamente sobrevivan los mayores productores españoles, con lo cual el mercado español estaría a la merced de un oligopolio».

La asociación considera además que los problemas actuales de la industria española del biodiesel no se deben solo a las «importaciones desleales», sino también a «inversiones realizadas sobre la base de expectativas sobredimensionadas y fomentadas con ayudas públicas que han supuesto y siguen suponiendo enormes costes para todos los ciudadanos».

Si bien Appa señala que la orden que se reclama al Gobierno está en la línea de las adoptadas por países como Francia, Bélgica, Portugal, Grecia e Italia, UPI responde que la implantación de mecanismos «proteccionistas» similares en la Unión Europea no ha tenido éxito. “El sistema de cuotas italiano ha desaparecido, mientras que el sistema francés está en regresión. El belga ha sido cuestionado ante los tribunales y el portugués está sometido a la fijación periódica de un precio máximo”, señalo.

UPI consideró además que el sistema de cuotas «podría ser contrario a la normativa comunitaria de libre circulación de mercancías y de competencia y podría constituir una invasión de las competencias de la UE en materia de política comercial común».URGENTE 24.