Los especialistas y las organizaciones sociales señalan la necesidad de actuar cuanto antes en temas como minería, depredación ictícola, deforestación, energías renovables, residuos domiciliarios y la contaminación del Riachuelo, entre otros.

Sábado 17 de julio de 2010, Foto: Ilustración: Marina Vagliente.Uso racional de los recursos naturales, planeamiento territorial, protección de especies nativas, saneamiento de cursos de agua y aprovechamiento y reutilización de los desechos son algunos de los desafíos ambientales que afronta la Argentina. LA NACION halló diez temas en pleno debate en el seno de la sociedad argentina. Cada uno plantea un conflicto, pero también una posible solución.

Sociólogos, científicos, abogados, vecinos, autoridades gubernamentales, fueron consultados para poder tener un abanico de opiniones y sensaciones respecto de la relación del hombre y la naturaleza en el país.

Estos son los 10 desafíos ambientales que se plantearon:

Biodiversidad

Según las metas planteadas en la Convención de Diversidad Biológica, firmadas en 1992 por el gobierno argentino y ratificadas en 1994 por el Congreso Nacional mediante la ley 24.375, nuestro país debía alcanzar a proteger al menos un 10% de cada región natural terrestre para 2010 y marina para 2012, y asegurar que la mayor parte de esas áreas protegidas se encuentren bien implementadas (con guardaparques, presupuesto, plan de manejo, por ejemplo) para que cumplan efectivamente con su función.

Sin embargo, actualmente en la Argentina, sólo el 7,7% (214.969 kilómetros cuadrados) de la superficie continental se encuentra protegido. A la vez, sólo un 20% de estas áreas protegidas tiene un nivel aceptable de manejo, mientras que el 57% cuenta con nulo nivel de implementación. Por otro lado, la superficie de mar y costas con algún grado de protección representa el 0,85% (7927 kilómetros cuadrados). Se estima que de las 45 áreas marino-costeras protegidas, el 80% no cuenta con recursos para cumplir sus objetivos básicos.

Entre las especies en riesgo en el país se encuentran, entre otros, el cóndor andino, el oso hormiguero, el ocelote, el yaguareté, el ciervo de los pantanos, mientras que respecto de la flora podemos mencionar el alerce y la araucaria.

Precisamente este año fue declarado por la ONU como el de la Biodiversidad. Incluso, el último informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sostiene que la preservación de los ecosistemas es tanto o más importante que la lucha contra el cambio climático. «La conservación de la diversidad biológica supone una contribución decisiva a la moderación de la escala del cambio climático y a la reducción de sus impactos negativos, haciendo que los ecosistemas, y por lo tanto las sociedades humanas, tengan una mayor capacidad de recuperación. Es esencial que los retos relacionados con la diversidad biológica y el cambio climático sean abordados de manera coordinada y se les dé igual prioridad», dijo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU.

Minería

La minería es una actividad que genera resistencia en algunas zonas de la Argentina. Catamarca es una región ancestral a la que la megaminería llegó para quedarse. Es una provincia minera que alberga, desde hace más de 10 años, a Bajo de La Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. Desde fines de 2009, diversos grupos de ambientalistas de la ciudad de Andalgalá han pasado a la militancia abierta para resistir la presentación de nuevos proyectos extractivos, como el de la Minera Agua Rica, aprobados o en vías de aprobación por parte de las autoridades. El denominador común en casi todos estos enfrentamientos es la falta de diálogo entre las autoridades y los ciudadanos. Estas iniciativas nacieron por la movilización de habitantes de las localidades afectadas, pero luego se sumaron militantes de otras provincias y de organizaciones no gubernamentales de alcance nacional.

«Este ciclo de movilización social, cuyo blanco principal son las transnacionales mineras, se enmarca en las propias lógicas estatales. Estas abarcan la promoción de la industria extractiva minero-exportadora como política de Estado, el aprovechamiento de sus exiguas regalías y escasos puestos de trabajo temporarios por parte de los gobiernos provinciales, y la debilidad de la institucionalidad ambiental que de manera notoria caracteriza a la Argentina. Aunque el marco jurídico que regula la protección del ambiente es tan exhaustivo como robusto, no opera como guía de las políticas públicas, pero habilita a los afectados en sus reclamos», sostiene Gabriela Delamata, investigadora del Conicet y profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.

Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales, opinó: «El régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial, con beneficios exclusivos para el sector como ninguna otra actividad. Ello permite que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres como ocurre en Catamarca, donde la actividad de la mina La Alumbrera, a pesar de estar en funcionamiento desde mediados de la década pasada y con exportaciones que superan el presupuesto provincial, no ha mejorado ni un ápice».

Según el abogado, «la megaminería es inherentemente contaminante e insostenible. Estamos ante una nueva modalidad de explotación, imposible de controlar, diferente de la minería tradicional. Esta megaminería se realiza a cielo abierto con el uso de colosales cantidades de explosivos y sustancias extremadamente tóxicas como el mercurio, el cianuro y el ácido sulfúrico, entre otras».

En la industria aseguran que cumplen con todas las reglamentaciones que exige el Estado para cada uno de los proyectos y que, antes de iniciar cualquier acción, deben presentar un estudio de impacto ambiental que asegure la sustentabilidad del emprendimiento.

Residuos

La basura domiciliaria es un problema en todo el país. Sin embargo, en las conglomerados urbanos es donde más se padece. Para tener una idea, sólo en la Capital y el conurbano bonaerense se generan diariamente 12.000 toneladas de residuos. Todo ese material luego se transporta a rellenos sanitarios que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. La recuperación y reutilización de gran porcentaje del material que se tira es una de las posibles soluciones. En muchas jurisdicciones existen leyes para disminuir paulatinamente la cantidad de residuos; sin embargo, por ahora no hay resultados visibles. Los cartoneros, que surgieron tras la crisis económica y social de 2001, reciclan apenas un 11% de los residuos que se generan en la ciudad.

Uno de los planes que está funcionando es la recolección de aceite vegetal usado. Un buen ejemplo de prácticas sostenibles -en un emprendimiento público-privado- es el que realizan la empresa Gas Meridional y la ONG Reciduca. «Desarrollamos un circuito de recolección de aceite vegetal usado en el nivel gastronómico en el municipio de San Isidro. La idea era evitar que ese aceite fuera vertido al cauce público, obstruyendo drenajes y contaminando el río; que fuera reingresado al circuito gastronómico por los recolectores informales, y además que con el mismo se lograra la sustentabilidad a corto plazo. Hace más de un año iniciamos la implementación del programa, realizando la recolección, con un vehículo y personal propio, tímidamente en 20 comercios. Hoy, hay 90 comercios adheridos, un promedio mensual de 3300 litros y un total de 30.000 litros de aceite recolectados en el primer año», explicó Matías Meszaros, responsable de RSE de Gas Meridional.

Este aporte se sumó al plan bonaerense denominado Plan Bio, que persigue el cuidado del ambiente y el desarrollo de energías alternativas. Según cifras oficiales, se han recolectado más de 240.000 litros de aceite vegetal usado para ser convertido en biocombustible. El programa funciona en alrededor de 60 municipios de la provincia y con él se beneficia a más de 200 instituciones sociales. Hay más de 300 restaurantes, clubes y corredores gastronómicos adheridos al plan. La producción de biodiésel a partir del aceite de cocina usado tiene un rendimiento establecido que permite generar por cada 1,25 litros de aceite que recolectamos, cerca de 1 litro del biocombustible.

Para más información sobre el plan o consultas para participar o adherir al mismo se pueden visitar la Web www.opds.gba.gov.ar

Agroquímicos

El avance de la frontera agropecuaria generó un debate que sigue abierto: el uso de agroquímicos en las plantaciones cuyo uso podría ser nocivo para la salud de las personas. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó un estudio en el que determinó que más de 2 millones de chicos están expuestos al uso de agroquímicos.

El informe, según Cristina Maiztegui, responsable del Area de Medio Ambiente de la Defensoría, unos 6,5 millones de niños, niñas y adolescentes (el 53% de la población infantil) «viven en departamentos con alta vulnerabilidad social. Al respecto, la peor situación referida a la falta de infraestructura de servicios sanitarios se encuentra principalmente en 193 departamentos ubicados en el norte del país y en otras áreas urbanas». La Defensoría destacó que en el caso de la utilización de agroquímicos, los departamentos mendocinos de Guaymallén y Maipú se encuentran entre los que más efectos nocivos provocan a su población infantil, seguidos por la localidad bonaerense de Florencio Varela y las sanjuaninas Pocito y Rawson.

El investigador del Conicet Andrés Carrasco opinó al respecto: «Estas tecnologías (que mejoran la productividad de las plantaciones, especialmente de la soja) no son neutrales y son traccionadas por los modelos de producción traídos de afuera con el consentimiento del Estado. Los agroquímicos son venenos y siempre serán venenos contaminantes en tanto y en cuanto se apliquen de este modo. Las empresas tercerizan para saber cuánto de tóxico tienen los productos. El Senasa no puede delegar ese control antes de poner un paquete toxicológico en el mercado».

Entre las regiones no figuran Santa Fe o las regiones bonaerenses con explotaciones sojeras. «A partir del mapa estamos trabajando en la recategorización de los agroquímicos. No pudieron evaluarse ya algunos que son considerados como benévolos (el glifosato es uno de ellos) y no se puede medir el impacto ambiental real que tienen. Hay que poner en tema en la agenda pública», agregó Maiztegui.

Uno de los agroquímicos que más polémica generan es el glifosato, principio activo de herbicida que actúa bloqueando la actividad de una enzima sin la cual los vegetales mueren. Se trata de un producto que lleva más de 30 años de vigencia y se lo utiliza en unos 140 países. «Se lo comenzó a utilizar en 1974, o sea que en el mundo hay una experiencia de más de 35 años de uso», señaló Pablo Grosso en una nota publicada por LA NACION, director de Gestión Tecnológica de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que agrupa a firmas proveedoras de agroquímicos. Según él es el producto fitosanitario (es decir, de protección de los cultivos) más utilizado en el mundo. «Se usan aproximadamente 2000 millones de litros y la Argentina representa el 8,5% de ese total, con 170 millones de litros», añadió.

Energías renovables

La incorporación de las energías renovables a la matriz energética nacional es uno de los desafíos más importantes que tiene la Argentina. La escasez de combustibles fósiles y el bajo nivel de contaminación que generan alientan este desarrollo. La energía solar, la eólica, la geotermia y la biomasa tienen un gran potencial en el territorio. Aunque las energías renovables cuentan con sólo 30 MW instalados principalmente por cooperativas eléctricas entre 1994 y 2002, el futuro es alentador. Hace un par de semanas se adjudicaron 895 megavatios en proyectos de distintos tipos de renovables.

«En esta industria naciente de energías renovables en el país estamos más que contentos. Estos proyectos, en el marco del programa de Energías Renovables del Ministerio de Planificación Federal (Genren) van a dar la diversidad y la descentralización necesarias para que en todo el país haya algún proyecto con generación de energía limpia», explicó Carlo St. James, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Según St. James, la generación de energía de estos proyectos representará el 3 por ciento de la matriz energética. «Para 2016 debería haber instalado un 8 por ciento. Si seguimos en este camino estamos cerca de cumplirlo», sostuvo.

Aunque este valor ha crecido en los últimos años, está muy por debajo de los valores que se manejan en otros países: Estados Unidos con 35.159 MW, Alemania con 25.777 MW, China con 25.104 MW. Actualmente se calcula que a nivel mundial hay instalados 159.213 MW. En Argentina hay 15 parques eólicos operando. Y para tener una idea de la dimensión, Atucha genera unos 250 megavatios de energía, capaz de abastecer a una población de 600.000 habitantes.

Riachuelo

El Riachuelo es el espejo de los problemas ambientales de la Argentina. Intereses económicos, superposición de jurisdicciones, industrias poco sustentables y falta de saneamiento son algunos de los impedimentos para que este río se vea como un río, huela como un río y contenga la calidad de vida y agua de un río desde hace 200 años. A dos años de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara a los estados nacional y bonaerense el saneamiento del curso de agua, los avances son escasos y los plazos impuestos por el máximo tribunal para realizar inspecciones, estudios y relocalización de poblaciones, están en su mayoría vencidos. Sin embargo, el protagonismo de la Corte y del juez de ejecución del fallo, Luis Armella, generan una esperanza en los vecinos daminificados.

«Necesitamos enriquecer este endeble Estado de Derecho, con observaciones constructivas hacia el mejor y real cumplimiento de la causa. Una posibilidad es la de entablar debates académicos sobre cómo profundizar o no la judicialización de las cuestiones ambientales y administrativas en la causa Riachuelo. Se tiene que castigar al contaminador, y meterlo preso si no resuelve la contaminación que generó. La impunidad nos juega en contra, y mientras no ataquemos a la corrupción, madre de nuestras mayores desgracias, todo nos resultará imposible», opinó Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, una de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado que debe monitorear el cumplimiento del fallo.

Para Alberti también es fundamental el involucramiento por parte de la comunidad en el plan de saneamiento. «Estamos ante una oportunidad históricamente única, con instituciones y organizaciones de principalísimo nivel ocupándose. No debemos permitirnos como sociedad vivir el tema como una nueva experiencia infructuosa», agregó el vecino.

Pesca

En los últimos 20 años desapareció el 70% del total de la población de merluza y un 80% de los especímenes adultos. Esto significa que de diez ejemplares hoy sólo dos llegan a la adultez porque el resto es pescado cuando todavía se halla en el estadio juvenil. Según un informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)basado en los últimos datos públicos disponibles, en 2008, el 61% de los ejemplares de merluza desembarcados en puertos correspondió a juveniles. Eso significa que de los 1,2 millones de toneladas de adultos, pasamos a sólo 200.000, en 20 años. «Los juveniles están sosteniendo los que podrían ser los últimos años del negocio de la merluza», explicó Guillermo Cañete, coordinador del Programa Marino de la FVSA. Una de las iniciativas que Vida Silvestre es pedir a la ciudadanía que no consuma merluza que mida menos de 25 cm.

«El sistema pesquero, como todo sistema, tiene una lógica. Dejar crecer los peces, hasta su primera reproducción, antes de retirarlos del agua, debería ser la premisa de cualquier política pesquera sustentable y rentable», agregó Cañete.Para la ONG, pescar juveniles representa un «mal negocio», es un riesgo para la pesca en el corto plazo y una «pérdida de millones de dólares en el presente». Según datos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), un ejemplar juvenil de merluza puede pesar, en promedio, 145 gramos, mientras que el peso de un adulto comienza en los 315 gramos. Si se pesca merluza sin utilizar dispositivos de selectividad, sólo sobrevive el 48 % al cabo de un año. Pero si se implementan estos recursos para evitar su captura, sobreviviría el 74%, que podrían duplicar su peso en ese mismo plazo.

Aunque el propio Subsecretario de Pesca, Norberto Yauhar, reconoció que «ni la sustentabilidad, ni la seguridad alimentaria serán posibles mientras exista pesca ilegal, no declarada y no reglamentada», la política adoptada por el gobierno, por ahora, no logra solucionar las amenazas ni garantizar la estabilidad del sector.

«Los indicadores ambientales revelan que la situación empeora cada año, y el cierre de empresas y los despidos de miles de trabajadores lo confirman. Sin embargo, ni las medidas adoptadas para la pesca de merluza en 2010, ni los discursos de la Subsecretaría de Pesca reconocieron, hasta ahora, la gravedad de la situación. Celebramos este cambio de actitud, pero es solo un parte de la transformación necesaria en materia de gestión pesquera», opinó Diego Moreno, director general de la ONG.

Bosques

La Argentina se encuentra en emergencia forestal. Hace tres años el Congreso sancionó una ley de presupuestos mínimos que obliga a las provincias a realizar un ordenamiento territorial en el que debe establecer el nivel de protección de sus bosques. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.

En ese período se perdió el 70% de los bosques nativos originales y la deforestación aumentó fuertemente en la última década por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Sin embargo, la nueva norma frenó a las topadoras.

«Es importante que ya haya provincias que estén avanzando en el ordenamiento del territorio. Algunas han tenido algún ruido por falta de participación ciudadana. Sin embargo, sigue sin instrumentarse el fondo que se creó para la protección. Eso sin mencionar que el monto establecido por ley representaba para este año unos 800 millones de pesos y sólo fueron asignados 300», indicó María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Según Di Paola esta dilación en la implementación ha actuado en detrimento de la moratoria de desmonte en varias provincias. Al tiempo que destacó: «Lo que hay que combatir es el desmonte ilegal, que todavía existe. Es necesario que las autoridades, en conjunto con la ciudadanía trabajen en el monitoreo».

Cuencas hídricas

La contaminación de las cuencas hídricas también son un problema ambiental profundo. Casi con el mismo nivel de polución que la del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires está la del Reconquista. Su cuenca cubre unos 1670 kilómetros cuadrados y su recorrido atraviesa 18 partidos de la provincia de Buenos Aires hasta desembocar en el río Luján.

Según estudios científicos, el Reconquista aporta el 33% de la contaminación industrial y cloacal al estuario del Río de la Plata. De las 12.000 industrias radicadas en su cuenca, se ha estima que unas 700 vierten en sus aguas, de modo clandestino, efluentes con residuos. En esa misma cuenca, altamente contaminada, viven cerca de cuatro millones de personas y una población igualmente numerosa se relaciona o depende económicamente de las actividades que allí se desarrollan.

Al igual que en el Riachuelo, en la cuenca del Reconquista se conformó, en 2001, un comité para planificar las tareas de saneamiento. A casi diez años los resultados brillan por su ausencia.

«La ley sigue estando incumplida. Esta gestión ha divido la cuenca en tres partes pero no ha convocado a nadie a una reunión. Supuestamente se armarían 18 consejos consultivos y, hasta el momento, sólo hay dos», contó Adriana Córdoba, vecina de la zona y representante del Centro Oeste de Estudios Políticos, Sociales y Ambientales (Coepsa).

«No sabemos qué se va a hacer. No nos convocan para comunicarnos nada», agregó la vecina. Córdoba se refiere al plan oficial que se anunció en la provincia de Buenos Aires para realizar el saneamiento que requeriría unas inversión de unos 200 millones de dólares. Según fuentes oficiales, ese dinero provendría de un préstamo BID que estaría pre aprobado, y el plan comenzaría el año próximo.

Sin embargo, en Coepsa advierten: «En términos de saneamiento el proyecto no menciona una palabra. No explica cómo se va a hacer el control industrial ni si va a haber reconversión de las empresas que existen. Y sólo se destina un 3% a remediación».

Glaciares

El agua es un recurso estratégico para la Argentina. Una de las reservas más importantes con las que cuenta el país son los glaciares. Sin embargo, a dos años de que se vetara la norma que establecía no sólo su protección sino también la realización de un inventario de los gigantes de hielo, no se sancionó una nueva ley. Un prometeder avance es que el jueves pasado la Cámara de Diputados haya dado media sanción al proyecto de ley de protección de glaciares.

Los glaciares en claro retroceso en Argentina son: el Upsala, el Ameghino, el Viedma, en Santa Cruz y el Tronador, en Río Negro, entre otros.

«Las imágenes satelitales muestran claramente la tendencia de retroceso que tienen nuestros glaciares. La causa fundamental es el aumento de las temperaturas, aunque pueden existir otros factores como la reducción de la precipitación entre las causas», explicó Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nieve y Glaciares del Conicet.

En Cuyo los glaciares son fundamentales como reguladores de los recursos hídricos, en la zona norte de la Patagonia son reguladores de caudales de ríos y fuentes de energía y en el Sur, en El Calafate toda la actividad regional gira en torno al recurso. «La función reguladora los convierte en una reserva hidrológica fundamental. Me encantaría responder cuántos glaciares hay en la Argentina, pero lamentablemente los inventarios que existen no están actualizados. Un ejemplo: sólo una cuenca en Mendoza cuenta con 900 glaciares», indicó Villalba.

«Dada la importancia que tienen los glaciares cuesta creer que no dispongamos de una ley de protección de glaciares que permitirá, que además de la protección per se se pueda realizar el inventario», agregó. El científico cree que el error es pensar en una norma de protección como una ley para limitar un tipo de producción. «No se trata de una ley antiminera», dijo.

El cambio climático es un fenómeno global que altera las temperaturas promedios del planeta generando no sólo menos diferencias entre las estaciones del año sino también fenómenos extremos más frecuentes. Según algunos expertos, el fenómeno es consecuencia de la actividad humana, que provoca gases de efecto invernadero que no dejan salir el calor del planeta. El compromiso mundial que se firmó en el Protocolo de Kyoto que establecía la reducción de, al menos, un 5 por ciento de esos gases para 2012, meta que no será alcanzada.

Por Laura Rocha / De la Redacción de LA NACION

FUENTE: LA NACION

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