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El proyecto cuenta con dictamen desde hace más de un mes. Juntos por el Cambio votará dividido y Córdoba Federal mantiene el rechazo a la iniciativa oficialista.

Rechazo. En Córdoba, hay grandes generadores de bioetanol. Emplean a más de cinco mil trabajadores en la provincia. (La Voz / Archivo)

Tras idas y vueltas y luego de varios meses de negociaciones silenciosas, el Frente de Todos intentará aprobar mañana en la Cámara de Diputados el nuevo marco regulatorio de los biocombustibles, que reduce del 10% al 5% el corte obligatorio del biodiésel en el gasoil y mantiene en 12% el de bioetanol en la nafta.

Confiado en que tendrá los votos suficientes para avanzar, el oficialismo convocó a sesionar e incluyó en el temario el proyecto encabezado por el jefe del bloque, Máximo Kirchner, y respaldado por el secretario de Energía, Darío Martínez, que cuenta con dictamen favorable desde el 18 de mayo y que podría recibir algunos cambios en el recinto, según deslizaron fuentes legislativas.

El régimen actual fue extendido por decreto del Poder Ejecutivo hasta el 12 de julio “o hasta que entre en vigencia un nuevo marco regulatorio, lo que ocurra primero”, como modo de descomprimir la tensión que había en el sector ante el primer vencimiento, el pasado 12 de mayo.

Lo cierto es que el Frente de Todos tendría asegurada la aprobación del nuevo régimen (que pasará al Senado) gracias al apoyo parcial de Juntos por el Cambio, donde, al igual que con el proyecto de “zonas frías” (que dividió al interbloque por provincias), habrá libertad de acción.

Votarán a favor los representantes de Tucumán (José Cano, Domingo Amaya y Lidia Ascárate) y de Jujuy (Jorge Rizzotti, Gabriela Burgos y Osmar Monaldi), en función del interés de la industria azucarera, ya que el corte de bioetanol de caña de azúcar sólo podrá reducirse por razones de escasez y de forma temporaria. También acompañará Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social), esposa del intendente tucumano, Germán Alfaro. Esta postura se contrapone con la del propio líder de Juntos por el Cambio, Mario Negri, que salió a criticar el proyecto. “El kirchnerismo busca castigar a la industria de los biocombustibles. El jueves quiere sancionar una ley que rebaja la participación de los biocombustibles en los combustibles líquidos. En Córdoba peligrarán casi cinco mil empleos en 19 fábricas de biocombustibles y cuatro de bioetanol”, advirtió.

El bloque schiarettista, Córdoba Federal, también rechaza el dictamen surgido de Diputados y apoya, en cambio, la prórroga del régimen vigente, como establece la media sanción aprobada por unanimidad en el Senado.

Esa es la postura que también defendió airadamente el Gobierno de Córdoba en los últimos meses. La regulación de los biocombustibles fue una clara división de aguas con el kirchnerismo.

Desde el Frente de Todos, los cordobeses Eduardo Fernández, Gabriela Estévez y Pablo Carro no sólo votarán a favor, sino que son cofirmantes del proyecto original, presentado por el titular de la Comisión de Energía, Omar “Chafi” Félix.

“Es un proyecto donde todos ganan: se le otorga seguridad jurídica al sector empresarial hasta 2030 con la posibilidad de prórroga por cinco años más, cuidando y potenciando la capacidad instalada y contemplando un régimen de sustitución de importaciones, promoviendo la generación de puestos de trabajo y dándole herramientas al Estado para intervenir en el control de los precios del combustible, protegiendo el bolsillo de todos los argentinos”, dijo Fernández a La Voz.

En el mismo sentido, Estévez consideró que “la ley será muy beneficiosa para el sector productivo de nuestra provincia, ya que brinda continuidad, previsibilidad y estabilidad, estableciendo reglas y plazos claros, precisos y objetivos. Con este nuevo régimen, se van a cuidar la inversión y las fuentes laborales de los cordobeses garantizando mercado para la producción local de soja y de maíz”.

“El nuevo marco regulatorio garantizará rentabilidad a los empresarios y precios accesibles a los consumidores. Además, esta ley nos va a permitir avanzar en una transición energética responsable con el ambiente”, afirmó la legisladora a este medio.

El nuevo régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, aunque el Ejecutivo podrá extenderlo, por única vez, por cinco años.

Menos demanda

La clave del proyecto está en los artículos 8 y 12, referidos al corte obligatorio de biocombustibles en la mezcla con combustibles fósiles. El corte de biodiésel en el gasoil se reduce del 10% al 5%, y el de bioetanol se mantiene en el 12%, con un 6% a base de caña de azúcar y el otro 6% a base de maíz.

La Secretaría de Energía podrá elevar el porcentaje “cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.

Pero también podrá reducirlo “hasta un porcentaje nominal de 3%, en volumen”, tanto para el biodiésel como para el bioetanol de maíz, si el incremento de los precios de los insumos dispara un aumento del precio del combustible en el surtidor, o bien ante situaciones de escasez.

Según precisó Martínez durante el debate en comisiones, existen más de 40 empresas productoras localizadas en 10 provincias que ocupan a más de 32.500 trabajadores de manera directa e indirecta.

Hay plantas de biodiésel en Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos, y de bioetanol en Córdoba, Jujuy, Salta, Tucumán, Santa Fe y San Luis.

Por Carolina Ramos

FUENTE: LA VOZ/CÓRDOBA