En 2010 Europa ajustará exigencias para la demanda de biocombustibles y derivados de soja.

El mandato de aumentar la producción de alimentos para mitigar el hambre y el problema ambiental –la «huella ecológica» que aflige al planeta ante las crecientes necesidades de uso de la tierra– son dos problemas en los que el agro será gran protagonista en los próximos años.

La Argentina y sus productores corren con alguna ventaja: en términos de superficie cuentan con una biocapacidad superavitaria; su potencial biológico es 150 por ciento mayor al ya afectado por la actividad económica, y éste es un activo que otras regiones ya perdieron y están en rojo.

Un puñado de no más de 10 países, entre los que figura el nuestro podrán sacar provecho y ayudar a resolver un dilema aún sin solución: el conflicto entre el ambiente y la oferta y demanda de alimentos y de biocombustibles.

Éste fue uno de los ejes del 17° Congreso de Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), que finalizará hoy en Rosario bajo el lema «la era del eco progreso»; esto es, progresar y aumentar la producción en armonía con el ambiente.

Cuenta regresiva. Entre las exigencias y desafíos, ya se ha iniciado una cuenta regresiva para la cadena de la soja: el año próximo comenzará a definirse, ya con pruebas a campo, un sistema de certificación y de trazabilidad en base a principios ambientales que abarcan las buenas prácticas agrícolas, el efecto sobre el uso de la tierra, derechos laborales, uso de agroquímicos y el ahorro de gases de efecto invernadero. Estas exigencias, que tendrán como primer banco de prueba al mercado europeo, afectarán a la demanda de biocombustibles, aceite y harina de soja.

«La Argentina está bien posicionada; en general no tenemos puntos de conflicto respecto de los principios básicos definidos en la Mesa Redonda de la Soja Responsable (RTRS); se ha definido una etapa de implementación de pruebas concretas a campo y la idea es reescribir los principios tomando en cuenta las regionalidades y llegar a 2010 para definir un sistema de certificación. Hay una discusión enorme focalizada en la trazabilidad y el premio que se pagará por una soja que cumpla con esos objetivos», explicó Luis María Zubizarreta, de la Asociación Cadena de la Soja Argentina (Acsoja).

Dentro de este esquema, los productores europeos serían los primeros en entrar a la cancha y recibirían una especie de bono de carbono al momento de la venta, luego canjeable con un premio de precio. El pago de servicios ambientales es otro punto que entra en la discusión, con consumidores que deberían estar dispuestos a erogarlos.

Desde 2004 cuando la producción de biocombustibles pasó a ser en Europa el principal driver de la demanda de aceites (de soja o de palma), la ronda sustentable de estas cadenas comenzó a trabajar en protocolos de no agresión al medio ambiente.

Carlos Diedrich, de Asaga (Asociación Argentina de Grasas y Aceites) dijo que podrían derivarse demandas de certificaciones light, más suaves, que sólo comprendan a la biomasa, hasta certificaciones hard, una verdadera trazabilidad de identidad preservada. Pero consideró que sería difícil hacer una segregación de partidas de soja por razones logísticas y de costos.

En Indonesia y Malasia, los dos grandes orígenes del aceite de palma, se fueron acordando criterios y el año pasado se concretaron los primeros embarques al mercado europeo bajo certificación (103 mil toneladas, apenas 3,5 por ciento del total) que obtuvieron un premio de entre 11 y 18 dólares por tonelada FOB, tratándose de una trazabilidad light (biomasa). «Productos de identidad preservada podrían alcanzar un premio de hasta 50 dólares por tonelada, pero a costos muy elevados», apuntó Diedrich.

En un escenario de crecientes regulaciones a favor de la protección del ambiente y los derechos de consumidores, los mercados empiezan a segmentar, con lo cual la ‘descomoditización’ es irreversible», señaló Santiago Lorenzatti, director adjunto del programa Agricultura Certificada, de Aapresid.

Explicó que, a diferencia de la Ronda de la Palma, que hace foco sobre un producto, la Agricultura Certificada es un esquema voluntario de mejora continua con posibilidad de ser certificado como proceso productivo.

«Aspiramos a que la AC sea acreditada para harinas, aceites y biocombustibles. De allí la interacción que estamos realizando a nivel mundial para tener puntos de acercamiento con los sectores de la demanda.

Pero antes que pensar en una captura de valor diferencial, debemos tener en cuenta que este sistema de gestión de calidad nos permitirá como productores hacer las cosas bien, ganar en eficiencia y tendremos más oportunidades en los mercados», indicó Lorenzatti.

Por Carlos Petroli-Enviado especial a Rosario

Fuente: La Voz