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En rigor, el mayor ingreso en manos de los productores permitirá el incremento del pago del Impuesto a las Ganancias y de tributos provinciales. Además de generar más inversiones directas.

No alcanza. Este año comenzó a regir una reducción del 0,5% mensual que habrá de finalizar el año en un 24% pero esto continúa siendo insuficiente en un contexto de bajas productivas por la sequía.

Durante una conversación con Guy Sorman, le pregunté qué pensaba de nuestra larga decadencia. Cruda, fue su respuesta: «En la actualidad la Argentina es una nación diferente en comparación a la de principios del siglo pasado. Hoy la ciudadanía no posee un alto sentido de pertenencia ni de futuro; la mayoría planea sus vidas en términos de corto plazo y son escasas las inversiones focalizadas en el largo plazo. Por ello, puede ser apreciada como una nación de enormes recursos naturales. Se trata, hoy, de una economía ligada a un sistema de búsqueda de renta más que de producción. Todo ello es agravado por un Estado que genera inseguridad para la inversión.»

La reflexión de Sorman viene como anillo al dedo para analizar la política económica que, a lo largo de décadas, ha castigado el sector más competitivo, con la aplicación de derechos de exportación, comúnmente conocidos como retenciones.

Establecidos en 1958 para sustituir el sistema de tipos de cambios diferenciales, con algunas interrupciones, permanecieron hasta 1976. Reaparecieron en 1983 y duraron hasta 1991, cuando fueron casi totalmente derogadas, hasta su nueva imposición mediante resoluciones dictadas en marzo y abril de 2002. Con la llegada del nuevo Gobierno, se eliminaron, pero quedaron en pie las correspondientes al complejo sojero.

La política de tipos de cambio múltiples o de retenciones succiona fondos a favor del Estado. Lo curiosamente revelador de los prejuicios adversos a la actividad agrícola se manifiesta en el tratamiento dirigido sólo a los productos agrícolas; los derechos de exportación únicamente gravan estos productos, en una discriminación claramente establecida desde el Estado para favorecerse a sí mismo y para proteger a determinadas industrias.

No se equivoca Rafael Olarra Jiménez, cuando afirma: «… si hubiésemos dedicado menos obsesivos esfuerzos oficiales a desarrollar la industria sobre la base de un proteccionismo vulnerable a las presiones corporativas, si las ventajas comparativas, las señales de los precios y la iniciativa empresarial privada hubiesen tenido una mayor gravitación, tendríamos en la actualidad una industria cuantitativamente más grande, más competitiva y más desarrollada, y un mayor crecimiento de nuestra economía»

La historia muestra una infundada «visión industrialista» del desarrollo económico -con una obsesiva política industrial manufacturera- que olvida incorporar una verdadera política agroindustrial pues ha estado casi siempre bajo la protección que permite la acción impositiva referida al agro.

El eminente economista argentino, Julio H. G. Olivera, parece haber entendido -antes que la mayor parte de sus colegas- el concepto de la cadena de valor y su dinámica cuando expresa: «Dentro de un marco de crecimiento de los recursos productivos y de avance tecnológico, la industrialización no sólo es compatible con el aumento de la producción rural sino que en general depende de él a corto y a largo plazo».

Este año comenzó a regir una reducción de 0,5 por ciento mensual de las retenciones a la oleaginosa, que habrán de finalizar el año en 24%

Urge corregir, es decir acelerar, el programa de reducción de alícuotas por derechos de exportación ya que, en rigor, el mayor ingreso en manos de los productores permitirá el incremento del pago en Impuesto a las Ganancias y de tributos provinciales, así como, en un marco institucional de estabilidad, más inversiones tanto en los eslabones aguas arriba como abajo.

POR MANUEL ALVARADO LEDESMA

(*) Economista. Profesor de Agronegocios de la UC

FUENTE: AMBITO