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El Frente de Todos (FdT) buscará emitir mañana en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados un dictamen favorable a un nuevo marco regulatorio de la Ley de Biocombustibles, que tendrá vigencia hasta 2030 y establece la reducción del 10 al 5 por ciento en el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.

El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y la de Presupuesto y Hacienda -que conducen los oficialistas Omar Félix y Carlos Heller- fue citado en forma presencial para este martes a las 15, debido a que Junto por el Cambio no prestó su acuerdo para que ese encuentro se efectúe en forma remota.

El dictamen que se tratará mañana se basa en el proyecto presentado por Félix y Marco Cleri y busca reemplazar la Ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación fue prorrogada hasta el 12 de julio.

El dictamen de mayoría tendrá como puntos centrales los porcentajes de los cortes entre gasoil y biodiesel y bioetanol con caña de azúcar y con maíz, y otorga facultades a la Secretaria de Energía para subir o bajar esos porcentajes.

En ese sentido, el proyecto establece que se reducirá del 10 al 5 por ciento el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.

En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje establecido para el bioetanol a base de caña de maíz.

Otro punto del proyecto que genera debate es el artículo que establece que la Secretaría de Energía podrá «elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas».

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% «cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras».

Otro punto del proyecto está vinculado con la sustitución de importación, al establecer que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo con el «con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo».

En ese punto fija que «las empresas elaboradoras de biocombustibles que decidan llevar a cabo el abastecimiento para dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión» y que sino lo hacen pueden ser sancionadas por la autoridad de aplicación.

El proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2). (Télam)