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La Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación de este régimen, no ha corregido los desvíos que se fueron produciendo y que afectaron negativamente a los productores llevándolos en muchos casos, a la presentación de acciones judiciales.

Foto: Una planta de biodiésel.Una planta de biodiésel.NA.

El segmento de la industria de biodiésel que abastece al mercado interno enfrenta recurrentes cambios de reglas de juego desde agosto de 2012, los que se intensificaron a partir de 2019, y hasta la fecha.

A pesar de que la OMS alertó en 2012 sobre el alto riesgo de contraer cáncer de vejiga y pulmón por parte de los seres humanos que se expongan a las emisiones de gasoil, el biodiésel que lo complementa en las mezclas obligatorias, es resistido por los refinadores locales de petróleo.

Esto, a pesar del mandato establecido por la Ley 26.093 y normas complementarias, que vencerá el próximo 12 de julio, y actualmente llega un 10% de contenido de ese combustible biológico.

La Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación de este régimen, no ha corregido los desvíos que se fueron produciendo y que afectaron muy negativamente a los productores de biodiesel, llevándolos en muchos casos, a la presentación de acciones judiciales –problema también verificado con los
productores de bioetanol- y poniéndolos al borde de la bancarrota en varios casos.

Algunos de esos desvíos -violatorios de la normativa vigente-, derivan de errores u omisiones de la Autoridad de Aplicación, y son los siguientes:

1. Mezclas de gasoil con biodiesel muy por debajo del mandato legal. En este sentido, el nivel de corte promedio desde que asumió Alberto Fernández y hasta la fecha, resultó menor a un 5% de contenido biodiésel en el gasoil, problema que se potenció durante la actual pandemia, por la importante baja en la demanda de combustibles.

2. Falta de controles periódicos de calidad, hecho que perjudica indirectamente a los productores cumplidores.

3. Congelamientos y/o no publicación de los precios del biodiesel por largos períodos, acentuados en el segundo semestre de 2019, y entre diciembre de 2019 y octubre de 2020 respectivamente.

4. Determinación de precios oficiales para el biodiesel, que no cubren los costos de producción.

5. Imposición de plazos de pago por parte de YPF incompatibles con la alta inflación e inestabilidad cambiaria registradas.

6. Existencia de grupos económicos que solapados bajo la figura de pymes, paulatinamente van adquiriendo activos a precios de remate.

En estas condiciones, la capacidad ociosa de las pymes y de las empresas grandes no integradas productoras de biodiesel ha llegado a niveles imposibles de sostener, hecho potenciado por la existencia de bajos precios de venta. De esta forma, la oferta se redujo.

El proyecto de ley impulsado por diputados oficialistas, que durante el pasado mes de mayo obtuvo dictamen favorable y próximamente será tratado en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, lejos está de defender a las pymes, incluso y muy llamativamente, este acrónimo no figura en el
texto del mismo.

Por el contrario, al proponer una reducción de las mezclas a niveles mínimos del 3%, convalidará las prácticas antes enumeradas, generando un riesgo cierto de desaparición de varias empresas, y un proceso inevitable de concentración que favorecerá a los amigos del poder.

Aquél viola el principio de progresividad incluido en el Acuerdo de París –ratificado por Ley 27.270- y en el artículo 4 de la Ley Nacional Ambiental N° 25.675, por lo que es de prever que se presenten en el futuro, acciones judiciales para determinar su inconstitucionalidad u otras, que pondrán en riesgo la continuidad de las operaciones.

Del análisis de estadísticas oficiales se verifica una tendencia muy firme de caída en la actividad.

Es evidente que existe una receta no escrita que «orienta» la gestión pública en la materia, consistente en reducir al mínimo la oferta de biodiésel en el mercado local, a costa, inclusive, de llevar a la quiebra a una gran cantidad de empresas productoras del mismo.

Esa receta pareciera haber sido cumplida al pie de la letra por la Autoridad de Aplicación, desde el segundo semestre de 2019, hasta la fecha.

Si bien el biodiésel en promedio y desde 2010, computando la desgravación que goza ante los impuestos específicos a los combustibles, no resultó más caro que el gasoil con el que se mezcla, el mensaje oficial es que «debemos cuidar el bolsillo de los argentinos».

Y por lo tanto, dada la influencia que bajo esa óptica tiene el precio del biodiesel en los surtidores argentinos, hay que consumir menos de este producto.

Por el contrario, la realidad nos indica que si el precio del biodiésel se duplicara –hecho de baja probabilidad de ocurrencia a corto y mediano plazo-, manteniéndose sin cambios el precio del gasoil fósil que integra la mezcla respectiva, la incidencia de aquel aumento en el IPC del INDEC, será de tan sólo un 0,8% aproximadamente.

En cambio, el precio de los combustibles en surtidores sube indefinidamente, suceso que ocupa tapas de diarios.

Esa suba no está vinculada de manera principal al precio del biodiésel, sino a la variación del precio del petróleo crudo – que cotiza en dólares-, a la suba permanente del tipo de cambio y a la inflación doméstica, que el Gobierno no logra controlar.

Por encima de todos estos fundamentos, la receta que nos trata -que denomino «fantasma» porque no está escrita, pero pareciera que la Autoridad de Aplicación siempre la toma en cuenta- se aplica sin que ello importe la calidad del ambiente y de la salud de los argentinos.

Como así tampoco, los eventuales despidos masivos que se generarán como consecuencia de los posibles cierres masivos de empresas productoras de biodiésel.

La comunicación oficial en la materia se sostiene sobre hipótesis equivocadas, que resultan funcionales a lo que el oficialismo procura, y la que lamentablemente cuenta con el apoyo de un grupo minoritario de empresarios productores de biodiésel, los que obran, o bien por efectos de su desesperación ante su propio deterioro económico, o bien, por oportunismo.

Si no se rectifica el texto de esta iniciativa legal, la misma convalidará la recurrente mala praxis del Gobierno Nacional asociada con la política de biocombustibles.

A contrario sensu, la Agencia Internacional de Energía recomienda no invertir más en petróleo y gas, y la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina emitió un reciente comunicado a favor de los biocombustibles, en el marco de las enseñanzas de la Encíclica Papal «Laudato Si» y en contra de aquel proyecto de ley.

(*) – Claudio Molina es asesor en Biocombustibles.

Escrito por Noticias Argentinas
Buenos Aires, NA