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La Secretaría de Energía de Santa Fe comenzará a tomar muestras de los combustibles expendidos en ese territorio para corroborar si cumple con la ley.

En medio de la dura crisis que atraviesa el sector del biodiesel en la Argentina -especialmente las Pymes que se dedican a proveer al mercado interno, a las que no les dan los costos de producción-, el gobierno de Santa Fe anunció que comenzará a fiscalizar el gasoil que se comercializa en esa provincia para corroborar que se esté cumpliendo con la ley que obliga a las petroleras a cortarlo con un 10% de biocombustibles.

A través de una carta dirigida al titular de esa cartera, Gustavo Lopetegui, Verónica Geese, secretaria de Estado de la Energía de la provincia de Santa Fe, le comunicó que «ante la falta de los controles que le competen como autoridad de aplicación, la provincia de Santa Fe comenzará a tomar muestras de los combustibles expendidos por las mencionadas petroleras a efectos de corroborar si cumplimentan con el corte obligatorio».

«De los resultados se dará inicio inmediato a las actuaciones administrativas y judiciales de rigor», plantea la nota, en la que agrega que la provincia «se reserva el inicio de las acciones penales que correspondan por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público».

La razón detrás de este reclamo, según explica Geese en la misiva, es que tras un relevamiento efectuado a las empresas de «bio» radicadas en esa provincia se constató que en lo que va de septiembre, las petroleras «no han respetado las cantidades de compra a las pequeñas y medianas empresas del sector con cupos asignados» por el Gobierno nacional.

En la misiva, Geese advierte que esto genera un grave perjuicio económico para Santa Fe, dado que la provincia es responsable de generar cerca del 90% del biodiesel nacional.

«Dado que estas pequeñas y medianas empresas destinan la totalidad de su producción al mercado interno para el abastecimiento del corte obligatorio, la falta de cumplimiento en la legislación pone en serio riesgo su continuidad, con la consecuente pérdida de cientos de puestos de trabajo directos y miles de indirectos», plantea.

Además, Geese advierte que este incumplimiento también puede derivar en un «grave daño ambiental, ya que sus habitantes se ven expuestos a una mayor contaminación y particulado en el aire, perjudiciales para la salud pública».

Es que, según la funcionaria, al no respetar las petroleras el corte obligatorio mediante la compra del biodiesel a las empresas con cupos asignados, no se está asegurando «la calidad del producto ofrecido al público, como ser su octanaje o la emisión de gases o contenido de azufre, entre muchos otros incumplimientos.

En paralelo, Geese también envió una nota a las petroleras, en las que las intima a que, en un plazo de 72 horas, informen las operaciones de compra de biodiesel durante el transcurso del mes de septiembre para el abastecimiento del corte del 10%, «detallando nombre de las empresas vendedoras del biocombustible y los volúmenes de cada operación, remitiendo toda la documentación respaldatoria de las mencionadas operaciones».

Fuerte reclamo del sector

Este reclamo de la provincia de Santa Fe se da en un escenario muy complejo para las empresas elaboradoras de «bio» que se dedican a abastecer al mercado doméstico, dado que el Gobierno no está cumpliendo con la fórmula que, por ley, se debería utilizar para, al inicio de cada mes, fijar el precio que deben pagar las petroleras por cada tonelada de biodiesel.

En este sentido, esta semana la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) tildó de «maniobra extorsiva» una reciente resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que cambió las reglas de juego e implementó un subsidio a las empresas elaboradoras de biocombustibles destinados al mercado interno a cambio de que renuncien a «todo derecho de reclamo».

«La transferencia del equivalente a un 6% del precio regulado del biodiesel que regía en el mes de agosto y la consiguiente condición de que las empresas Pymes elaboradoras de biocombustibles renuncien a todo derecho de reclamo, no hace más que reflejar una maniobra completamente extorsiva por parte del gobierno, por lo que expresamos nuestro profundo rechazo», sostuvo CEPREB.

La Cámara también hizo referencia al no cumplimiento de normativa por parte de las petroleras: «A la falta de publicación de un precio en tiempo y forma, respetando la fórmula vigente a enero de este año, se suma la omisión intencional por parte de la Secretaría de Energía de la Nación de fiscalizar el cumplimiento del corte obligatorio y la compra de biodiesel a las empresas pymes, conforme lo establece la ley 26.093».

En ese sentido, la entidad aseguró que «tampoco están haciendo cumplir los cupos asignados a las empresas mezcladoras de combustibles».

«Estos incumplimientos sistemáticos están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y ocasionando al sector un perjuicio directo que supera los $600 millones», añadió la entidad Pyme.

FUENTE: INFOBAE