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Quiénes son los jugadores de un sector que factura US$ 3.200 millones por año y que quiere seguir creciendo.
Un mercado que mueve 3.200 millones de dólares por año y que creció de manera sólida en tres quinquenios a partir de un régimen de promoción. Esa podría ser una primera descripción del sector que produce biocombustibles en la Argentina, una actividad que creció al calor de una ley de fomento que está en tiempo de descuento y cuyo vencimiento ha generado tensión en casi todos los actores involucrados.
De un segundo análisis se desprende que está dividido en cuatro subsectores, en función de su historia y volumen: hay grandes compañías integradas (que tienen otras actividades de base y sumaron, por oportunidad, los biocombustibles); las llamadas “grandes no integradas”, que compran aceite en el mercado; empresas medianas, y pequeñas destilerías. La clasificación por insumo comprende dos grandes segmentos: el de los productores de biodiesel (con la soja como materia prima) y los de bioetanol. A su vez, estos últimos se dividen entre los que elaboran bioetanol de maíz (instalados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero), y los que hacen bioetanol de azúcar (asentados en Tucumán, Salta y Jujuy).
Biodiesel
El 80% de un grano de soja puede utilizarse para harina proteica para la dieta animal, al tiempo que el 20% restante es insumo para la elaboración de aceite, el cual, a su vez, puede destinarse a alimentos, biocombustibles (biodiesel) u otros usos industriales. También está la glicerina, que es un subproducto del biodiesel.
De acuerdo con la Cámara Argentina de Biocombustibles, la producción mundial de biodiesel se duplicó en la última década: de 21 millones a 42 millones de toneladas. Para los jugadores locales de este mercado, profundizar la participación en el sector de biocombustibles es estratégico: Argentina es el principal proveedor a nivel mundial de harina y de aceite de soja, pero China cerró las importaciones en 2010 y eso dificultó la venta; para evitar que su precio descienda, es clave reorientar los insumos al biodiesel.
“El 80% de los drivers que mueven las inversiones en energías renovables están relacionados con la disponibilidad material. Por ejemplo, hace dos años, en Arabia Saudita hicieron la usina de energía solar más grande del mundo; ya que, además de tener el dinero, tienen el recurso. Argentina aprovecha sus capacidades agrícolas para generar energía renovable”. Así lo explica Víctor Castro, director Ejecutivo de CARBIO, una entidad que nuclea a grandes firmas como AGD, Bunge, Cargill, Explora, Louis Dreyfus, Molinos Río de la Plata, Noble Argentina, Renova, Unitec Bio y Vicentin, con importante actividad en el cordón industrial portuario de Rosario.
En 2019 -último año no influido por las distorsiones que generó la pandemia- la capacidad de producción de biodiesel en el país fue de 4. Millones de toneladas y se elaboraron efectivamente 2,1 millones de toneladas, una cifra inferior a los tres años previos.
La distribución geográfica está concentrada en Santa Fe que, con 16 plantas, tiene el 82% de la capacidad instalada del país (3.209.600 toneladas). Es seguida por Buenos Aires, con 11 plantas (442.000 toneladas); Entre Ríos, con tres (75.200 tn); La Pampa, con dos (74.000 tn) y San Luis, con una (96.000 tn).
Las firmas nucleadas en CARBIO no venden en el mercado interno, sino que exportan. Las que trabajan para el surtidor son las miembros de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB).
De los 2,1 millones de toneladas producidas en 2019,1 millón fueron ventas al exterior; mientras que 1,1 millón se destinaron al mercado local. El 2020 fue catastrófico, como en casi todos los rubros: se produjeron en total 1,2 millones de toneladas de biodiésel, de las cuales 597 mil fueron exportadas y 561 mil se vendieron en el país.
Bioetanol
El vencimiento en mayo de la ley 26.093 de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles generó preocupación en todos los subsectores. Sin embargo, lo que podría haber sido una fuerte postura conjunta se debilitó cuando uno de ellos obtuvo el compromiso de que se le mantuvieran las condiciones de fomento, debido a su rol clave en la economía del norte argentino: el complejo azucarero emplea en forma directa a 60.900 personas entre Salta, Jujuy y Tucumán y factura sólo en bioetanol US$ 300 millones, además, ya atraviesa una transición por cambios culturales asociados a los hábitos alimenticios.
“En 2020, por la pandemia, el consumo de nafta en el país se redujo en un 23%, aproximadamente. Por eso, para ejemplificar el peso de los biocombustibles, tomamos valores de 2019. A dólares de la época, el alcohol representó 30% de ingresos brutos del sector, es decir, unos US$ 300 millones. De los 20 ingenios que hay en el país, 12 son los que abastecen al mercado de etanol combustible”, precisa Jorge Luis Feijóo, presidente del Centro Azucarero.
Los ingenios que menciona son (en orden de cuota para venta al mercado interno): Alconoa (firma subsidiaria de tabacal, con 106.500 m3 anuales); Compañía Bioenergética La Florida (de La Florida, también con 106.500 m3 anuales); Bioledesma (de Ledesma, con 87.000 m3); Bioatar (Concepción, 64.000 m3); Compañía Bioenergética Santa Rosa (Santa Rosa, 33.500 m3); Bioenergía La Corona (La Corona, con 31.000 m3); Biotrinidad (La Trinidad, también con 31.000 m3); Bioenergética Leales/La Esperanza (Leales, con 29.000 m3); Fronterita Energía (Bella Vista, con 19.200); Río Grande Energía (Río Grande, con 19.000 m3), y Bio San Isidro (San Isidro, con 6.000 m3). También está Energías Ecológicas del Tucumán SA (ingenio Santa Bárbara), que hace unos años tuvo dificultades y solicitó que se le suspendiera el cupo.
“El régimen actual ha sido muy importante en términos económicos, energéticos y ambientales. Y también para la sostenibilidad del sector azucarero. Ha significado muchísimas inversiones. Hace 15 años, no existían ninguna de las 12 plantas deshidratadoras de alcohol que hay hoy y la capacidad de destilación ha crecido enormemente”, destaca sobre la ley que está por vencerse Feijóo. Pero no cuestiona el posible cambio por la norma que se le atribuye a Máximo Kirchner. “Hay dos aspectos en los que nosotros creemos que queda contemplada la posibilidad de crecer: en primer lugar, porque la autoridad de aplicación queda facultada para aumentar el corte (la mezcla con el combustible fósil), como ha venido ocurriendo con la ley actual. No hay que olvidar que la ley actual tenía y tiene como mínimo el cinco por ciento y hoy cortamos al 12% (6% bioetanol de maíz y 6%, con bioetanol de caña) porque a lo largo de los años se ha ido aumentando progresivamente. Eso queda igual a futuro”, señala. Y completa: “Además, se contempla la posibilidad de sustituir importaciones, queda expresamente indicado en el proyecto”.
Distinta es la percepción que tienen quienes operan en el mercado de bioetanol de maíz y así lo explica el consultor Claudio Molina: “El corte de combustible de origen fósil con 6% de bioetanol de caña se mantendrá, pero, en el caso del maíz, se le da la atribución a la Secretaría de Energía de bajar tres puntos, la mitad”, asegura.
En Córdoba hay tres grandes productoras de etanol: ACA Bio (Villa María), Bio4 (Río Cuarto), y Promaíz (Alejandro Roca). La planta industrial de ACA Bio hoy tiene una capacidad productiva de 168.000 m3 al año de bioetanol de maíz. En noviembre, su capacidad productiva será de 270.000 m3 al año, lo que equivale a 3 puntos porcentuales de la totalidad de las naftas consumidas por año en Argentina.
Víctor Accastello, su director, manifiesta su preocupación por el futuro del establecimiento que conduce, el cual, además, asumió un riesgo al desembolsar US$ 50 millones para ampliar su capacidad, cifra que se sumó a la inversión inicial de US$ 150 millones. La unidad, que nació en 2014, tiene 140 empleados directos, que se amplía a 400, si se suman los indirectos. Accastello, quien trabaja durante la semana en Buenos Aires y el fin de semana vuelve a Córdoba en auto (aunque ahora, por la pandemia, hace una semana presencial y dos en modalidad remota), manifiesta preocupación: “Es un momento de incertidumbre. Si la tasa de corte de bioetanol baja de 12% a 9%, como se analiza, lo que se reducirá es la parte del que se hace con maíz”. “Exportar más no es la respuesta, porque no es fácil abrir mercados, lleva al menos dos años ingresar en Europa, se necesita la base de la plaza local”, transmite.
Por su parte, Manuel Ron, presidente de Bio4, dice que la planta demandó una inversión de US$ 60 millones. “Podríamos sum US$ 12 millones si se mantiene el corte y crece el mercado. Con un pequeño crecimiento del mercado, podríamos ampliar la capacidad de la planta; pero si hay una baja, eso sería imposible”, afirma. El centro está ubicado en un predio de 10 hectáreas, tiene 150 empleados y factura entre US$ 45 millones y US$ 55 millones al año.
Además de estas grandes empresas, están las mini destilerías, cuya capacidad de producción es de aproximadamente la mitad de una de las grandes. Ejemplo de ello es el establecimiento agropecuario Las Chilcas, en el norte cordobés, que abrió su planta de bioetanol en 2016, tras más de 30 años de actividad ganadera y producción agrícola. “Están truncando esta actividad”, cuestiona Andrés Aguilar Benítez, presidente del establecimiento Las Chilcas. Y asegura: “Hay un gran desconocimiento por parte de la opinión pública sobre lo que hacemos”. Finalmente, atribuye grandes beneficios al sostenimiento del rubro: “Da trabajo, evita el éxodo en las regiones, tiene beneficio ambiental, atomiza la producción de energía que estaba muy concentrada en el país, es federal. Todo esto el Gobierno no lo ve”.
Por Alejandra Beresovsky
FUENTE: NOTICIAS