La UE avanzó recientemente en la aprobación de los procesos que deben cumplirse en la elaboración de biocombustibles, en línea con la idea de un desarrollo sostenible. El autor sostiene que los esquemas vigentes abaratan el proceso industrial, pero no necesariamente están en línea con el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.Por Jorge Riaboi.Diplomatico Y Periodista. 

Biocombustibles El Comisario de Energía de la Unión Europea (UE) anunció, semanas atrás, que Bruselas había aceptado reconocer las solicitudes de los siete primeros procesos que dan base a la elaboración de biocombustibles que ingresan a su mercado territorial.

El mecanismo fue creado para verificar la consistencia de esos esquemas con la política de desarrollo sostenible del Viejo Continente, cuyos “standards” se proclaman como los más avanzados del mundo. Esta homologación o reconocimiento se aplica por igual a biocombustibles locales e importados.

Los requisitos para determinar la aceptabilidad de cada esquema de biocombustible fueron concebidos, en esta etapa, con la finalidad de controlar el cumplimiento de varios datos referidos a los procesos y métodos de producción, lo que en estos días supone incluir el transporte, las prácticas de consumo y también los efectos ambientales.

Los tests se orientan a evitar que los biocombustibles provengan de la industrialización de materias primas obtenidas en regiones con altos niveles de biodiversidad o de áreas con gran acumulación de carbono, como bosques y humedales. También a constatar que las emisiones agregadas de todo el proceso sean un 35 por ciento inferiores a las que generan los procesos comparables que se emplean para elaborar combustibles fósiles (petróleo y carbón), una exigencia mínima que irá subiendo gradualmente.

Por todo su perfil, esta puede ser la medida conceptualmente más “verde” que expectoró la UE desde que comenzó el trío de crisis que naciera en el 2007-2008, cuando eclosionaron los grandes desequilibrios energéticos, alimentarios y financieros.

En especial, porque las anteriores decisiones exhibieron una dudosa atención al frente ambientalista. Quienes siguen el tema no ignoran que el apremio por resolver la crisis energética llevó en su momento a que la dirigencia de la UE adoptara soluciones de polémica consistencia con la noción de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria global. Una de esas decisiones fue cancelar el programa regional de tierras ociosas (set-aside), lo que llevó a que la UE ensanchara, en medida no despreciable, el espacio territorial que dedica a la producción intensiva, subsidiada y contaminante de las materias primas agrícolas que son de uso múltiple (alimentación y energía). Muchas de estas descripciones se confirmaron en el debate de la Política Agrícola Común que se viene llevando a cabo para aprobar la que regirá entre el 2014 y el 2020.

El aludido enfoque inicial, que aún persiste, tuvo el efecto de alentar el desarrollo de los biocombustibles elaborados con cereales (como el maíz), los que normalmente suelen abaratar el proceso industrial pero distan de satisfacer el objetivo prioritario de usar los recursos renovables con el propósito de mitigar el proceso de Cambio Climático.

Además, el criterio elegido entonces está entre los que ayudaron a montar el desequilibrio que hoy enloquece el precio internacional de los alimentos, hecho que incentivó la migración al campo energético de más de 100 millones de toneladas de materias primas agrícolas que antes se encaminaban a resolver las necesidades del consumo humano y animal.

El Comisario de Energía de la UE, Günther Oettinger, acaba de poner en contexto el nuevo mecanismo al recordar que, hacia el 2020, el 10 por ciento del transporte de esa región deberá ser movilizado con energías renovables y que, en el 2040, esa participación tendrá que superar el 20 por ciento.

Los comentarios de la UE destacan que los esquemas que empezó a reconocer en materia de biocombustibles tienen que estar encuadrados en un Sistema Nacional que sea compatible con las normas comunitarias, o en un sistema voluntario aprobado por Bruselas. El papel que dice reservarse la autoridad europea es el de constatar que la documentación, los recursos humanos, técnicos y financieros sean aptos para respaldar los requisitos en vigor.

Adicionalmente, las presentaciones tienen que demostrar que el uso de tierras para sustituir un área destinada a producir materias primas alimentarias por una producción orientada a producir materias primas energéticas, debe ser igualmente compatible con el proceso de desarrollo sostenible que concibe la autoridad europea. En los próximos meses la UE se propone detallar los criterios científicos con que habrá de evaluar estos datos.

La información que se distribuyó consigna que los siete procesos aprobados fueron (traducción nuestra) el de Sostenibilidad Internacional y Certificación de Carbón (ISCC en su sigla inglesa); Bonsucro EU; La Mesa Redonda para la Soja Sostenible (RTRS); La Mesa Redonda para Biocombustibles Sostenibles (RSB); el esquema voluntario sobre Biomasas y Biocombustibles Sostenibles (2BSvs); Aseguradora de Bioenergía Sostenible Abengoa ROJA (RBSA); y el programa de verificación de Energía Verde del Bioetanol brasileño. Al formular este anuncio, se anticipó que la UE evalúa actualmente otros veinticinco esquemas similares.

La composición de esquemas aprobados en la primera tanda indica que una parte se originó en propuestas de sectores industriales; otra en grupos de interés vinculados al sector, entre los que se incluye a organizaciones ambientalistas, y uno de origen netamente gubernamental.

FUENTE: DIARIO CLARIN SUPLEMENTO RURAL