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En la industria advierten que la nueva ley provocará el cierre de plantas y la caída del precio del aceite, entre otros perjuicios.

De 2007 a esta parte, el sector privado invirtió unos 2000 millones de dólares para el desarrollo de la industria de biodiésel. Se habilitaron 33 plantas que dan empleo a unas 6000 personas en forma directa e indirecta. Ahora, una nueva Ley redujo en un 50% el corte de combustibles con biodiésel. ¿El resultado? Una vuelta atrás en el agregado de valor y una potencial caída del precio del aceite de soja argentino.

A mediados de julio de este año, el Senado sancionó una nueva ley de biocombustibles que tendrá vigencia hasta 2030 y reemplaza a la anterior promulgada en 2006. Hasta ahora, el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil era de 10%, pero con la nueva ley pasa al 5% y la autoridad de aplicación (Secretaría de Energía de la Nación) podría decidir reducirlo hasta 3% si llegara a darse un incremento del precio de la soja, la materia prima de esta industria.

Aunque la iniciativa logró el acuerdo político de ambas cámaras, tiene una mirada muy crítica del sector, y particularmente de la industria del biodiésel. Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), recuerda que “es una industria que prácticamente no existía hasta 2007 y que tomó impulso partiendo de la base de que Argentina tiene uno de los complejos de molienda de soja más importantes del mundo”.

A la par del crecimiento de la producción de biodiésel, se fueron consolidando inversiones en otras industrias como, por ejemplo, la de producción de metilato de sodio, un catalizador que se usa como insumo para generar ese biocombustible y que también se exporta; y otros subproductos derivados del biodiésel como la glicerina, que hoy se exporta por unos 100 millones de dólares entre su versión cruda y refinada. “El crecimiento de esta industria nos permitió que la soja sea alimento para animales, aceite, biodiésel y hasta esté presente en la pasta de dientes que usamos a diario”, marca Castro.

Freno de mano

Sin embargo, la nueva normativa vigente pone un freno de mano a ese desarrollo y para el titular de Carbio hay tres grandes ejes que dimensionan su impacto. Por un lado, advierte que “se generará una sobreoferta al mercado de aceite”. Esto se debe a que hasta ahora se venían volcando a la industria alrededor de un millón de toneladas de aceite de soja que se convertían en biodiésel para abastecer al mercado. Pero al bajar el corte obligatorio en un 50%, ahora ese mercado requerirá 500.000 toneladas menos que deberán ir al mercado de exportación de aceite, en el que Argentina es líder a nivel mundial.

“Eso genera, por un lado, una primarización evidente, porque dejamos de industrializar ese aceite, pero por otra parte nos obliga a sobreofertar a los compradores, por ende caerá el precio relativo del aceite de soja argentino”, adelanta.

El segundo foco está puesto en la sustitución de importaciones que generaba el biodiésel. Con la baja en el corte obligatorio la Argentina deberá comprar más gasoil en el exterior. “Esas 500.000 toneladas de biodiésel que ya no se usarán, no se reemplazarán con gasoil producido en nuestras destilerías ni por trabajadores petroleros argentinos, vamos a salir a comprar gasoil importado”, señala.

Y la tercera pata está vinculada a lo que Castro califica como “un retroceso importantísimo” en materia de diversificación de la matriz energética gracias a combustibles renovables 100% de producción nacional. Para él, “esto se vincula directamente a lo ambiental, por el simple hecho de que ese 5% (que todavía puede ser mayor) se reemplaza por combustibles fósiles, lo que va en contra del compromiso que asumió Argentina en el Acuerdo de París para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero bajo el principio de progresividad que indica que una vez que se avanza, no se puede volver atrás”.

En el caso del biodiésel , añade, hay estudios de INTA que están siendo homologados a nivel internacional y afirman que la reducción de GEI es de 70% en comparación con el combustible fósil al que reemplazan (gasoil). “Por eso, cualquier baja en el corte tiene un impacto directo en la reducción de emisiones que Argentina venía logrando”, acota.

Castro insiste en que es una cuestión de desincentivos porque se trata de un negocio en el que la escala permitió consolidar ciertas economías en paralelo para ocupar nichos y aprovechar oportunidades. “Bajar el corte a la mitad significa cortar la inversión en desarrollo de industrias como la de glicerina o de biocombustibles de segunda y tercera generación, por ejemplo”, señala.

por EITAN ABRAMOVICH – AFP

FUENTE: DIARIO LA NACIÓN/BUENOS AIRES/ARGENTINA