La caída o estancamiento de la mayor parte de los productos agropecuarios se debe al fracaso del Gobierno por defender la «mesa de los argentinos». Esta consigna, surgida al calor del conflicto por la resolución 125 en 2008, pretende explicar que las restricciones a las exportaciones y las trabas al comercio tienen como objetivo que los alimentos sean baratos en el mercado interno.

A partir de 2005 se establecieron diferentes prohibiciones, desde directas hasta impositivas, que fueron interpretadas por los productores agropecuarios como un tercer riesgo sumado a los dos habituales que habitualmente enfrentan: el climático y el de la volatilidad de los mercados de granos. El tercer riesgo es el político. Hay un ejemplo contundente sobre este factor.

En marzo de 2006, Néstor Kirchner ordenó que no saliera un solo kilogramo de carne del país porque temió que un aumento de los precios de los cortes en las carnicerías afectara el índice del costo de vida. Los ganaderos, que, un año antes, habían invertido en pasturas o en aumentar el número de sus rodeos porque en 2005 el país había logrado exportar el 25% de la carne que producía, vieron que a partir de esa medida y de otras el precio de la hacienda ya tenía un techo impuesto por el Gobierno.

Por ese riesgo político que significaba invertir en ganadería, trigo o leche, que también tuvieron intervenciones y restricciones, muchos productores se volcaron a la soja, el producto sobre el que el Gobierno no fijó restricciones para su comercio como al resto, aunque sí una elevada presión impositiva. En noviembre de 2007, Néstor Kirchner, que temía que su esposa, Cristina Kirchner, tuviera problemas fiscales en su primer mandato, aumentó los derechos de exportación de la soja de 27,5 a 35% cuando el cultivo ya estaba sembrado. Cuatro meses después, la Presidenta, a instancias del entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, que quiso frenar a Guillermo Moreno, impulsó las retenciones móviles, que en rigor capturaban para el Estado cualquier eventual aumento de precio. Los chacareros entendieron que eso destruía la única actividad que parecía tener un horizonte de rentabilidad y por eso se rebelaron.

Como el 95% de la producción de soja tiene como destino el mercado externo -en forma de harina, aceite, biodiésel y poroto-, el Gobierno dejó que el comercio de la oleaginosa siguiera su curso porque también necesitaba los cuantiosos ingresos fiscales que le proporcionaba.

Aun con el 35% de retenciones, la soja tuvo rentabilidad por los muy buenos precios internacionales, sostenidos por la demanda china. Ahora, la presión impositiva y la inflación ponen en rojo los números de la soja en algunos campos que están alejados de los puertos o en esquemas de arrendamientos.

Pero no todos los productores que dejaron de invertir en lechería o trigo se volcaron a la soja. Muchos, como los pequeños tamberos, directamente vendieron sus vacas y cerraron sus establecimientos.

Al final, ni las retenciones elevadas ni las restricciones al comercio sirvieron para que la «mesa de los argentinos» estuviera cuidada, tal como lo comprueba cualquier consumidor. En vano, los dirigentes rurales procuraron explicarle al Gobierno que sin prohibiciones ni trabas el campo podía abastecer al mercado interno y satisfacer la demanda externa. Ahora los productores esperan otras señales.

Por Cristian Mira | LA NACION

Fuente: La Nación