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LEY DE BIOCOMBUSTIBLES: EL CAMBIO DE RÉGIMEN IMPACTA EN CÓRDOBA

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El oficialismo introdujo modificaciones que pueden afectar a la industria del bioetanol, de la que Córdoba es líder nacional. Cruce entre diputados cordobeses.

Cordobeses. El bloque del Frente de Todos apoya los cambios para la industria del biocombustibles.

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El Frente de Todos aprobó durante la madrugada en la Cámara de Diputados, con apoyo de algunos integrantes de Juntos por el Cambio y de otros bloques de la oposición, el nuevo régimen de los biocombustibles, que regula el corte obligatorio del biodiésel y bioetanol en el gasoil y la nafta.

El oficialismo se aseguró el avance de la iniciativa con apoyo de diputados de Juntos por el Cambio provenientes de provincias azucareras (Tucumán y Jujuy), el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, liderado por José Luis Ramón, y otros aliados como la neuquina Alma Sapag y el salteño Andrés Zottos.

El rechazo fue encabezado por Córdoba Federal (en la provincia hay alrededor de 23 plantas productoras), el lavagnismo, los santafesinos Enrique Estévez y Luis Contigiani y los dos integrantes del Frente de Izquierda.

Decepción en la industria por una baja en el corte. (La Voz / Archivo)
Biocombustibles: decepción en la industria por una baja en el corte

La votación terminó 135 contra 110, a favor de los cambios para el régimen de biocombustibles. Hubo dos abstenciones.

El proyecto, que ahora pasó al Senado, reduce del 10% al 5% el corte obligatorio del biodiésel en el gasoil y mantiene en 12% el de bioetanol en la nafta, con un 6% a base de caña de azúcar y el otro 6% a base de maíz. Sin embargo, Juntos por el Cambio advirtió que los porcentajes son abstractos porque la Secretaría de Energía podrá modificarlos.

En ese sentido, la diputada Jimena Latorre (UCR) advirtió que en el dictamen se quitó del concepto de mezclas obligatorias la palabra “mínimas”. “Lo único que estamos discutiendo es una autoridad de aplicación y sus facultades, y, como le gusta al oficialismo, es una autoridad de aplicación con superpoderes”, lamentó.

La dependencia hoy a cargo de Darío Martínez podrá reducir el corte al 3% tanto para el biodiésel como para el bioetanol de maíz si los precios internacionales de los commodities suben y disparan un aumento del precio del combustible en el surtidor, o bien ante situaciones de escasez.
El diputado Eduardo Fernández (Frente de Todos) hizo intentos al interior del bloque para salvaguardar al bioetanol de maíz, industria clave para Córdoba, pero finalmente el texto no sufrirá cambios y fuentes legislativas no descartaban un retoque en la reglamentación.

EL DEBATE

“Adaptamos el marco regulatorio a nuevos escenarios y generamos con la nueva norma herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector”, destacó, al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar “Chafi” Félix.

Su compañero de bloque Fernández aportó: “De fondo, estamos discutiendo entre libre mercado o un Estado presente. No legislamos para dos o tres empresarios, legislamos por los intereses de las mayorías y dentro de esas mayorías están los empresarios”.

“Los diputados que dicen que este proyecto es ‘anti-cordobés’ porque hace peligrar fuentes laborales son los mismos que defienden el modelo que convirtió a Córdoba en la capital nacional del desempleo, según los últimos datos del Indec”, lanzó el oficialista.

La respuesta llegó de parte de Soher El Sukaria (PRO), quien denunció que “la ley es un ataque más del kirchnerismo contra Córdoba, un golpe certero a una industria en pleno desarrollo que pone en jaque miles de puestos de trabajo en nuestra provincia. Es un verdadero volantazo hacia la imprevisibilidad; y un castigo a quienes apostaron a la inversión y a la creación de trabajo genuino”.

Desde la bancada schiarettista, que viene cuestionando la política del oficialismo en este tema, Carlos Gutiérrez planteó: “Está claro que las promociones deben terminar algún día, pero deben terminar cuando el sector tiene la capacidad suficiente para desarrollarse en el mercado y no dejarlo a merced del lobby petrolero”. El riocuartense no rechazó la necesidad de revisar la ley, aunque aseguró que “no de esta forma; se pierde la oportunidad para discutir en serio la matriz energética toda”.

En tanto, Omar De Marchi (PRO) también habló de una “súper Secretaría” que “va definir los volúmenes de ventas, la política de precios y sanciones a sola firma del secretario. Lo más grave es que esta ley prohíbe la instalación de nuevas empresas, y esto concluye en un mercado claramente limitado, cautivo y con tendencia al monopolio”.

Desde Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez alertó que el Gobierno “no tiene una política de biocombustibles” y que “el rumbo se empezó a perder cuando, después de haberse votado por unanimidad en el Senado la prórroga del régimen el 30 de octubre, esa oportunidad se desechó”.

Por el contrario, el mendocino Ramón consideró que se trata de “una propuesta superadora de la simple prórroga para los próximos cuatro años”. “Con esta ley no estamos yendo para adelante ni para atrás. Tan solo estamos sentando las bases por el lobby de 54 empresas que han logrado establecerse en un negocio millonario y generar empleo por más de 30 mil puestos de trabajo”, dijo.

Además de Unidad Federal para el Desarrollo, se disponían a votar a favor los tucumanos y jujeños de Juntos por el Cambio, ya que el bioetanol a base de caña de azúcar tiene un trato favorable: sólo podrá reducirse el corte de 6% por razones de escasez “general y comprobada” y de forma transitoria.

“Si no tuviéramos esta ley y la producción de bioetanol, esa azúcar debería destinarse a un mercado externo, que tiene precios de quebranto. Sin esta ley, la industria azucarera estaría hundida, no tendría futuro”, explicó el tucumano Domingo Amaya (PRO).

El proyecto prohíbe a las empresas que produzcan o destilen hidrocarburos ser titulares o tener participación en empresas o plantas productoras de biocombustibles. Juntos por el Cambio se disponía a proponer una modificación para que las petroleras puedan participar del mercado de biocombustibles de segunda y tercera generación.

Para Brenda Austin (UCR Córdoba), la industria de los biocombustibles “contribuyó a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero”, por eso planteó: “Lo más grave (del proyecto) tiene que ver con el retroceso en materia ambiental. Argentina asumió compromisos cuando suscribió el Acuerdo de París”, apuntó la vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

CORDOBESES ENFRENTADOS

El cierre del debate, a la medianoche, dejó a la vista las visiones contrapuestas entre los diputados de Córdoba. “¿En qué parte del proyecto se habla de la reducción del corte?”, cuestionó Pablo Carro, del Frente de Todos, y continuó: “Usan ese argumento y dicen que se va a producir menos, que va a haber más desocupación, que somos anti-empresa, que vamos en retroceso, que tenemos un gobierno intervencionista, que le damos arbitrariedad a la autoridad de aplicación, que generamos incertidumbre…”.

Carro aclaró que “la ley actual habla de 5% y estamos en el 12%. Del 5% al 12% hemos llegado a partir de resoluciones que se fueron tomando en nuestros gobiernos”. Tras recordar que “el último aumento del corte del 10% al 12% fue de Cristina”, denunció que “durante los años de Macri no hicieron nada para avanzar en la dirección que están planteando”.

Carlos Gutiérrez, jefe del bloque schiarettista, se preguntó si “habrá querido Néstor Kirchner impulsar esta ley para que después de 15 años de vigencia exitosa se dejara prácticamente sin efecto”.

“Está claro que una de las principales intenciones fue salir de la primarización de la producción argentina y esta ley contribuyó a ello. Es en ese marco que las empresas encontraron una ventana. Kirchner supo ver lo que se venía en un contexto determinado”, ponderó Gutiérrez, pero lamentó que con este proyecto, “se diga lo que se diga y con la excusa de terminar con el supuesto privilegio de algunos, se termina atentando contra la inversión realizada”. “Era necesario revisar la ley, pero no de esta forma”, sentenció.

Por su parte, el radical Diego Mestre criticó que “le quieren dar al secretario de Energía la lapicera para fijar el cupo, el precio y el corte”. “Deberíamos haber prorrogado la ley con el aumento progresivo que ha tenido desde 2006”, consideró, y añadió que “esto es una puñalada al sector productivo, a los trabajadores y a las economías regionales”.

Autor de otro proyecto para aumentar los porcentajes de los biocombustibles en la mezcla, Mestre cargó contra el gobernador Juan Schiaretti: “Me hubiera encantado ver al gobernador pelear por su provincia, defender la economía regional, al campo, a los que producen maíz, a los que producen soja. Lo hubiéramos apoyado”.

POR CAROLINA RAMOS

FUENTE: LA VOZ

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