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Si bien el sector del biodiesel viene siendo noticia debido a la acusación de dumping por parte de Estados Unidos, existe otra cuestión igualmente importante que, sin embargo, no se discute tanto. Con esto nos referimos a que los precios locales del biodiesel y el bioetanol son regulados por el Ministerio de Energía. Los precios se fijan teniendo en cuenta principalmente el costo de la materia prima y la mano de obra, incluyéndose también una retribución al capital, como es habitual con cualquier precio regulado.

Lo paradójico es que se regula el precio en una industria que podría funcionar mediante un mercado libre. Generalmente, se regulan precios en actividades donde el mercado no funciona, como en la distribución de gas o electricidad. Por el contrario, en la elaboración de biocombustibles existen múltiples empresas: Cargill, Dreyfus, Vicentín, Molinos y Unitec Bio en biodiesel; y Promaiz, Diaser, Bio Ledesma y Alconoa en bioetanol, entre otras. Además, existe un mercado internacional y no hay barreras a la entrada.

Los defensores de la regulación quizás sostienen que es necesario regular para impedir que las empresas petroleras, que utilizan biocombustibles como insumos para elaborar nafta y gasoil, se «aprovechen» de los productores de biodiesel y bioetanol. Sin embargo, este argumento entra en conflicto con dos hechos: no existen restricciones a la exportación de biocombustibles, de manera que cualquier intento de abuso de las petroleras se vería frustrado si el biodiesel y el bioetanol pueden venderse al exterior; las petroleras están obligadas a utilizar un mínimo de biocombustibles en su proceso productivo, con lo cual la demanda está garantizada, y seguramente crecerá a futuro, en virtud de la preocupación por el medioambiente.

Otra desventaja de mantener la regulación es que se generan condiciones para la cartelización una vez que el mercado se libere. Este riesgo existe en virtud de que los biocombustibles son un producto homogéneo, con pocas posibilidades de diferenciación, y que los productores están acostumbrados a actuar en bloque a través de cámaras, como la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio). En este sentido, debe recordarse el famoso cartel del cemento, sancionado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en 2005, en el que la homogeneidad del producto y la actuación de la cámara del sector como facilitador del intercambio de información entre productores jugaron un papel esencial para el sostenimiento del cartel.

Cuanto antes se desregule el precio de los biocombustibles, mayores serán los beneficios. Para los consumidores, esto se pondrá de manifiesto con los productores de biocombustibles compitiendo para vender a las petroleras, y estas compitiendo para adquirir el bioetanol y el biodiesel que irremediablemente necesitan. Para el Gobierno, esto será evidente al liberarse recursos del Ministerio hoy destinados a la regulación y la administración de cupos. Este monitoreo por parte del Ministerio implica costos de recolección y procesamiento de información, con empresas reguladas que cuentan con ventajas informativas, y donde existen riesgos de captura del regulador. Para la economía en su conjunto, la desregulación es recomendable porque los mercados son la manera más eficiente de asignar recursos, en la medida en que funcionen competitivamente.
En virtud de esto, nuestra economía funcionará mejor cuanto más protagonismo se le otorgue a la CNDC como supervisora de la competencia, y menos a las agencias reguladoras de precios.

POR GUILLERMO SABBIONI

El autor es economista. Managing Partner en EconLogic Consulting.

FUENTE: INFOBAE