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Un referente del sector analiza la evolución global y propone que la Argentina sancione “una nueva y eficiente ley nacional”.

Las plantas de producción de biocombustibles implicaron en las dos últimas décadas un importante desarrollo industrial en el interior del país, como por ejemplo (tal como se ve en la imagen) el impulsado en Río Cuarto, Córdoba, por un grupo de productores.

Argentina impulsó el Plan Alconafta en los ochenta, pero por el imperio de una visión cortoplacista terminó pronto con el mismo hacia 1987, y perdió una gran oportunidad de desarrollo.

Con el voto de una enorme mayoría de legisladores, el Congreso Nacional sancionó en 2006 la Ley 26.093, la que tiene una vigencia de quince años. A partir de ella se logró en el país un importante desarrollo industrial en materia de biocombustibles, que permitió la creación de una importante oferta local de éstos, que satisface la nueva demanda generada, logrando así un importante aporte en materia de reducción de gases efecto invernadero, diversificación de la matriz energética, sustitución de importaciones de combustibles minerales, apertura de mercados para la exportación de derivados agroindustriales, industrialización de la ruralidad y la generación de empleos calificados, escasos en el interior profundo de nuestra patria.

La defensa de esta política nacional responde a nobles intereses comprometidos con un desarrollo federal del país. Es insoslayable que en esa defensa, están implícitos los derechos que tienen los ciudadanos de gozar de un ambiente sano, de acuerdo al art. 41 de la Constitución Nacional (CN).

El mercado de combustibles líquidos presenta una alta concentración, causante de imperfecciones que perjudican a los consumidores. En nuestro país, existe un oligopolio privado –casi monopolio-que pone en riesgo la protección de los derechos de los consumidores a la defensa de la competencia, establecida en el art. 42 de la CN.

Los insumos, labores agrícolas, almacenamiento y transporte de las materias primas agrícolas destinadas a su transformación en biocombustibles, resultan más costosas que el proceso generado por las actividades de upstream y midstream de petróleo, producto generado por la naturaleza hace millones de años.

Sin embargo, el costo social producido por el uso de combustibles minerales es muy alto –dada sus importantes externalidades negativas- y el mismo no se expone ante la opinión pública. Lamentablemente, se construyeron demasiadas mentiras en torno a los biocombustibles. Una de ellas pasa por comparar sus precios relativos sin medir aquellas externalidades de los combustibles que sustituyen.

Mitos y falacias

Los consumidores en muchas oportunidades son confundidos con mitos o falacias que se construyen para desincentivar el uso de los biocombustibles.

Si bien los problemas geopolíticos relacionados al petróleo son de enorme relevancia, la cuestión del cambio climático ha tenido un peso creciente y requerido su atención por los gobiernos más importantes del mundo. En ese contexto, los biocombustibles no se instalaron por la búsqueda de seguridad energética exclusivamente.

Respecto del falso dilema “alimentos vs. energía”, hay que tomar en cuenta que la alta incidencia del precio de los derivados hidrocarburíferos en el costo de los cultivos y su gran volatilidad, al igual que las variaciones climáticas y la operación de los fondos especulativos, representan causas de enorme peso en la evolución del precio de las materias primas agrícolas. Al mismo tiempo, la participación del precio de éstas, en el precio final de los alimentos es muy baja, como ocurre en nuestro país con la participación del costo del trigo en el precio promedio de los productos panificados. La competencia por el uso del suelo que generó el advenimiento de los biocombustibles es muy baja. Por todo lo expuesto, es irracional asociar la denominada “agflación”, a la irrupción de los biocombustibles, como sostener que el problema de acceso de millones de consumidores a los alimentos, se genera por culpa de los biocombustibles.

Argentina cuenta con grandes praderas de clima templado, aptas para el desarrollo de cultivos extensivos con uso de siembra directa y de paquetes tecnológicos que facilitan las prácticas agrícolas sostenibles, las que a la postre aseguran reducciones en la huella de carbono del bioetanol y del biodiesel, superiores al 70%. Esta realidad, por ejemplo, es muy diferente a la problemática vinculada al crecimiento de la producción de aceite de palma en Indonesia y Malasia.

Inversiones y costo fiscal
El proceso de inversiones en biocombustibles y subproductos –con los que comienzan nuevas cadenas de valor, caso de la alco y oleoquímica, o de la burlanda-, es muy sostenido e insoslayable. El mismo incluye hasta la reconversión de viejas destilerías de petróleo para la producción de combustibles renovables, como el green diésel, HVO, etc. La industria de petróleo y petroquímica se desarrolló por más de un siglo y medio, mientras los biocombustibles fueron logrando impulso en las últimas dos décadas, por lo que en términos de tamaños relativos, ambas industrias no son comparables por el momento.

En atención a que los biocombustibles son limpios, en nuestro país están fuera del alcance de los Impuestos a los Combustibles Líquidos y el CO2, como también lo está el gas vehicular.

Los adversarios imputan a los biocombustibles un alto costo fiscal, fundado en la desgravación antes citada –como si éstos debieran soportar la misma carga de los combustibles contaminantes- y en la pérdida de derechos de exportación vinculada a la no exportación de las materias primas agrícolas que se transforman en biocombustibles y por ende, no se exportan. Respecto a este último tema, la aplicación de ese criterio de medición lleva al ridículo, por ejemplo, de que no se debería transformar localmente maíz en carnes, y que al contrario, convendría que éstas se importen.

Tendencia en distintos países
En Estados Unidos, el desarrollo de los biocombustibles es tan importante que forma parte de los debates presidenciales y los candidatos asumen una fuerte defensa de los mismos. En Brasil hace poco se ha establecido por ley, el Programa Renova Bio, destinado a intensificar el uso de estos combustibles biológicos, iniciado en los setenta con el Programa Proálcool.

Es impensable una vuelta atrás de esas políticas, incluso la Unión Europea no abandonará las mismas. La reciente decisión del estado de California de prohibir el uso de gasolinas a partir de 2035 va en esa dirección.

La adopción masiva de la movilidad eléctrica requiere el cambio de todo lo que hoy tenemos, tanto en materia de infraestructura logística y de transporte, como en cuanto a los vehículos. Ello demandará enormes inversiones de difícil concreción, mientras los gases de efecto invernadero necesarios para llevar adelante el referido proceso son de gran magnitud también.

Abandonar la política interna de biocombustibles por el crecimiento de la pobreza de la población, no tiene sentido alguno, es tan irracional como rechazar el origen antropogénico del cambio climático, salvando las distancias.

Argentina debe rectificar de manera profunda los problemas estructurales que su política de biocombustibles arrastra y sancionar muy pronto una nueva y eficiente ley nacional.

En la transición energética, no caben dudas de que los biocombustibles representan la mejor solución y por ello el mundo los sigue respaldando con inusual fuerza.

Por Claudio Molina

Nota de la Redacción: El autor es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.

FUENTE: DIARIO CLARIN/CLARIN RURAL