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Peligra una política de Estado que tuvo rotundo éxito durante 15 años y que generó inversiones por más de 3.000 millones de dólares.Foto: Bio4 paralizó su planta de etanol radicada en Río Cuarto.

Son pocas las políticas en los últimos años en Argentina que se sostuvieron y demostraron resultados tan contundentes como la Ley 26.093 de Biocombustibles. Desde 2006, generó inversiones por más de 3.000 millones de dólares, ahorro de divisas por sustitución de importaciones, creación de empleo, valor agregado en origen y el desarrollo de economías regionales a lo largo del territorio nacional.

Mientras que el mundo avanza hacia la descarbonización de su economía a través de la diversificación de su matriz energética por medio de la promoción de energías renovables (solar, eólica, biomasa, etc) y el uso de biocombustibles líquidos, cuesta creer que en Argentina querramos dar un volantazo para ponernos a contramano del mundo. Más aún, luego de resultados tan contundentes, existen sectores que aún dudan en profundizar esta política y hasta plantean retroceder en la misma.

Incluso, en un país que nos cuesta ser creíbles, y con lo necesario que es para la Argentina volver a generar confianza en el plano internacional, retroceder en la política de biocombustibles, pone en riesgo los compromisos asumidos en el acuerdo de París en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para lograr afrontar el desafío de la lucha contra el cambio climático.

No se explicaría semejante irraciocinio, sino fuera por intereses políticos que empiezan a salir a la luz en un año electoral, cuyo propósito es una vez más, hipotecar el futuro por mirar el corto plazo y privilegiar a unos pocos, en desmedro de una política de largo plazo, que promueve un desarrollo territorial equitativo y federal.

Clara está la necesidad política de parte del gobierno de querer evitar los permanentes aumentos que viene padeciendo los combustibles: van 15 desde Diciembre de 2019. Y para lograrlo pareciera que el único camino es ceder ante las presiones petroleras. Pero la realidad es que todo aumenta, no por aumento de costos sino por la debilidad de nuestra moneda, la enorme emisión monetaria y el gasto público desmedido, ineficiente y asfixiante para todo el sector productivo en la Argentina. Por solo poner un ejemplo pertinente, YPF generó pérdidas por 1.098 millones de dólares en 2020.

En paralelo y a modo de ejemplo, durante el periodo que va desde Marzo de 2019 a Febrero de 2020 se produjeron 573.938 m³ de bioetanol proveniente de maíz. Esta producción, emplea a más de 4600 personas de manera directa e indirecta. Cada m3 de bioetanol reduce un 72% la emisión de gases de efecto invernadero respecto a la nafta, generando un menor impacto en el ambiente. Sumados a estos beneficios, el aporte tributario fue de $5.874 millones y se estima un ahorro de divisas de USD 199 millones, eso significó la sustitución de 393 mil m³ de nafta importada (FADA).

Pareciera ser que el poder de lobby y los acuerdos por debajo de la mesa de 6 empresas (5 extranjeras) que concentran el mercado de hidrocarburos puede poner en jaque a las 54 plantas industriales (la mayoría nacionales) que emplean miles de empleados en 10 provincias, sin contar las decenas que podrían surgir en caso de aumentar los incentivos y los porcentajes de corte tanto para el bioetanol que se obtiene a partir del maíz y la caña de azúcar como para el biodiesel a partir del aceite de soja, así como otros tantos cultivos que podrían destinarse para dicho fin.

Los días pasan y estamos a poco tiempo de que expire la ley vigente actual, por lo que no debe ocurrir que entre “gallos y medianoche” no se prorrogue o se apruebe algunas de las leyes que tiene el oficialismo en carpeta y que van en detrimento de un sector competitivo y pujante, poniendo en riesgo a más de 65.000 empleos y millonarias inversiones que realizaron pymes durante 15 años.

Lo sensato y razonable sería que la Cámara de Diputados prorrogue por el término de un año, para lograr generar durante este tiempo el debate y los consensos necesarios para una ley que profundice aún más el desarrollo de los biocombustibles. Para esto es necesario, el aumento progresivo y gradual en los cortes de nafta y gasoil, la inclusión de mecanismos e incentivos para lograr fomentar las inversiones, y por sobre todas las cosas, previsibilidad y seguridad jurídica.

La bioeconomía en general nos invita a pensar un desarrollo de país, donde los biocombustibles son una pata esencial. Esta tiene que ser una bandera de todos, no solo del sector agropecuario o del sector pymes o el transporte.

Tiene que ser también de los ambientalistas, de los ciudadanos de cada provincia que pueden aprovechar de manera sustentable la biomasa y de cada argentino que aspire a un desarrollo federal y sostenible.

Por Agustín Torriglia y Mayco Mansilla

FUENTE: POLÍTICA Y ECONOMÍA