El sector azucarero está de parabienes, ya que hoy la presidenta Cristina Kirchner firmará nuevos decretos reglamentarios de la ley 26.093, que prevé incentivos para la producción de bioetanol. La norma, que busca promocionar los biocombustibles, fue promulgada hace más de dos años, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y estableció que, a partir de 2010, las naftas y el gasoil deberán ser cortadas con al menos un 5% de etanol y biodiésel.

El biodiésel se elabora principalmente con base en la soja, mientras que el etanol se produce a partir del maíz, el sorgo o la caña de azúcar. Las nuevas reglamentaciones darán más seguridad al sector azucarero, ya que definirá el precio del producto, los estándares de calidad, las reglas para la presentación de proyectos de plantas industriales y las normas de seguridad de éstas.

Sin embargo, un estudio de la asociación Aacrea (que reúne a medianos y grandes productores) emitido ayer señala que los ingenios requieren inversiones para adaptar la producción. Estas inversiones demandan un plazo de un año y medio y sólo de realizarse a principios del próximo año se llegará a ofrecer etanol al mercado interno en 2010.

Entre los beneficios generales, la ley 26.093 prevé la devolución del IVA a los productores, así como la posibilidad de amortizar las inversiones y no pagar el impuesto a los combustibles líquidos.

El Gobierno busca modificar la matriz energética del país, muy atada al petróleo y al gas, a través de una mayor producción de energía atómica, eólica y de biocombustibles. Según los datos oficiales, la Argentina podría llegar a demandar hacia 2010 unos 600.000 metros cúbicos de biodiésel y 250.000 metros cúbicos de etanol.

En la actualidad, el mayor desarrollo se da en el biodiésel sobre la base de aceites vegetales (soja-girasol), y toda su producción se destina a mercados externos. La producción actual alcanza las 604.000 toneladas de biodiésel al año, y los principales productores son Renova (de Glencore y Vicentín) y Ecofuel (AGD y Bunge). Alrededor de 12 plantas industriales ya cuentan con aprobación para entrar a funcionar el próximo año.

Josefina Giglio

Fuente: La Nación