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Argentina, desde hace varios años, dificulta la labor de la industria de biocombustibles en lugar de promoverla.

El Congreso Nacional ha dejado caer algunas de las normativas que protegían el complejo de empresas que se dedican a la energía verde. El porcentaje de corte real de combustibles es hoy el segundo más bajo desde el inicio de la obligación efectiva de mezcla, establecida en marzo de 2010. A este complicado panorama se suma la llegada de la llamada «ley ómnibus» que el presidente Javier Milei envió al parlamento en los últimos días.

La potencial normativa implica modificaciones en ocho artículos de la ley 27.640 (que tiene vigencia hasta fines de 2030). Según las empresas afectadas, se podría provocar un «colapso» en las pymes que se dedican a la producción de biodiésel y bioetanol.

Las provincias comprometidas son numerosas: las del Noroeste producen alcohol en base a la caña de azúcar y las de la Zona Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) se centran en las oleaginosas.

La legislación vigente es clara al establecer que se reserva para las pymes la provisión del 12% del bioetanol (que lleva derivados de caña de azúcar y maíz) mientras que fija en 7,5% de biodiésel (en base a aceite de soja).

Consultado por Carbono.news, el productor de biodiesel santafesino y titular de Rosario Bioenergy, Federico Pucciariello, expresó: «En el Decreto de Necesidad y Urgencia no se tocan temas que nos afecten, pero en la ley ómnibus sí. Allí, se modifica toda la matriz energética de la Argentina. Se busca que las pymes le transfieran buena parte de su rentabilidad a los grandes holdings petroleros nacionales y globales. Con la excusa de la baja en los precios de la nafta y el diésel, seríamos el único país productor de biodiésel y bioetanol que no tendría una ley específica que lo proteja. Se podría importar combustible ecológico, lo cual sería una locura. A nosotros no nos permiten exportar y, como contrapartida, les abriríamos las puertas a los que hoy nos las cierran. Sería tragicómico. También, se perdería la trazabilidad del producto».

En nuestro país, el sector de biodiésel hizo inversiones en base a tiempos que se extendían a lo largo de toda la década. A ellos se está alterando la seguridad jurídica, no se les respeta.

La ley «ómnibus» establece que la autoridad de aplicación podrá imponer porcentajes mínimos de mezcla entre cada biocombustible con los combustibles fósiles.

«Como está diseñada, la posible ley podría significar el fin de todas las pymes dedicadas a introducir cortes de combustibles verdes. Estamos frente a un gobierno que pide respetar la ley, pero las altera desde la primera semana de gestión. Deberíamos ir en busca de una legislación más parecida a la que tienen los brasileños donde el nivel de corte va subiendo con el correr de los años. Somos el país con más recursos renovables tiene per cápita en todo el mundo. No podemos resignar esa condición» cerró Pucciariello.

Por Marcelo López Masía

FUENTE: CARBONO NEWS