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La sesión, que se estima durará entre 14 y 15 horas, contará con temas de consenso entre las principales bancadas, por lo que quedarán afuera proyectos como el de Emergencia Covid y la reforma del Ministerio Público Fiscal.

La Cámara de Diputados sesiona esta tarde con una agenda que incluye el proyecto de alivio a monotributistas presentado por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa y la nueva ley de biocombustibles.

La sesión especial, que se estima durará entre 14 y 15 horas, fue solicitada por el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, entre otros legisladores.

La sesión cuenta con temas de consenso entre las principales bancadas, por lo que quedarán afuera proyectos como el de Emergencia Covid y la reforma del Ministerio Público Fiscal.

Al comenzar la sesión, los diputados dieron media sanción con 237 votos a favor, uno en contra y una abstención a un proyecto de ley de legisladoras oficialistas como Lucila Masin para modificar los artículos 2 y 3 de la Ley 26.130 que regula las intervenciones de contracepción quirúrgica como la ligadura de trompas de falopio y la vasectomía.

Entre los cambios que se introducen, el texto establece que estas prácticas médicas «están autorizadas para toda persona mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado. No se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización judicial».

En tanto, se agrega que las personas con discapacidad «tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas», sin ningún requerimiento de autorización judicial.

“Este proyecto es fruto del trabajo colectivo y se nutrió del aporte de organizaciones de personas con discapacidad y los respectivos informes técnicos. Estamos garantizando un derecho humano y saldando una deuda de la democracia”, afirmó Masin.

Biocombustibles

El proyecto establece un nuevo marco regulatorio de la ley de biocombustibles, que propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre las naftas y bioetanol y busca reemplazar la ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación, fue prorrogada hasta el 12 de julio.

La iniciativa contó con el respaldo del Frente de Todos y bloques aliados, y fue rechazado por Juntos por el Cambio, que presentó un dictamen en minoría, y por Consenso Federal.

La iniciativa establece la reducción del 10% al 5% en el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel. A diferencia del combustible elaborado a base de caña de azúcar, que los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla obligatoria.

Al exponer como miembro informante del oficialismo, el titular de la comisión de Energía, Omar Félix, indicó que «esta ley propone atender las necesidades específicas del sector, sin descuidar el interés de los consumidores, con el objetivo de proteger la economía de todos los argentinos”.

“Adaptamos el marco regulatorio a nuevos escenarios y generamos con la nueva norma herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector”, sostuvo y recordó que durante el macrismo «hubiese sido bueno que en lugar de importar combustibles, se hubiera cubierto la demanda por biocombustible de origen nacional».

A continuación tomó la palabra la legisladora mendocina de Juntos por el Cambio, Jimena Latorre, que por el despacho de minoría, argumentó que “esta es una ley que fomenta la corrupción y castiga a la inversión. Una cosa es un Estado presente, otra cosa es intervencionismo de un Estado ineficiente».

Sus afirmaciones le valieron un cruce con el diputado del Frente de Todos, Germán Martínez, quien pidió una interrupción para hacer una aclaración: «Que a nosotros nos digan que esto tiene que ver con corrupción, con amiguismo y todo eso, me parece que es absolutamente desubicado y además, merecería otro tipo de acción dentro de lo que estipula el reglamento de la Cámara de Diputados».

Acto seguido invitó a la diputada preopinante a revisar su celular, «a ver si tengo algún tipo de teléfono o llamado de algún empresario amigo y que me diga si ella puede decir lo mismo de los empresarios de su provincia».

Los puntos centrales, que tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, son los porcentajes de los cortes entre gasoil y biodiesel y bioetanol con caña de azúcar y con maíz, y otorga además facultades a la Secretaría de Energía para subir o bajar esos porcentajes.

Otro punto del proyecto indica que la Secretaría de Energía podrá «elevar el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas».

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% «cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras».

Con respecto a la sustitución de importación, el proyecto establece que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo «con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo».

En ese aspecto, la iniciativa fija que las empresas de biocombustibles que decidan abastecer dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión. En caso contrario, podrían ser sancionadas por la autoridad de aplicación.

El proyecto, por su parte, mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

Alivio al monotributo

Uno de los principales proyectos que se pondrá en discusión es el Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes que busca aliviar la carga fiscal de los monotributistas y que beneficiará a más de 3,5 millones de personas.

El proyecto plantea el sostenimiento de los valores mensuales de las cuotas a ingresar: el valor de las cuotas de enero a junio de 2021 será el vigente a diciembre de 2020. La actualización de la cuota regirá a partir de julio de 2021.

Además, establece un esquema progresivo de actualización de escalas, duplicando para las categorías más bajas el incremento del 35% de este año (el aumento de la categoría A es del 77% respecto de diciembre 2020). Se fijan a partir del 1 de julio de 2021, nuevos parámetros de ingresos brutos anuales que complementan el régimen vigente desde enero de 2021, sin aumentar el valor mensual de la categoría (“cuota mensual”) del Monotributo.

También instaura un programa específico de alivio fiscal para pequeños contribuyentes, consistente en complementar, con un mecanismo simple, el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes. Este nuevo esquema permitirá que los contribuyentes se puedan mantener en el monotributo a pesar de haberse excedido en la facturación.

Además, se incluyó en el temario un proyecto para ampliar las exenciones en los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para los activos de inversiones financieras en moneda nacional.

El objetivo de la iniciativa es establecer medidas de incentivo de carácter tributario, a los fines de fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en moneda nacional.

También, se exime de ganancias los intereses originados en los depósitos en instituciones financieras, en moneda nacional, con cláusula de ajuste -como los plazos fijos UVAs- y los intereses y rendimientos producto de la colocación de capital en los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva.

El proyecto también prevé una “Cláusula antielusión”, que establece un tiempo de permanencia mínima de los activos para poder acceder a las exenciones de al menos 274 días.

En ese sentido se establece que para tener el beneficio de la exención los bienes o depósitos permanezcan en su patrimonio, como mínimo, el setenta y cinco por ciento (75 %) de los días «contados en forma continua o discontinua» del año calendario correspondiente al período fiscal por el que se declaran.

“Las exenciones allí mencionadas resultarán de aplicación solo si esos bienes o depósitos permanecen de forma continuada en ese mismo destino, al menos desde el 1º de diciembre del período fiscal de que se trata hasta el 31 de mayo del año siguiente, inclusive”, dice el texto. Estos requisitos no aplicarán a jubilaciones, sueldos e ingresos de monotributistas depositados en cajas de ahorro.

En la agenda de la sesión, también se incluyó un proyecto de la diputada del PRO, María Luján Rey, que incorpora al Código Procesal Penal, el artículo 469 bis que establece un máximo para la resolución de los recursos de Casación.

«El tribunal de alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo dentro del período de noventa (90) días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por única vez y por un plazo extra de 20 (veinte) días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de diez (10) días hábiles antes del vencimiento del primer plazo dispuesto», indica el texto de la iniciativa.

FUENTE: AMBITO