El calentamiento global: voces de alarma entre las organizaciones no gubernamentales.

La Argentina no tiene los medios para realizar mediciones específicas; sin diagnóstico, no existe una política responsable.

Nuestro país no tiene, ni puede por ahora tener, una planificación a largo plazo para adaptarse a los efectos del cambio climático. Lo advierten los expertos y lo admite la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti.

 Sucede que no existe en el país un sistema integral de mediciones hidrológicas y climatológicas que permita, en primer lugar, obtener los datos necesarios para elaborar un diagnóstico y, sobre esa base, diseñar una política estratégica para contrarrestar las consecuencias adversas del calentamiento global.

Si bien fueron identificados, a grandes rasgos, los fenómenos derivados del cambio climático que ya empezaron a afectar a nuestro país (mayor frecuencia y severidad de inundaciones, sequías y tormentas; inviernos más cálidos, aumento del nivel del mar), se ignora cuáles serán las áreas y las poblaciones más damnificadas, y, por eso, resulta imposible prever medidas para minimizar la influencia del aumento de la temperatura del planeta.

«No hay datos para correr modelos matemáticos a nivel comunal. No puedo decir cuáles serán los puntos más afectados y por qué fenómenos. La comunidad internacional tiene una deuda con los países en desarrollo: financiar el relevamiento de datos mediante un sistema de mediciones hidrometeorológicas y climatológicas. No hacen esfuerzos de disminución de emisiones y encima no transfieren dinero. Nosotros tenemos una cantidad limitada de recursos para tanto por atender», admitió, vehemente, a LA NACION Picolotti, consultada sobre las críticas escuchadas recientemente sobre la falta de un plan estratégico nacional.

Entre esas voces de alarma figura la de Osvaldo Canziani, físico, doctor en Meteorología, especialista en hidrometeorología aeronáutica y copresidente del Grupo de Trabajo II del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que estudia los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación del planeta al calentamiento global.

«Necesitamos redes de observación integrales para tener un monitoreo permanente de los recursos naturales de todo el país [hidrológicos, terrestres, atmosféricos, físicos y biológicos], con transmisión en tiempo real de la información. Por un lado, un sistema de medición de ese tipo servirá para generar los datos básicos sobre los recursos que poseemos y, así, determinar trayectorias de sustentabilidad; saber dónde pueden instalarse poblaciones y dónde no, qué cultivos se pueden desarrollar en qué regiones, los riesgos de enfermedades… Por otro lado, tendremos alertas tempranas sobre todo tipo de catástrofes», dijo a LA NACION.

Además, la organización de un sistema de mediciones integral permitirá desarrollar un plan a largo plazo con una continuidad asegurada pese a los cambios de gobierno. «Hoy no hay visión a largo plazo, ni acá ni en ningún país en vías de desarrollo. Se atienden las urgencias. Y terminamos siempre empezando de cero, sin acumular experiencias», lamenta Canziani.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales también señalan la falta de una planificación en el mediano y el largo plazo, enmarcada en una política ambiental integral. «Hay proyectos de mecanismos de desarrollo limpio (MDL), pero no una planificación que los enmarque. Este año distintos informes emitidos no dejan duda de la certeza científica de las consecuencias del calentamiento global. Más que nunca las autoridades deben adquirir una mirada de largo plazo para avanzar en estrategias de mitigación y adaptación», explicó la directora del área de Comercio y Desarrollo Sustentable de la fundación, María Fabiana Oliver.

Y continuó: «Hasta ahora hubo acciones aisladas, que hubieran dado mucho mejor resultado si formaran parte de un plan integral. Afrontar las consecuencias del cambio climático será el desafío del siglo XXI. Y que no me digan que hay una estrategia si no tenemos una ley de conservación de bosques, que el oficialismo podría sancionar con su mayoría en el Congreso, ni un ordenamiento territorial para la producción agrícola».

¿De qué se habla cuando se habla de mitigación y adaptación? En pocas palabras, las estrategias de mitigación son acciones que prevén, reducen o desaceleran los cambios del clima o del paisaje; consisten principalmente en cambiar las fuentes de energía para estabilizar la emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Presentes en la atmósfera, estos gases (el dióxido de carbono, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorcarbonos y el hexafluoruro de azufre) elevan la temperatura, porque retienen el calor que la Tierra recibe del Sol.

Estrategias de adaptación

Las estrategias de adaptación son acciones que contrarrestan las consecuencias adversas de los cambios del clima o del paisaje. Por ejemplo: mudar a la gente que vive en áreas bajas cercanas a las costas que van a ser inundadas por la creciente del nivel del mar, cambiar a tipos de cultivos agrícolas más tolerantes a la sequía, aumentar el uso de la irrigación en la producción de cultivos en las áreas que se espera que se tornarán más áridas, instalar máquinas de fabricación de nieve en los complejos recreativos de esquí, conservar la biodiversidad, mantener la conectividad del paisaje para ayudar a la vegetación y a la fauna migratoria, reducir la fragmentación de los hábitats y manejar las especies que se pueden adaptar al cambio climático.

Sin un diagnóstico de dónde estamos y con qué recursos contamos, deviene imposible determinar hacia dónde vamos. Picolotti parece no ignorar la situación. «Por supuesto que me gustaría tener los datos para planificar normalmente, para instalar una política nacional a largo plazo. Pero es mucha la plata que hay que invertir. Sólo para seis estaciones de monitoreo en el Riachuelo invertimos 3 millones de pesos», argumentó.

Mientras tanto, indicó la funcionaria, la secretaría creó la Mesa de Atención de Emergencias y Desastres Ambientales, con objeto de aunar esfuerzos de distintos organismos del Estado para asistir las emergencias causadas por catástrofes naturales.

Además, Picolotti destacó los programas de mitigación relacionados con la reconversión tecnológica de las industrias que impulsa el gobierno nacional. «Nosotros les damos asistencia técnica gratuita para que los proyectos coticen bien en el marco del Protocolo de Kyoto. Y estamos peleando por simplificar el ingreso. La protección del ambiente también tiene que ser un buen negocio», reflexionó.

Otras medidas del Gobierno son la prohibición de importación de pesados que no cumplan con Euro 3; el desarrollo de proyectos de protección de bosques nativos, mientras se aguarda la sanción en el Congreso de la ley de conversación de bosques (ver aparte), la remisión de proyecto de ley para crear un fondo de compensación que financie emprendimientos rurales que conserven bosques nativos; proyectos piloto de transporte limpio en Córdoba y Rosario; la reglamentación de la ley de biocombustibles; la primera estación experimental de energía de hidrógeno en Pico Truncado.

«La Argentina va bien. Con la preparación de proyectos de mitigación está dentro de los compromisos asumidos», dijo el investigador del Conicet y miembro del Centro de Investigación del Mar y de la Atmósfera (CIMA) Vicente Barros, lejos de las críticas del IPCC.

Y sostuvo: «En cuanto a las estrategias de adaptación, recién se está planteando el tema. Es prematuro decir que no se está haciendo nada. Hay una enorme cantidad de trabajos y obras realizadas, sobre todo en infraestructura hídrica, para adaptarla a las nuevas condiciones climáticas. Sí hay que acelerar el paso porque la naturaleza nos está ganando la carrera».

Por Angeles Castro
De la Redacción de LA NACION

Sin controles

Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que evaluó la gestión ambiental del INTA durante el período 2002-2005, la tala indiscriminada de árboles en el país (que provoca la pérdida de 250.000 hectáreas de bosques al año, según la organización Greenpeace) es responsabilidad del Estado, que poco y nada hace para controlar la expansión arrolladora de la frontera agrícola por el auge de la soja.

Fuente: Diario La Nación